Las irregularidades en la contratación de temporeros mediante intermediarios dificultan el control de la COVID-19

En España viven inmigrantes desde hace más de 20 años que a pesar de haber obtenido sus papeles hace tiempo dependen de intermediarios para trabajar en el campo, entre otras cosas porque los agricultores, acuciados en ocasiones por la necesidad inmediata de mano de obra para recolectar –aseguran– prefieren tratar con capataces o manijeros, no directamente con los integrantes de las cuadrillas. “Son personas que en ocasiones siguen sin hablar el idioma y que entran en procesos que implican que otro se lleve una parte de su sueldo, vivir en condiciones de hacinamiento, sin suministros, con problemas de seguridad y sanitarios”, explica Julia Ortega, responsable de Accem en Aragón.

La situación puede empeorar si hablamos de trabajadores sin regularizar. Como muestra, la denuncia del Colectivo de Apoyo al Inmigrante (Acaim) de Albacete sobre los abusos cometidos por algunos de estos intermediarios. Eva María Hernández contesta a las preguntas de elDiario.es en el mismo momento en que, según relata, acompaña a un jornalero sin papeles a la vivienda de uno de los manijeros para exigir cobrar sus jornales pendientes, después de haber pasado más de dos semanas de cuarentena tras haberse contagiado por coronavirus. 

“El intermediario se niega a pagar. Dice que no ha trabajado para él: como no tiene papeles, no existe y no lo podemos demostrar”, sostiene Hernández. Representantes del colectivo han advertido de este caso al subdelegado del Gobierno en Albacete, quien “les instó a presentar una denuncia ante Policía Nacional”, según fuentes de la institución. “Es el pan nuestro de cada día: no tienen papeles, los contratan con la documentación y el nombre de otro y, a veces, hay problemas a la hora de cobrar”, describe. “El jornalero denuncia que le debe 800 euros, es decir, muchísimas horas de trabajo bajo el sol. Está muy preocupado y enfadado. Ha estado tres semanas en cuarentena sin poder trabajar, su familia en Senegal depende de él y está agobiado”, lamenta Hernández.

Las penosas condiciones sociales y laborales entre algunas de las personas que se dedican a recolectar frutas y verduras en España se han puesto especialmente de manifiesto en las campañas agrícolas de este año debido a los brotes de COVID–19 (cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico). Según el último informe del Ministerio de Sanidad, a pesar de que la situación ha mejorado, siguen siendo el segundo grupo de brotes más frecuente (alrededor del 18%), con al menos 30 identificados y casi 500 casos. En los próximos meses se avecinan dos grandes campañas, la vendimia y la aceituna, que han puesto en guardia al Gobierno y las CCAA, que han aprobado un protocolo de actuación, aunque se refiere sobre todo a trabajadores contratados legalmente. En estos casos, los empresarios agrícolas deberán mantener un registro de trabajadores, sus números de contacto, cuadrilla y unidad de alojamiento. También tendrán que garantizar que cualquier persona con síntomas pueda aislarse del resto. La empresa registrará los datos de trabajadores que en los últimos 14 días hayan viajado fuera de la CCAA.   

Las organizaciones de agricultores advierten a sus asociados

Unas actuaciones que mencionan y afectan solo colateralmente a los temporeros en situación irregular, cuyo número se desconoce. Las patronales y organizaciones agrarias, como ASAJA y COAG aseguran que sus asociados contratan de forma generalmente legal a sus trabajadores, y les recuerdan las inspecciones a las que se enfrentan y las multas a quienes no cuidan la legalidad a la hora de organizar el trabajo, una mala praxis minoritaria, pero que perjudica a todo el sector, lamentan.

“Nuestro discurso a los agricultores es que sean muy precavidos a la hora de hacer contrataciones, porque si hay cualquier anomalía la responsabilidad cae sobre ellos”, explican fuentes de COAG, una organización con agricultores y ganaderos con unos 150.000 asociados. Por ello, les informan de que deben verificar si trabajadores que recolectan sus cultivos están dados de alta, si se cumple con la ley de protección de riesgos laborales y con todas las medidas de seguridad y les aconsejan que antes de abonar la factura vean que ha sido pagada la Seguridad Social. Sus propias oficinas territoriales facilitan el contacto entre trabajadores y agricultores y gestionan los contratos. “Recomendamos esta práctica mas que acudir a determinadas empresas de trabajo temporal que se dan de alta pero no cumplen la legalidad”. Sobre los motivos por los que los agricultores utilizan estos métodos, explican que resulta mas sencilla la contratación. “De un día para otro el agricultor a lo mejor ve que necesita a 50 personas porque justamente la fruta está en el momento de la recogida. Es una situación complicada por la premura y la necesidad inmediata”, sobre todo en zonas donde hay mucha necesidad de mano de obra para fruta y hortaliza, como Murcia y Almería. Sí insisten en que no les parece correcto que se generalice: “si hay irregularidades es en personas y empresas con nombres y apellidos concretos, no en todo el sector”, afirman. Y aseguran que existen lobbies internacionales que aprovechan la demonización de la agricultura para perjudicar las exportaciones españolas en favor de las de otros territorios.

Lo cierto es que miles de extranjeros se trasladan detrás de los cultivos en España, y se alojan en condiciones de penosidad, o directamente en la calle. Unas condiciones muy duras que también se han puesto de manifiesto con la muerte del jornalero nicaragüense Eleazar Blandón, que se encontraba en España en situación irregular y que fue abandonado con un golpe de calor a las puertas de un centro de salud en Murcia tras trabajar en doble jornada de mañana y tarde recogiendo fruta a más de 44º sin ningún tipo de protección. Por la muerte de Blandón ha sido detenido un ciudadano que era supuestamente el encargado del grupo de trabajadores. 

Quiénes son los manijeros 

Los citados manijeros o capataces son quienes tradicionalmente en el campo dirigen una cuadrilla y tratan con los dueños o encargados de las plantaciones. Según explica el secretario del Sector Agrario y Manipulado Hortofrutícola de UGT, Emilio Terrón, en este terreno se usan dos fórmulas: o bien los mediadores controlan bolsas de trabajadores y los ofrecen a la empresa matriz dueña de la explotación, o constituyen una empresa de trabajo temporal que es la que hace los trabajos a la matriz. “Una empresa agrícola se constituye muy rápido y cambian de nombre con bastante frecuencia”, asegura Terrón. Los papeles que se entregan en la matriz contienen los nombres de personas que en ocasiones no son las que realmente están trabajando, apunta, lo que además complicaría especialmente su rastreo en caso de brote infeccioso. 

Otra de las prácticas que denuncia son las altas en la Seguridad Social (cuando se registran) por muchos menos días de los que realmente se trabaja, lo que complica el acceso a prestaciones de estos trabajadores. “Si piden que declaren todas las peonadas que hacen el año siguiente no se les contrata, y esto vale tanto para trabajadores españoles como extranjeros”, asegura el responsable de UGT.

“Sabemos de la existencia de figuras de intermediarios informales, no de mediadores, que lejos de ayudar lo que hacen es interponerse y arrogarse como la voz única ante administraciones y empleadores, y que obedecen a un interés económico y de control de las personas”, relata Julia Ortega, que recientemente ha trabajado con los temporeros en Albalate de Cinca (Aragón), donde se confinaron 28 temporeros con COVID. También Ortega coincide con el representante de UGT en que estos trabajadores a menudo “no entran en contacto con sus empleadores, sino a través de intermediarios, que a veces presentan documentación que no se corresponde con la de las personas contratadas”.

Esto se debe a la falta de documentación de algunos de los empleados migrantes, que presentan documentación prestada por otros compañeros de origen subsahariano –o conseguida por los propios intermediarios en algunos casos– para poder trabajar, apunta la vocal del Colectivo de Apoyo al Inmigrante en Albacete, donde una veintena de jornaleros han resultado infectados debido a un brote surgido en la nave donde malvivían cerca de 400 temporeros.

La experiencia de Ortega es que los empresarios prefieren fiarse de estos capataces en lugar de asumir la responsabilidad sobre la cuadrilla. “No hay un control sobre los intermediarios y la documentación que manejan. Estas figuras deben estar bajo lupa de administraciones y autoridades de trabajo”, opina. “Ellos hablan con la ETT o con la gente del campo, que no saben cómo acceder a los temporeros que viven en los asentamientos. De madrugada, una furgoneta se acercaba a la nave donde vivían–cerrada actualmente debido al brote–, le dan a la empresa la supuesta documentación y de noche todos los gatos son pardos”, sostiene Hernández. La miembro de Acaim destaca también el dinero perdido por los temporeros de Albacete que acuden a intermediarios para poder trabajar. “La empresa paga por jornal 65 o 60 euros, y paga la Seguridad Social. Al chico que trabaja le llegan 25 o 30 euros. El resto va para el manijero”, describe.

Un agricultor que prefiere aparecer con su pseudónimo de Twitter, @Tomy_Rohde, explica que muchas de las explotaciones prefiere repetir cuadrillas de trabajo de un año para otro, todo dentro de la legalidad, aunque el encargado de las mismas gane un poco más de dinero porque es el que aporta medios materiales y de intendencia, además de ser el negociador y el encargado de los pagos. Según su relato, el agricultor le paga al manijero según convenio por cada trabajador (el salario mínimo establece para este año 44,99 euros por jornal, aunque en ocasiones puede ser mayor). Pero sí reconoce que en los casos irregulares se sabe que en el posterior reparto de los sueldos entre la cuadrilla, el intermediario se embolsa 10 o 20 euros de cada uno de los trabajadores. Y aunque recuerda que “no se puede meter a todos los trabajadores del campo en el mismo saco”, pide más inspecciones tanto para agricultores como para intermediarios. Al respecto, fuentes del Ministerio aseguran que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene como objeto de la actuación inspectora también a los intermediarios en la relación laboral o capataces que controlan a las cuadrillas, no solo las explotaciones y empresas agrarias. Desde mayo se han abierto investigaciones sobre más de 1.600 casos de posibles irregularidades en explotaciones agrarias.

Diferencias en el sector

El Colectivo de Apoyo al Inmigrante de Albacete también destaca las diferencias. “Hay intermediarios que, dentro de lo malo, cumplen con las condiciones pactadas. Otros hacen chapuzas. Por un lado engañan al agricultor, porque llevan papeles que no corresponden con el trabajador; por otro, engañan a los temporeros migrantes, pagándoles menos de lo que corresponde o incluso negando que han trabajado para ellos”, sostiene Cheikhou Cisse, presidente de la asociación. 

Lamine Diakite, quien actualmente trabaja en el campo onubense a través de una ETT, lleva cerca de una década dedicado a la recolección de naranjas en Huelva. Cuando empezó a trabajar como temporero, no tenía papeles. Según señala, en su caso no necesitó la figura de un intermediario independiente, sino que acudía a la cooperativa de agricultores o a las oficinas de las ETT para apuntarse como temporero, con documentación prestada por algunos de sus compañeros en el precario asentamiento en el que vivió durante dos años. 

El temporero no achaca malas prácticas a estas empresas de trabajo temporal, aunque reconoce que en Lepe “todo el mundo se aprovecha” de la situación de vulnerabilidad padecida por quienes no tienen papeles. “Por eso pedimos que den papeles a todos los jornaleros. En beneficio de todos: de las empresas; de nosotros; y del Gobierno, porque cotizaremos”.