“Os vamos a matar, ojalá os quemen a todas vivas”: las amenazas constantes que sufren las trabajadoras del 016

Las trabajadoras del 016 —el servicio de información y asesoramiento jurídico sobre la violencia de género que depende del Ministerio de Igualdad— llevan años sufriendo llamadas machistas y amenazantes por parte de hombres. “Os vamos a matar”, “ojalá que te violen” o “¿quién os va a proteger si Vox gana?”. Algunas trabajadoras dicen que reciben una cada dos o tres días, otras que es a diario: “Lo hemos normalizado, pero esto es una mierda y no podemos más”.

Para esas trabajadoras es psicológicamente desagradable y agotador recibir insultos y amenazas prácticamente todos los días, pero ahora se suma un miedo real sobre su seguridad física. El nuevo contrato para el servicio incluye que la ubicación concreta desde la que atienden esas llamadas.

El servicio se adjudica cada cuatro años mediante concurso público a una empresa externa a través del Ministerio de Igualdad. Uno de los cambios entre el anterior contrato y el nuevo, que se ha adjudicado el 13 de noviembre de 2025, es que se ha hecho pública la sede del edificio, lo cual ha generado una mezcla de miedo, inquietud y perplejidad entre las trabajadoras. Seis de ellas han aceptado hablar con elDiario.es con la condición de mantener su anonimato, por lo que todos los nombres de los testimonios son ficticios.

“Eres una zorra”, “ojalá te apuñalen cuando salgas de trabajar”, “os vamos a matar”, “ojalá que te violen”, “ojalá os quemen a todas vivas”, son los insultos y amenazas más violentos que pueden llegar a recibir. El actual pliego de prescripciones técnicas, que regula cómo debe funcionar el servicio, incluye en su protocolo de gestión de las llamadas una derivación para aquellas consideradas “maliciosas”. La solución descrita en el contrato consiste en desviar la llamada “a una grabadora convenientemente configurada y cuya locución avisará al llamante de que, por el contenido de su mensaje, el número de teléfono y su llamada están siendo registrados”, de acuerdo con lo que dispone el Reglamento europeo sobre protección de datos. Sin embargo, en este punto finaliza la protección a las trabajadoras, según explican seis de ellas.

“Las llamadas maliciosas, si son amenazantes, se tienen que tipificar como tales, pero no hay ningún protocolo de seguridad por parte de la empresa”, afirma Irene. Para ella se trata de algo muy desagradable pero no muy preocupante. La cuestión es que el 5 de marzo de 2026 empieza el nuevo contrato, que incluye el traslado a un edificio de Madrid, cuya dirección es pública. “El problema es que ahora ese idiota [que nos amenaza] va a saber dónde estoy”, reconoce. “Lo hemos hablado con nuestra jefa, pero no está dispuesta a absolutamente nada”, lamenta Paula. Se refiere a las responsables de Atenzia (Servicios de Teleasistencia, S.A.), la empresa adjudicataria tanto del contrato en vigor como del que se inicia el 5 de marzo. “Este cambio puede ser un punto de inflexión”, añade la afectada.

El servicio del 016 está estructurado en dos departamentos especializados: uno de información general y otro de asesoramiento jurídico. Cuando dé comienzo el próximo contrato, el primero se dividirá en dos: información general y atención psicosocial.

El servicio de información general funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Las trabajadoras de esta área facilitan atención e información personalizada, adaptada a las circunstancias de cada mujer. A partir del contenido de su consulta, es informada sobre sus derechos, prestaciones, ayudas y recursos a los que puede acceder en caso de ser víctima de las diferentes formas de violencia de género, también a sus hijos e hijas. El asesoramiento incluye información sobre el lugar de prestación de los derechos, servicios de emergencia y asistencia, atención, acogida, apoyo, recuperación integral, etc. Además, esta área también atiende las llamadas puntuales que “por razones de emergencia” y por la situación de violencia contra las mujeres referida requiera “una atención psicosocial inmediata”.

En cuanto al servicio jurídico, funciona todos los días del año, de ocho de la mañana a diez de la noche. Atiende las llamadas que necesitan asesoramiento en materia de asistencia sanitaria (en particular, en casos de agresiones y delitos contra la libertad sexual); penal (derecho a denunciar, tipo de delito, posibilidad de pedir medidas cautelares, orden de protección, etc.); civil (separación y divorcio, conflictos familiares, custodia, pensión, etc.); laboral; medidas integrales de atención y asistencia a las víctimas de delitos y extranjería (residencia en España, inmigración, asilo), así como en materia de protección de datos personales. El nuevo contrato, que empieza el 5 de marzo de 2026, ha sido adjudicado por 2,3 millones de euros a Servicios de Teleasistencia. S.A., sociedad que opera bajo la marca de Atenzia.

“Hemos normalizado las amenazas”

Las trabajadoras consultadas lamentan que no hay respuesta institucional ante los insultos y las amenazas. Según su versión, ni por parte de la empresa, ni por parte del Ministerio de Igualdad. Ante una llamada de este tipo, afirma Lucía, se activa una locución que afirma que se recogen los datos, pero que solo se trata de una “medida disuasoria”. “Ni el Ministerio ni la empresa ponen denuncias ni investigan nada”, asegura. “Prácticamente todos los días que trabajo [recibo amenazas]”, responde. En una de las últimas que recuerda hubo un hombre llamando y amenazando durante todo el día. La mayor parte de las empleadas consultadas aseguran que se trata mayoritariamente de hombres de entre 40 y 60 años.

Julia, otra empleada del servicio, cree que son hombres que creen que no tienen los mismos derechos que las mujeres u hombres cuyas parejas son víctima de violencia de género. “Y se creen con el derecho de llamar al teléfono y amenazarnos también”, explica. En una de esas llamadas, recibe el siguiente mensaje: “El día que me cabree os vais a enterar”. Aunque supone una carga psicológica y emocional evidente, hasta ahora no sentía miedo real porque alguien fuera a ejecutar sus amenazas. La ubicación del edificio no es pública. “Da miedo que todo el mundo sepa dónde trabajas”, reconoce. “Lo hemos normalizado, pero esto es una mierda y no podemos más”, afirma Vero, otra de sus compañeras.

En el actual contexto de legitimación del discurso de odio promovido por partidos y movimientos ultraderechistas en todo el mundo, reciben mensajes explícitos sobre la presunta desprotección que sufrirían si Vox llegara a gobernar. “¿Quién os va a proteger si Vox gana?”, les preguntan.

“No todos los días, pero cada dos o tres, sí”, explica Teresa, otra de las afectadas. “La inquietud principal no es tanto la amenaza en sí, sino que se haga pública la ubicación del edificio”, reconoce. Esta trabajadora, como el resto de sus compañeras entrevistadas, asegura que ahora mismo no hay posibilidad real de ejecutar las amenazas, pero si finalmente el 016 se traslada a Alcorcón, la situación podría cambiar. Ella, como otras empleadas del servicio público, lamentan que su opinión no importe. “Lo hemos comentado de manera más informal con nuestras jefas, pero no nos han preguntado qué nos parece”, atestigua y añade que en el pliego de condiciones del servicio, ya adjudicado, tampoco figuran recursos económicos específicos destinados a garantizar la seguridad.

Consideran, además, que el motivo principal por el cual no se pueden comunicar directamente con el Ministerio de Igualdad es porque las responsables de la empresa que gestiona el 016 no están a favor. Por esta razón, afirman no estar seguras de que el Ministerio esté al tanto de la situación, y temen posibles represalias de la empresa adjudicataria —en forma de despedidos— por hablar con este diario.

“Desconozco si va a haber seguridad, pero aunque la hubiera, el personal no te va a acompañar hasta el metro”, señala Julia. Durante las vacaciones es cuando hay “muchos repuntes de llamadas”, tanto por parte de mujeres que narran diferentes episodios de violencia hacia ellas, como de los propios hombres amenazando e insultando a las trabajadoras. También reciben más llamadas de este tipo coincidiendo con determinados momentos políticos, como cuando se aprobó la ley integral contra la violencia de género, más conocida como “ley del solo sí es sí”, o la ley trans.

“Un día entró un señor en el edificio”

Algunas de las trabajadoras recuerdan un episodio concreto: cuando un hombre entró en el edificio en el que trabajan actualmente. Subió hasta la primera planta, donde ellas trabajaban: “Entró un señor hasta la planta uno, intentó abrir la puerta y nos acojonamos”, afirma.

Las trabajadoras consultadas por este hecho, atestiguan que este hombre pudo encontrar la puerta entreabierta, o alguien la abrió pensando que se trataba de un trabajador de la empresa. En el edificio hay otro servicio, de atención a personas mayores, que nada tiene que ver con el 016. Según el testimonio de las empleadas preguntadas, cuando informaron a sus superiores, la respuesta que recibieron es que se encerraran con llave. Lo que pedían, en cambio, era poder teletrabajar. “La solución que nos dieron fue subir a la tercera planta a trabajar con los de teleasistencia”, indica Paula. “Pedimos volver a casa —como durante la pandemia— o seguridad, y seguridad dijeron que no iban a poner, por lo que basándonos en lo que hemos vivido, no pensamos que vaya a haber seguridad en el nuevo edificio”.

A este hecho se suma que, aunque el 016 cuenta con servicio de atención psicológica, no se produce con la continuidad que necesitan, ni tampoco de forma individualizada, según su versión. “A veces se hacen dinámicas grupales muy puntuales pero no me aporta nada en relación con mi bienestar. Mi psicóloga me la pago yo”, afirma Lucía y añade que necesitan una atención “más continua e individual”. “No entran en detalles: cómo te afectan las llamadas, si estás agobiada o sobrecargada emocionalmente”, lamenta.

En estas sesiones, en las que se abordan aspectos como el burnout, Paula asegura que hay “falta de directrices claras”. “En una jornada te puede decir que alargues las llamadas y en la siguiente que tienes que acortar”, detalla. “No hay seguimiento real porque después no vuelven a preguntarte cómo estás”, asegura Julia. Es decir, entre una y otra sesión, no preguntan a las trabajadoras sobre cómo se sienten debido al peso emocional que soportan por su trabajo. “No es un espacio personal”, apunta Teresa, que explica que en cada sesión se escoge un tema pero que se trata de una atención teórica y general.

Finalmente, piden que su opinión sea tenida en cuenta cuando se toman decisiones que puedan afectar a su bienestar, como ocurre con el traslado a Alcorcón a partir de marzo, un cambio que fue redactado en los pliegos, pero que no tuvo consenso. “Uno de los aspectos que más me quema de mi trabajo es que no cuenten con nosotras para participar en la toma de las decisiones”, concluye una de ellas y añade que se trata de un problema “estructural”, no “puntual”.

El Ministerio minimiza las amenazas

elDiario.es ha consultado al Ministerio de Igualdad sobre por qué razón se hacía pública la ubicación del edificio donde se prestará el servicio, y si existía algún informe o fundamentación técnica que respaldara esta decisión. Fuentes del Ministerio se limitan a responder que durante el desarrollo del nuevo contrato “se prevé que la prestación del servicio se traslade al Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Machista situado en Alcorcón”. Las mismas fuentes detallan que este contrato entrará en funcionamiento próximamente, y que las instalaciones serán responsabilidad y gestión del Ministerio. “Por tanto, se dejará de prestar en edificios privados de la empresa adjudicataria”, indican.

El Ministerio no aclara si ha informado o consultado a las trabajadoras del 016 sobre la decisión, y sus posibles implicaciones en materia de seguridad, y responde que “garantizará que la prestación del servicio se realice en las mejores condiciones para el personal, al mismo tiempo que se desarrollarán al máximo los recursos públicos”.

Sobre si se van a aplicar medidas de seguridad a partir de marzo de 2026, tanto en el edificio como en su entorno, debido a las amenazas que sufren a través de las llamadas, el Ministerio asegura que en 2025 esas llamadas “representaron un 0,14% del total”. “Las llamadas de contenido malicioso y/o toda comunicación de contenido inapropiado se gestiona según el protocolo habilitado a su efecto: se procede a derivar la llamada a una locución que informa sobre las actuaciones legales derivadas del uso indebido del servicio”, afirma. “En caso de producirse una situación grave, se establecería comunicación urgente con la DGVG (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género) para acordar las medidas necesarias a tomar según el caso”, responden.

Este diario también ha consultado si existen mecanismos que garanticen que las trabajadoras puedan expresar sus preocupaciones sobre su seguridad y condiciones laborales, sin temor a sufrir represalias laborales —incluido el despido—. El Ministerio responde que se contemplan “reuniones de seguimiento individuales y grupales con cada miembro del equipo”. “En estas sesiones se abordan cuestiones de índole profesional y personal relacionadas con el servicio para la mejora del mismo y el bienestar del equipo”, apuntan. Además, indican que la comunicación anónima con el personal responsable del servicio, con el personal directivo de la empresa adjudicataria e incluso con la DGVG “siempre es posible”.

Por último, sobre el servicio de atención psicológica de las trabajadoras, el Ministerio explica que se realizan sesiones individuales y grupales para garantizar el bienestar emocional de las trabajadoras. Estas sesiones “tienen una periodicidad mensual y trimestral que se va adaptando en función de las necesidades del servicio y de las propias trabajadoras”. Así, afirman que la responsable de formación, calidad y supervisión psicológica dispone de un teléfono accesible para todas las trabajadoras en el que pueden contactar con ella para tratar cualquier situación que consideren necesaria “de manera urgente y ordinaria, de forma telefónica o presencial”. Finalmente, no consideran necesario “reforzar o modificar el servicio, pues no se han constatado quejas oficiales sobre el mismo hasta la fecha”.

Este diario ha enviado siete preguntas a Atenzia, la empresa adjudicataria, que ha declinado comentar nada. En su defecto, han remitido a enviar cualquier consulta relacionada con el servicio del 016 a un correo electrónico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.