Solo el 7,6% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza reciben la renta mínima para la inserción
Cada vez menos ciudadanos que se encuentran bajo el umbral de la pobreza reciben una Renta Mínima de Inserción en España. En 2018, según datos del Ministerio de Sanidad, fueron solo el 7,6%. En 2015, cuando se alcanzó el nivel más alto, la recibieron el 8,7%. Las Rentas Mínimas de Inserción son prestaciones dirigidas a personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas que van acompañadas de un proceso de intervención social. Están gestionadas por las comunidades autónomas.
El porcentaje además encubre diferencias territoriales “extremas”, denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que ha hecho público un informe sobre estos datos. A la cabeza en positivo, en el País Vasco la tasa de personas que la reciben llega al 71,2% de la población en riesgo de pobreza, en Navarra el 66,7% y en Asturias el 33,5%. Del resto, solo cinco comunidades están entre el 10 y el 20%: Baleares, Aragón, Cantabria, Madrid y Catalunya. Por la cola, Castilla-La Mancha está en el 1,6% y Andalucía en el 1,8%.
Las cuantías de las Rentas también son “extremadamente” bajas. La media de la prestación en todo el Estado es de 4.510 euros anuales, el 13,7% de la renta media por hogar en el total del país –en todos, no solo en los que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza–. “En los últimos ocho años apenas ha sufrido variación”, indican también desde Directores y Gerentes.
Las cifras concretas que reciben los usuarios implican también desigualdades: en este aspecto destaca Extremadura, donde las prestaciones equivalen al 32,5% de la renta media por hogar dentro de la comunidad y le sigue Catalunya, con un 22,6% y Cantabria con un 18,3%. Nueve comunidades están por debajo de la media, lo que equivaldría a ese 13,7%: Canarias (13,3%), La Rioja (13%), Galicia (12,1%), Madrid (12,1%), Andalucía (10,5%), Murcia (9,7%), Castilla La-Mancha (9,4%), Comunitat Valenciana (8,4%) y Baleares (5,7%).
“Debería haber sido motivo de un pacto”
“Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas”, sostienen desde la Asociación. Recuerdan la necesidad de que la garantía de los ingresos se articule “a nivel estatal” para evitar esas “extremas desigualdades que se evidencian en función del lugar de residencia”.
“Casi todos los Partidos parlamentarios llevaban en sus programas este compromiso, si bien con notables diferencias”, escriben sobre la convocatoria de elecciones. Para ellos, a pesar de la dificultad de lograr un acuerdo, esto “debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto. Pero no ha sido así”. Apelan a la “conciencia” de los dirigentes, dicen, “de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las Comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto”.
