La UE convierte a YouTube en juez: obliga a las plataformas a “censurar” a los usuarios
El Consejo Europeo aprobó este martes la renovación de la directiva de servicios de comunicación audiovisual. Se trata del paso final para la entrada en vigor del texto, que recibió el visto bueno del Parlamento Europeo a finales de octubre y saldrá publicado en el Boletín Oficial de la Unión los próximos días, a partir de lo cual los Estados miembros tendrán 21 meses de plazo para transponerlo a sus legislaciones nacionales.
La UE espera que el nuevo texto permita que “la televisión tradicional y servicios nuevos como la programación a la carta” compitan “en igualdad de condiciones”. Ahora estas plataformas, como Netflix, tendrán que incluir hasta un 30% de contenido europeo en sus catálogos.
En un comunicado, la UE añade que “por primera vez las plataformas de distribución de vídeos estarán sometidas a normas que garanticen una mejor protección para el público, y en especial para los menores, frente a contenidos violentos o nocivos o discursos de incitación al odio”.
Este último punto ha alertado a juristas y organizaciones que velan por la defensa de los derechos fundamentales en Internet. Denuncian que la norma convierte a las empresas privadas que gestionan plataformas digitales como YouTube en los encargados de dirimir cuestiones sobre el discurso de los usuarios que, hasta ahora, eran competencia exclusiva de la justicia.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información (PDLI), a la que pertenece este medio, avisa que es un medio para “privatizar la censura”. Joan Barata, jurista de la organización y profesor de la Universidad de Standford, avisa que la directiva “creará los incentivos para una sobrerregulación del discurso, ejecutada de manera privada y sólidamente apoyada por el Estado”.
Como ha analizado Barata para el Centro para Internet y la Sociedad de la citada universidad estadounidense, las nuevas normas “introducirán cambios dramáticos en la forma en que los contenidos audiovisuales son regulados y monitorizados. Los intermediarios digitales privados desarrollarán, interpretarán y harán valer (en una palabra, regularán) reglas que afectan a elementos básicos del derecho a la libertad de expresión”.
El jurista experto en derechos digitales Borja Adsuara se ha posicionado en el mismo sentido este jueves. “A partir de ahora, además del control de los jueces (lo que corresponde, en virtud de la tutela judicial efectiva de un derecho fundamental como la libertad de expresión), estarán sometidos al control de una autoridad administrativa, que es lo más parecido que hay a la censura”, ha escrito.
Las principales plataformas que permiten a los usuarios publicar contenidos ya tienen sus propios filtros para evitar que el discurso del odio o violento permanezca en línea. La nueva directiva respaldará de forma oficial esta labor, estableciendo una diferencia sutil pero clave: cuando una plataforma como Facebook censura un comentario de un usuario en base a sus términos y condiciones, hace valer un contrato privado que el ciudadano se ha comprometido a respetar.
Con las nuevas normas, la UE eleva a las plataformas a la categoría de primer intérprete de la ley. “En un caso estamos ante una dinámica contractual y el en otro ante el ejercicio privado de funciones públicas que de otro modo estarían sujetas a las garantías del Estado de Derecho frente a decisiones de los poderes públicos”, explica Barata.
Privatización de los derechos digitales
Los expertos coinciden en desmentir el posicionamiento de las instituciones comunitarias sobre cómo las nuevas normas mejorarán la protección de los usuarios. Al contrario, señalan que los ciudadanos ya estaban protegidos con los códigos legislativos nacionales (en España, el discurso del odio está regulado en el artículo 510 del Código Penal), por lo que esta nueva regulación otorga un poder a las plataformas digitales en la gestión de derechos que no les corresponde.
Una reclamación parecida entroncó las críticas sobre la directiva de copyright que se negocia en la UE. En esta normativa, Bruselas quiere institucionalizar que sean las plataformas las encargadas de decidir si un contenido subido por un usuario viola los derechos de autor. Hasta ahora, esta labor correspondía también a los jueces, que debían decidir sobre los contenidos previa reclamación de las entidades de gestión de los derechos de autor.
De momento, el Parlamento Europeo también ha dado el visto bueno a esta nueva regulación del copyright. No obstante, en este caso el texto aún debe ser sometido a una nueva votación, que podría tener lugar a principios de 2019.
