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Secretos, mentiras y cintas de audio

Fotograma de la película 'Sexo, mentiras y cintas de video'

José Antonio Martín Pallín

Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra.) Abogado de Lifeabogados —

Muchos lectores habrán adivinado que el título de este artículo guarda muchas semejanzas con el de una película de éxito que conquistó la Palma de Oro en Cannes: Sexo, mentiras y cintas de video. En estos últimos días, han caído sobre las agitadas aguas de nuestra vida política los contenidos de las cintas que, según los que aseguran estar bien informados, grabó el Comisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Su contenido revela actuaciones del Rey Emérito Juan Carlos I, que, en el caso de confirmarse con pruebas más sólidas, nos enfrentaría a la comisión de hechos de indudable trascendencia delictiva.

La relevancia del protagonista y los métodos que al parecer se utilizaron, eleva la categoría de las revelaciones a niveles de grave conflicto político, que no siendo exclusivo de la monarquía parlamentaria española, no puede sustraerse al conocimiento de los ciudadanos sin grave quebranto de los fundamentos del sistema democrático, basado en la soberanía popular y la igualdad de todos ante la ley, como solemnemente proclamó el Rey Emérito en un discurso institucional.

Volviendo al título de la película, olvidémonos del sexo, que ningún interés o trascendencia puede tener en este caso y sobre el que nadie está autorizado para inmiscuirse o fisgonear entrometiéndose en la intimidad ajena. En todo caso, no se puede discutir la relevancia de las posibles mentiras, pero es incuestionable que la injustificada barrera del secreto alimenta la sospecha generalizada, acrecentada por la utilización de inconsistentes argumentos de descargo y justificación.

El protocolo de la opacidad, que parece consustancial a nuestros malos hábitos democráticos, ha funcionado de la misma manera que hace cuarenta años. Para afrontar la delicada cuestión se ha puesto en marcha una ley de 1968 que se remite a la Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional y que los sucesivos Gobiernos han sido incapaces de actualizar con parámetros de transparencia y publicidad propios de un sistema democrático.

Como es lógico, nada sabemos del transcurso de sus sesiones y de las respuestas del Director del Centro Nacional de Inteligencia. Parece que para algunos grupos parlamentarios las explicaciones han sido satisfactorias y para otros han incrementado las sospechas. Las afirmaciones o negaciones que hayan podido producirse, pueden encuadrarse dentro del régimen de funcionamiento de una Comisión Parlamentaria de tan especiales y excepcionales características. Ahora bien, la reacción del sistema no puede contentarse con el funcionamiento formulario del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Según ha trascendido, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción número 6, van a extender la investigación del caso conocido como Tándem, a extremos relacionados con las comprometedoras cintas de audio. Lo único cierto es que el pasado jueves 26 de julio, el Comisario Villarejo compareció ante el juez y declaró sobre asuntos relacionados directamente con el caso objeto de la investigación. Al parecer se le preguntó por el contenido de las cintas grabadas a Corinna y la respuesta, no contrastada, fue la de relacionarla con un encargo o asunto de Estado. Dejemos que la investigación judicial profundice en el vidrioso contenido de las cintas y esperemos a que, en su momento, podamos saber si se trata de una burda manipulación, es decir, una mentira, o si el secreto cubre una realidad delictiva que afecta a la Jefatura del Estado. El Presidente del Gobierno ha reaccionado con prontitud, manifestado rotundamente que no admitirá un chantaje al Estado.

El chantaje es una amenaza, procedente, en este caso, de una persona que manifiesta ante el juez que actuó por razones de Estado, que trata de intimidar a las instituciones del Estado, advirtiéndolas de que, si no se pliegan a sus condiciones, tiene en sus manos revelar datos secretos que pueden comprometer la estabilidad y el funcionamiento normal del sistema democrático. En este caso, de momento, no sabemos qué grado de fuerza desestabilizadora pueden tener las declaraciones del Comisario Villarejo sobre los negocios del Rey Emérito que relata Corinna en sus respuestas a las preguntas directas del Comisario. ¿Se puede admitir con normalidad que un Estado democrático puede verse afectado por el conocimiento de hechos de carácter delictivo en el caso de que sean ciertos?

El chantaje exige, para su hipotética efectividad, que los hechos que se amenaza con desvelar sean ciertos. En el caso de que se trate de mentiras o manipulaciones de la verdad nos encontramos ante una burda difamación. El tratamiento contra la difamación está ya muy experimentado, las recetas son muy eficaces. Se puede perseguir penalmente con los delitos de acusación y denuncia falsa o querellándose por injurias y calumnias. También se ha contrastado la eficacia terapéutica de una reclamación millonaria por la vía del proceso civil. El mantenimiento a ultranza del manto del secreto es un síntoma inequívoco de la verdad que se intenta ocultar.

¿Verdades o mentiras? ¿Existen y son auténticas las cintas de audio?  El secreto alimenta las sospechas. Solo la transparencia y la publicidad pueden desechar las dudas y las suspicacias. El método tradicional, al que ya estamos acostumbrados, es dejar que el transcurso del tiempo, sin una respuesta fiable a las gravísimas acusaciones que hemos escuchado, diluya el ineludible deber de facilitar una respuesta veraz o simplemente verosímil a los ciudadanos. Es cierto que el tiempo cura las heridas pero las cicatrices son indelebles y permanentes. ¿Hasta cuándo podremos aguantar el secreto? La experiencia nos dice que todo pasa y casi nada queda.

En la película que da entrada a este artículo se demuestra, por el contenido de las cintas de video, que los protagonistas estaban inmersos en una burbuja ficticia dentro de la que se desarrollaba una verdadera farsa. No podemos correr el riesgo de convertir unos acontecimientos de innegable impacto sobre la democracia en una banalidad que solo interesa a las revistas del corazón. En aras de la salubridad pública es necesario que alguien rompa la pompa de la burbuja.

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