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La necesaria resiliencia de las instituciones públicas frente al discurso del odio

El furor xenófobo se centra sobre los denominados MENAS, que representan el eslabón más débil del fenómeno migratorio en cuanto menores, extranjeros, pobres y desamparados

Basta un repaso a la cuenta de Twitter @Vox_es para constatar esta tendencia a la criminalización del colectivo

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas

Menores extranjeros no acompañados (MENAS) en Melilla

Menores extranjeros no acompañados (MENAS) en Melilla Fuente: Pedro Armestre / Save the Children

El 18 de junio de 2019, el Secretario General de la ONU afirmó que "tanto en las democracias liberales como en los regímenes autoritarios, algunos líderes políticos están incorporando al lenguaje habitual las ideas que alimentan el odio, normalizándolas, endureciendo el discurso público y debilitando el tejido social", en un discurso en que advertía: "Vemos en todo el mundo una oleada de xenofobia, racismo, intolerancia, misoginia violenta, antisemitismo y odio anti musulmán".

A nadie se le escapa que España no es una excepción en esta tendencia de normalización del discurso del odio. Y como quiera que, como decían Max Horkheimer y Theodor Adorno en 'La dialéctica de la ilustración' (publicada en 1944), "el furor se desahoga sobre quien aparece como indefenso", comprobamos que este furor xenófobo se centra sobre los denominados MENAS o menores extranjeros no acompañados, que representan el eslabón más débil del fenómeno migratorio en cuanto menores, extranjeros, pobres y desamparados.

Basta un repaso a la cuenta de Twitter @Vox_es para constatar esta tendencia a la criminalización del colectivo. Así, a título de ejemplo, a lo largo de un solo día, el 9 de septiembre de 2019, en una publicación se relacionaba, sin aportar base fáctica alguna, el aumento de los robos con violencia con la llegada de menores inmigrantes y, seguidamente, en otra publicación, se afirmaba: "Los datos no mienten. El 50% de los menas que llegan a España lo hacen mintiendo en su edad para aprovecharse de las ayudas económicas que se entregan por parte del Estado".

Afirmaciones mendaces y trapaceras, según los datos ofrecidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019. En las diligencias preprocesales de determinación de la edad han prevalecido los resultados de mayoría de solo en Málaga (69,45%) y Granada (66.84%). Por el contrario, en Girona (94,1%); Murcia (90,66 %); Barcelona (83,16%); Madrid (73,3%); Ceuta (71,23%) y en Las Palmas (62,15%) se ha impuesto el resultado de minoría de edad. Muy equilibrados han sido los resultados en Almería (50,08%) y en Cádiz (52,67%), en cuanto a los decretos dictados de minoría de edad.

Tampoco el argumento del aumento de los delitos patrimoniales cometidos por menores se sustenta. Señala la Memoria que, en bloque, el incremento de la criminalidad de menores de edad apreciado en la memoria precedente no se consolida, sino que se estanca. Las cifras de robos con fuerza y robos con violencia siguen la línea de leves descensos de los últimos años. También descienden los hurtos.

El lector tendrá su opinión sobre si con ese discurso constantemente repetido contra los menas se cumplen o no los criterios fijados por la Recomendación nº 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia para calificarlo como delictivo o no: (a) el contexto en el que se utiliza el discurso de odio en cuestión (especialmente si ya existen tensiones graves relacionadas con este discurso en la sociedad); (b) la capacidad que tiene la persona que emplea el discurso de odio para ejercer influencia sobre los demás (con motivo de ser por ejemplo un líder político, religioso o de una comunidad); (c) la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado (si es provocativo y directo, si utiliza información engañosa, difusión de estereotipos negativos y estigmatización, o si es capaz por otros medios de incitar a la comisión de actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación); (d) el contexto de los comentarios específicos (si son un hecho aislado o reiterado, o si se puede considerar que se equilibra con otras expresiones pronunciadas por la misma persona o por otras, especialmente durante el debate); (e) el medio utilizado (si puede o no provocar una respuesta inmediata de la audiencia como en un acto público en directo); y (f) la naturaleza de la audiencia (si tiene o no los medios para o si es propensa o susceptible de mezclarse en actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación).

En cualquier caso, lo que debe llevarnos a reflexión es la falta de acción de las instituciones públicas ante estos mensajes. La resiliencia de las instituciones públicas frente al discurso del odio es un imperativo constitucional, pues no en vano dispone el art. 9.2 CE que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y a tal efecto existe un Convenio marco de cooperación contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia suscrito el 21 de septiembre de 2015 entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Centro de Estudios Jurídicos. Al mismo se adhirieron posteriormente la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y el Consejo Superior de Deportes.

Debe el Ministerio Fiscal participar activamente en la resiliencia frente a la intolerancia. Cierto es que no todas las expresiones del discurso del odio son constitutivas de delito. Pero cierto es también que la lucha contra el discurso del odio no sólo es penal, también y más importante es la información y la formación, correspondiendo al Ministerio Fiscal según su estatuto la obligación de informar a la opinión pública. Así, la constante atribución indiscriminada de comisión de delitos a un colectivo determinado, en este caso los menas, debiera tener su adecuada respuesta por parte de las instituciones para, con datos objetivos, mostrar la falacia de sus argumentos.

Como afirmara en enero de este año Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, "debemos contrarrestar la hostilidad y la tendencia a señalar a un chivo expiatorio que están cada vez más ancladas en el panorama político y que nunca se pueden justificar, porque impulsan la violencia, hieren y humillan a las personas, dañan a la sociedad, destruyendo nuestro sentido de una comunidad comprometida en la búsqueda de soluciones para el mayor bienestar de todos".

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