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Madrid, capital de Catalunya

Iceta no quiso ser ministro pero acepta ser presidente del Senado, Arrimadas da Catalunya por amortizada y ERC confía en que el pragmatismo le siga dando votos

Iceta traslada a Arrimadas el rechazo del PSC a moción censura a Puigdemont

EFE

Miquel Iceta pudo ser ministro en el primer gobierno de Pedro Sánchez pero declinó la propuesta porque consideró que su lugar estaba en Catalunya y en un Parlament cada vez más denostado. Inés Arrimadas no supo ejercer de líder de la oposición porque no capitalizó el gran apoyo recibido en las elecciones autonómicas. Prefirió contribuir a la confrontación en vez de ayudar a la pacificación. El resultado obtenido en las últimas generales, en las que Ciudadanos se ha limitado a mantener los cinco escaños que ya tenía, prueba que los catalanes quieren hablar de soluciones, cansados ya de dar vueltas a los problemas. Arrimadas se pasó media campaña fuera, priorizó las fotos polémicas a las propuestas, y se va sin que los que se quedan sepan quién va a sucederla como cabeza de lista.

Los movimientos de Iceta, Arrimadas y la nueva estrategia de una parte del secesionismo confirman que tras el 28A el epicentro de la política catalana se traslada a Madrid. Si Pedro Sánchez sigue aún en la Moncloa es porque los independentistas han actuado como muro de contención de la derecha. El líder del PSOE puede caer en la tentación de hacer ver que no están y habrá quien le aconseje obviar su presencia, pero –sin ánimo de aguarle la fiesta– que sepa que siguen ahí. Ellos y sus votantes.

El Supremo no tiene intención de permitir a los políticos presos que han sido elegidos en estas generales que puedan ejercer sus derechos como diputados. Tampoco tiene previsto solicitar un suplicatorio al Congreso con el argumento de que ya están siendo procesados. Podrán recoger el acta (no pueden impedírselo) y tal vez asistir a la sesión constitutiva de las Cortes. Con un poco de suerte o de magnanimidad mal entendida les permitan estar en la sesión de investidura. Pero poco más, aunque sean cargos electos que no han sido inhabilitados.

Ser juzgado no es sinónimo de estar condenado, algo que en España hay que subrayar porque no todo el mundo parece tenerlo claro. Incluso aún en todos esos escenarios en los que se entremezclan los intereses de los presos, los del Supremo y los del Congreso, y aunque el poder judicial acabe modificando –de forma cuestionable– representaciones parlamentarias, el independentismo, sea el más conciliador o el menos dialogante, seguirá siendo un actor político.

El intento de la Junta Electoral Central de apartar de manera chapucera a Carles Puigdemont de las elecciones europeas es solo un síntoma más de la inseguridad con la que algunos organismos afrontan un conflicto que solo puede tener una salida política. Ni el 155 ni los años de cárcel lo son.

Si Sánchez es valiente afrontará el conflicto de cara. Si no es así, contribuirá a cronificarlo. Del mismo modo que los partidos independentistas deberán actuar con una inteligencia que a menudo ha faltado y con una visión de Catalunya que no se limite a su burbuja amarilla. ERC ya ha empezado a entenderlo (o al menos eso parece). Ahora solo falta que lo asuman el resto de fuerzas secesionistas.

Igual ha llegado la hora de recuperar alguno de los documentos que acumulan polvo en los despachos socialistas y explorar una solución al mal llamado problema catalán. El resumen de todos ellos es la Declaración de Granada. Ahí, hace seis años, el PSOE empezó a acertar en el diagnóstico. En el 2017 firmó otro documento, otra declaración, la de Barcelona, en la que se asumía la reforma constitucional como alternativa al independentismo. En algún momento, el socialismo tendrá que pasar de la teoría a la práctica, por más que haya dirigentes que no lo entiendan y prefieran quedarse en las declaraciones. Iceta ironizaba hace poco con que a Sánchez ahora no hay quien le tosa en el PSOE y debe intentar aprovecharse de eso. A no ser que quiera que la plurinacionalidad continúe siendo el unicornio que una vez creyeron ver en Granada.

Es evidente que ni Pablo Casado ni Albert Rivera van a ayudar. Para ellos Catalunya es tierra quemada. De la etapa de Arrimadas como jefa de la oposición en el Parlament solo quedarán muchos carteles y una vehemencia mal administrada. Renunció a ejercer de jefa de la oposición porque pensó más en las cámaras que en la Cámara. Todos los hemiciclos se han convertido en un plató, pero en algún momento harían bien algunos políticos en recordar que su trabajo consiste también en negociar y transaccionar con el adversario.

Rivera y Arrimadas han utilizado Catalunya como plataforma para la proyección del partido y también para su promoción personal. Es legítimo, pero harían bien en fijarse en la evolución que el PP ha sufrido en esta comunidad para intentar que la trayectoria no acabe siendo similar. A diferencia de los populares, ellos aún están a tiempo de rectificar. La lección que PP y Ciudadanos deberían aprender tras el resultado de estas generales es que con Catalunya y Euskadi es más que complicado gobernar España. Pero sin Catalunya y Euskadi es imposible.

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