Las impugnaciones pueden invalidar las elecciones sindicales de Ayesa AT
Las elecciones sindicales en Ayesa AT, una de las firmas de referencia en Andalucía con su central en Sevilla y más de 1.200 trabajadores, pueden terminar invalidadas si lo decide el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), que el 14 de diciembre verá las múltiples impugnaciones sobre un proceso determinante en una compañía marcada por más de cinco años de enfrentamiento entre la dirección y el comité de empresa, controlado por Coordinadora Sindical de Clase (CSC). Entretanto, el proceso continúa, y las votaciones se prevén este jueves con candidaturas de CSC, UGT y CCOO.
La mayoría de las alegaciones se refiere a personas que han sido excluidas del censo, si bien la más destacada es la que compete a Francisco Barjas, presidente del comité de empresa despedido en 2015 y que está pendiente de que el Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla decida sobre su caso. Sin embargo, su sindicato, CSC, se agarra a que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que determina que mientras haya un procedimiento en marcha no puede quitársele ese derecho.
En este sentido, CSC lo incluyó como número 1 en su candidatura, si bien finalmente ha decidido que su puesto lo ocupe “cautelarme” Marcos Prado, “por si acaso”, mientras el juzgado se pronuncia sobre su despido. El propio Marcos Prado expone que tiene muchas dudas de que las votaciones del 23 de noviembre vayan a ser determinantes dado que están pendientes del “arbitraje que nombre el CMAC”. Porque insiste: “Hay sentencias del TC que dejan claro que esto es ilegal y que el presidente del comité de empresa puede presentarse mientras su despido esté recurrido en los tribunales”.
Tampoco CCOO descarta que las elecciones sindicales de la antigua Sadiel, empresa que pertenecía a la Junta de Andalucía y en 2011 se integró en el grupo Ayesa, tengan que repetirse porque se trata de un proceso “tan enmarañado” y con “múltiples impugnaciones” que difícilmente podrá marcar un nuevo devenir en las relaciones entre la dirección y el comité de empresa marcadas por la ruptura de las negociaciones.
El caso más clarificador es el de la renovación del plan de igualdad obligatorio cuando hay más de 250 trabajadores) que está bloqueado a la espera de que decidan los tribunales, que ya en su día tumbaron el que unilateralmente presentó la dirección. La empresa insiste en que no puede ponerlo en marcha porque el comité de empresa “se niega a sentarse a negociar”, y a su vez, los representantes de los trabajadores se resisten a hablar mientras “persista la represión sindical”, con el despido de su presidente como “máximo exponente”.
José Manuel González, de CCOO, reconoce que su organización “no ha sentido represión sindical”, si bien es consciente de que “que hay múltiples enfrentamientos entre parte del comité de empresa y la dirección”. En este sentido, apunta por ejemplo que el despido del presidente del comité de empresa “no debería de haberse producido, y en nada ayuda a rebajar la conflictividad, todo lo contrario”.
Pero también subraya: “Desde CCOO, igual que creemos que no se debería haber despedido a miembros de CSC, tampoco compartimos la dinámica de paralización de la actividad del comité de empresa en las mesas de negociación ya que el no avanzar en nada sólo perjudica a la plantilla”. En esta línea, enfatiza: “Ninguno de sus problemas se arregla en esa guerra entre la dirección y CSC, mayoritarios en el comité de empresa”. De hecho, cree que “bien a gusto que se encuentra la dirección en este escenario, porque son costes que se ahorra”.
Sobre las propuestas de la candidatura de CCOO expone que se presentan con este compromiso: “Negociar acuerdos que sirvan para mejorar las condiciones laborales, sin renunciar a medidas de presión cuando haya que tomarlas. Pero la lucha obrera es para conseguir resultados, no para vivir eternamente hablando de ella. Pedimos que la plantilla apueste por avanzar, con nosotros, y que no siga secuestrada en la guerra entre CSC y la dirección”.
Este enfrentamiento ha llegado a las distintas instituciones. De hecho, una carta firmada por el presidente del comité de empresa, “tras ser aprobada por la asamblea de trabajadores”, se remitió a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y a los grupos parlamentarios, y fue el detonante de su despido. La empresa, a su vez, respondió con una carta a las instituciones, en las que acusó a CSC de ser sección sindical “politizada” y “de ideología extremista”.
Curiosamente, Francisco Barjas es portavoz del Partido Comunista Obrero Español, por lo que en su defensa no ha dudado en alegar también motivos políticos para su despido. Ya en su día, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la razón en una demanda por “vulneración de los derechos fundamentales y contra la libertad sindical”, con lo que confía en ganar también este pulso.
Por su parte, UGT, a la que CSC ha acusado en múltiples ocasiones de “connivencia” con la dirección más allá de su papel en defensa de los trabajadores, insiste a su vez en su campaña contra el sindicato que controla el comité de empresa. “Ya no es sólo que en ocho años no hayan conseguido ni una sola mejora para los trabajadores que representan con su mayoría, es que incluso se entretienen en destrozar las pocas mejoras que se pudieron conseguir al margen de ellos”, exponen. Precisamente, esos acuerdos son los que CSC define como “medallitas” que la dirección otorga a UGT para las apariencias.
