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La disputa política entre Andalucía y Madrid suma ya 19 batallas abiertas en el Constitucional

El alto tribunal acaba de admitir a trámite el recurso promovido por la Junta contra tres normas del Ejecutivo central que considera un "ataque" al sector de las energías renovables.

De los 19 conflictos y recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver entre ambas administraciones, 12 partieron del Gobierno de la nación, la mayoría contra normas con rango de ley de Andalucía.

Si la financiación autonómica fue el principal motivo de confrontación en los años de Aznar, las cuestiones de corte social como la ratio de alumnos por aula o el copago farmacéutico centran los recursos andaluces desde que Rajoy aterrizó en Moncloa.

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La contienda política entre la Junta de Andalucía y el Ejecutivo central tiene su escenario paralelo en el Tribunal Constitucional. Ha sido siempre una constante el hecho de acudir a él para mostrar desacuerdo explícito con normas o leyes aprobadas por el otro. Esta rivalidad judicial ha estado más presente, lógicamente, en los momentos en los que ha existido diferente color político (entre 1996 y 2004 y desde noviembre de 2011). Aunque pueda parecer que la Junta es la que está en permanente disputa, es el Gobierno central el que tiene más asuntos pendientes de resolver contra la Administración autonómica que al contrario.

Ambas administraciones tienen actualmente 19 conflictos y recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver, según fuentes del alto tribunal. De ellos, 12 fueron planteados por el Ejecutivo central contra decisiones de la Junta mientras que 7 han sido interpuestos desde Andalucía contra resoluciones de carácter estatal (cinco de ellos, desde que Mariano Rajoy es presidente de la nación).

Los gobiernos central y autonómico se han intercambiado históricamente golpes en forma de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (decretos-leyes y decretos legislativos). La financiación autonómica marcó principalmente la conflictividad desde Andalucía mientras José María Aznar dirigía el país (1996-2004), con hasta 11 recursos en este sentido, que fueron retirados en un mismo Consejo de Gobierno (junio de 2004), nada más llegar José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ahora, cuestiones de corte social como la ratio de alumnos por aula o el copago farmacéutico centran los actuales desencuentros entre ambos y es la Junta la que más pleitea. La aplicación de nuevas tasas judiciales, la liberalización de horarios comerciales y las medidas relativas a energías renovables completan las normas que el Gobierno de coalición PSOE-IU considera inconstitucionales.

La temática de los conflictos interpuestos desde Madrid es más variada, al estar también más extendidos en el tiempo. Pero hay un asunto que está siendo objetivo principal por parte del Ejecutivo central, con hasta tres recursos en idéntica línea: la subasta andaluza de medicamentos que, a juicio del Gobierno Rajoy, vulnera las competencias del Estado en materia de sanidad y legislación farmacéutica. Esta insistencia ha levantado las iras de la Junta, principalmente de la consejera de Salud, que ha aludido a la "falta de respeto" del Ejecutivo hacia el alto tribunal por la sucesión de recursos iguales, si bien espera que el último (del pasado febrero) corra la misma suerte que los anteriores (desestimados en julio y diciembre de 2012) y la subasta continúe con normalidad.

Los últimos conflictos y el problema de los 'gran reserva'

La última decisión del órgano jurisdiccional único en esta larga historia de conflictividad se ha conocido este mismo lunes. El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso promovido por la Junta contra tres normas del Gobierno central que considera un "ataque" al sector de las energías renovables, con especial incidencia en la comunidad autónoma. La notificación ha sido conjunta para las tres normas recurridas, según fuentes de Innovación.

Queda otro recurso pendiente por parte de la Junta, aún en camino. El autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 23 de abril contra el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el régimen de las tasas judiciales contenido en La Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Es un recurso sobre otro recurso, que probablemente se condensarán en uno solo. Fuentes de Justicia e Interior de la Junta indican que el segundo de los recursos contra las tasas de Ruiz-Gallardón aún no se ha presentado formalmente (el Consejo simplemente autorizó su presentación), estando prevista su interposición oficial para mediados de este mes de mayo.

La admisión a trámite de este último conflicto procedente de Justicia tardará uno o dos meses, según las estimaciones de la Junta. Es ésa una de las consecuencias de la interposición de este tipo de conflictos judiciales: la dilatación temporal de las resoluciones. Por poner solo un ejemplo, el gabinete jurídico de la Administración andaluza conoció el pasado enero que el Constitucional anulaba una ley autonómica aprobada en 2002, más de diez años después, otorgando libertad de colegiación a los funcionarios públicos. "Nos puede pasar esto", lamentaba el consejero de Justicia, Emilio de Llera, "que nos encontremos con un recurso que es 'gran reserva' del 2002".

La Junta no suele viajar sola

Las comunidades de Navarra y Asturias también han presentado recursos de inconstitucionalidad contra las decisiones del actual Gobierno de la nación sobre la prestación de servicios públicos, tanto contra las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; y contra las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Navarra y Extremadura también acompañan a Andalucía contra las medidas aprobadas por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Cataluña, por su parte, ha sido la otra comunidad que no comparte la regulación de las tasas en la Administración de Justicia.

Respecto a los últimos recursos anunciados por Andalucía (el de las energías renovables y el de la modificación de la ley de tasas judiciales), fuentes del Tribunal Constitucional indican que aún no tienen constancia de ningún conflicto planteado en ese sentido por otra región, ni tampoco consta en el informe de conflictividad de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a fecha de 31 de marzo, y que pulsa el grado de conflictividad del Gobierno y las comunidades autónomas.

La conflictividad constitucional por resolver entre Junta y Gobierno, recurso a recurso

(8) Recursos de inconstitucionalidad sobre normas con rango de Ley de Andalucía pendientes de resolución:

Recurso de inconstitucionalidad 1832-2006, interpuesto por Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 13/2005, de 17 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y suelo.

Recurso de inconstitucionalidad 321-2008, interpuesto por Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia.

Recurso de inconstitucionalidad 7258-2008, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía.

Recurso de inconstitucionalidad 7686-2010, interpuesto por Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el Decreto-ley de Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público.

Recurso de inconstitucionalidad 2733-2011, interpuesto por Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.

Cuestión de inconstitucionalidad 4965-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería respecto del art. 141.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.

Recurso de inconstitucionalidad 1345-20122, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 1 de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex Presidentes de la Junta de Andalucía y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, en cuanto da nueva redacción al artículo 6.2 c) de la Ley electoral de Andalucía.

Recurso de inconstitucionalidad 4539-2012, interpuesto por el Presidente del Gobierno con respecto al Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía.

(4) Conflictos planteados por el Gobierno pendientes de resolución:

Conflicto en defensa de la autonomía local 570-2011, interpuesto por el municipio de Abrucena y otros en relación con la Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas para Andalucía.

Conflicto positivo de competencia 1923-2012 planteado por el Gobierno de la Nación con respecto a la resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas médicas y ordenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos o indicados por principio activo.

Conflicto positivo de competencia 2386-2012, planteado por el Gobierno de la Nación con respecto a la Orden de 13 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y artes Escénicas y Profesores de artes Plásticas y Diseño.

Conflicto positivo de competencia 1092-2013, planteado por el Gobierno de la Nación con respecto a la resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes oficiales de dispensación del Sistema Nacional de Salud.

(7) Recursos y conflictos planteados por la Junta de Andalucía pendientes de resolución:

Recurso de inconstitucionalidad. 1810-2002, interpuesto por la Junta de Andalucía en relación con diversos artículos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Conflicto positivo de competencia 5814-2005, interpuesto por la Junta de Andalucía en relación con la Orden FOM 897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria.

Recurso de inconstitucionalidad 4528-2012, interpuesto por la Junta de Andalucía respecto del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Recurso de inconstitucionalidad 4585-2012, interpuesto por la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Recurso de inconstitucionalidad 5741-2012, interpuesto por la Junta de Andalucía respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Recurso de inconstitucionalidad 1024-2013, interpuesto por la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Recurso de inconstitucionalidad promovido por la Administración andaluza contra los artículos 4, 5 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Contra el artículo 8 del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. Contra los artículos 1, 2 y 3 y disposición adicional única del Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

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