El caso Gürtel puede completar el desfile de todos los alcaldes democráticos de Jerez por el banquillo
Jerez de la Frontera (Cádiz) podría terminar con todos sus alcaldes desde la llegada de la nueva democracia a los municipios habiendo pasado por el banquillo. Tras los casos de los exregidores Pedro Pacheco (PA y luego PSA) y Pilar Sánchez (PSOE), los dos condenados, un informe que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) acaba de remitir para el juez Pablo Ruz pone contra las cuerdas a la actual alcaldesa, María José García Pelayo (PP), dentro de la ramificación en Andalucía de la trama Gürtel.
En concreto, se trata del informe definitivo sobre la adjudicación en 2004 a la trama liderada por Francisco Correa del contrato de representación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), por parte del consistorio, por un importe total de 343.537,58 euros, según ha dado a conocer la cadena SER. En este momento era alcaldesa María José García-Pelayo, y este informe abre las puertas para su imputación por el juez, igual que para el caso de Isidro Cubero, histórico responsable de prensa de Javier Arenas, por su papel de “intermediación”, según la misma emisora.
No deben ser muchos los municipios que puedan decir que todos sus alcaldes desde que floreciera la democracia han tenido problemas con la justicia. Uno de ellos y el que más tiempo pasó en el poder, Pedro Pacheco, está en prisión desde el año pasado por la contratación irregular como asesores de dos compañeros del PSA en empresas municipales. Pilar Sánchez, por su parte, ha sido condenada a cuatro años y medio recientemente por varios delitos relacionados con las ayudas que concedió a una empresa para que se instalara en la ciudad.
Y ahora todas las miradas se centran en María José García-Pelayo, por participar supuestamente en la adjudicación de contratos irregulares a empresas de Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos, según precisa un informe previo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Es un caso que se produjo en 2004, antes de que explotara la crisis y antes de que la ciudad se instalara en una cifra de la tasa de paro que llega al 45%. Entonces María José García-Pelayo acababa de llegar al gobierno tras pactar con Pedro Pacheco y quería proyectar una imagen nueva del municipio. Para ello era fundamental impactar en Fitur. El Instituto de Promoción y Desarrollo adjudicó de forma “irregular” varios contratos a empresas de Francisco Correa para el montaje de un pabellón y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros, según la UDEF.
Las empresas Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del expositor valorado en 162.806 euros, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre por 39.366, y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855. Hasta ahí, procesos administrativos. Sin embargo, según las investigaciones, los empleados del Grupo Correa efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación. Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización.
El caso se reabrió
Era un caso que coleaba desde entonces y que parecía haber caído en el olvido después de que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivara en 2011 la denuncia que realizó el PSOE contra la regidora por “inadmisibilidad” y “desestimación” de los escritos por prevaricación de la regidora. Pero el juez Pablo Ruz reabrió el caso el año pasado a raíz de un informe de la policía.
Se van conociendo más detalles de los informes de la UDEF y la pasada semana Diario de Jerez daba cuenta del último informe, donde se señala a tres trabajadores del consistorio relacionados con la adjudicación del pabellón del Fitur a empresas de la trama Gürtel. Lo especifica el informe realizado tras solicitar instructor, con fecha 15 de diciembre de 2014, el análisis de la “documentación electrónica aportada de forma anónima al juzgado correlacionándola con la información que obra en el procedimiento”. Destacan también en el informe de la policía las irregularidades en el procedimiento ya que primero se adjudicó y después se generaron los documentos oportunos.
Esta publicación ha dado pie a que la Asociación de Técnicos Municipales de la ciudad aclare su postura: “El Informe de la UDEF en ningún caso hace responsables de las supuestas contrataciones irregulares a técnicos de nuestro ayuntamiento, ni tan siquiera expone una mínima alusión a supuesta responsabilidad en la decisión de contratar a esas empresas ni en la forma en la que se hizo. El informe menciona el nombre de quien aparece en las propiedades digitales de los documentos como autor de los mismos, sin que garantice que sea quien efectivamente escribió el documento. Lo único que garantiza es el equipo desde el que se han escrito los documentos”.
Mientras tanto, la alcaldesa encaja los golpes sin aparente esfuerzo y se reitera en que el expediente de contratación se tramitó “de acuerdo a la legalidad” y que “todo se firmó en base a los informes técnicos” correspondientes. “Tengo la conciencia tranquila porque ningún político ha tenido, ni tiene relación, ni ha recibido beneficios, ni ha beneficiado nunca a nadie de la trama Gürtel”, ha dicho.
“No sabía que teníamos la mala suerte de contar con una empresa de la Gürtel”, dijo la alcaldesa a un reportero de El intermedio en un programa emitido a primeros del pasado mes de diciembre. La oposición de la ciudad hace sangre con este asunto a pocos meses de la celebración de las elecciones municipales y queda en el aire la pregunta de si la justicia terminará recayendo también sobre la tercera regidora de Jerez de la Frontera desde 1979. Por el momento no hay ni siquiera imputación, pero el daño parece irreparable.
