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La Junta de Andalucía estudia recurrir la última concesión del peaje de la AP-4 aprobada por el Gobierno

Dos abogados solicitan al Ministerio de Fomento la supresión del peaje de la autopista por el "interés público"

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Junta estudia recurrir la última concesión del peaje de la AP4 y reclamar el importe abonado por el tramo de Jerez

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de recurrir la última concesión de la AP4 suscrita por el Gobierno central, así como reclamar el importe abonado por la Junta por el tramo de Jerez de la Frontera, que fue sufragado por el Gobierno andaluz, que lleva pagados más de 100 millones de euros, según ha recordado López.

En una entrevista en Onda Luz, recogida por Europa Press, López ha reconocido que "tenía poca justificación" que todos los gobiernos centrales hayan mantenido ese peaje, por lo que ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de ver "si podemos recurrir esa situación", en concreto la último concesión firmada por el Gobierno central, que expira en 2019.

López ha precisado que los servicios jurídicos "tienen una percha sólida para recurrirlo, lo haremos, por lo que lo estamos estudiando".

Asimismo, ha añadido que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz están viendo la posibilidad de reclamar los más de 100 millones abonados por la Junta por el tramo liberado entre Jerez y Cádiz, merced a un acuerdo alcanzado en 2005."Si tenemos la fundamentación jurídica en términos sólidos de todos esos elementos para plantear el recurso, lo haremos", ha aseverado

El consejero ha apuntado que esa vía jurídica "no es incompatible con abrir el debate político a nivel nacional", de forma que ambas vías "pueden ir en paralelo", por lo que al mismo tiempo seguirán reclamando políticamente que "se haga el levantamiento del peaje de la AP4, igual que se hizo en agosto de 2017, con 'agosticidad', el levantamiento del peaje de la AP9 en Galicia".

"El tratamiento hacia el conjunto de los andaluces debe ser el mismo para todos", ha aseverado López.

El consejero ha reconocido que "cuando se planteó la prórroga del peaje y se hizo el acuerdo, no se pensó en que hubiera esa posibilidad, pero ahora vamos a estudiar si esa posibilidad tiene fundamentación jurídica". "Debemos ir con un armazón sólido para plantear esa defensa", ha añadido López.

El consejero ha insistido en "exigir un tratamiento igualitario hacia los ciudadanos andaluces" y ha apuntado que "se puede transitar en ambos caminos en paralelo", en referencia a las reclamaciones jurídicas y políticas. "Para transitar desde Sevilla a Cádiz deben darse las mismas condiciones que desde Madrid a Sevilla", ha añadido.

"Hay razones suficientes para levantar la voz con este asunto y defender los intereses y que los efectos de la discriminación permanente no se mantengan en Andalucía", ha aseverado López, para el que "se ha llegado a una situación límite de lo soportable y no podemos pedir que se siga en silencio" y ha asegurado que cada vez que ve al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, le dice que la situación del peaje es "insostenible".

López espera que el Gobierno no espere al 1 de enero de 2020 y elimine el peaje mucho antes y, tras recordar que Andalucía y Cádiz "es un territorio castigado doblemente, pues la infraestructura ferroviaria no arranca y las comunicaciones por carretera están penalizadas", ha insistido en pedir que se levante el peaje de la AP4.

Considera que las últimas declaraciones del ministro para pedir in pacto de Estado en infraestructuras e incluir en el mismo los diversos peajes "no tiene ningún fundamento y es una maniobra más del Gobierno, que no invocó a ese pacto de Estado cuando levantó el peaje de la AP9", toda vez que "lo que tenga que discutirse a nivel de pacto de Estado que se haga en el Congreso, pero no tiene fundamento vincular el peaje al resto de infraestructuras".

Para Felipe López, "en un territorio como Cádiz, donde ha habido incluso acuerdo de todos para hacer una ITI (Inversión Temporal Integrada), el peaje debería ser liberado cuanto antes", ya que, según ha lamentado, ese peaje "es un elemento que lastra la economía desde hace años, cuando esta autopista está superamortizada, es la más amortizada de toda Europa".

Petición de abogados

Por otra parte, los abogados sevillanos Fernando Osuna Gómez y Alejandro Álvarez Rivero han presentado un escrito ante el Ministerio de Defensa, con fecha de 3 de febrero de 2018, en el que solicitan formalmente la supresión del peaje de la AP-4 por el "interés público" de todos los ciudadanos que utilizan esta autopista y tienen el perjuicio de un coste "totalmente desorbitado" durante casi 50 años de vigencia.

Así, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados interponen una reclamación económico-administrativa contra el contrato de concesión de servicios al entender que "ya han finalizado las obras" de la citada vía y "se ha recuperado dicho coste por parte de la empresa".

Cabe recordar que, en mayo de 2005, un acuerdo de la Junta de Andalucía con la concesionaria de la AP-4 ya liberó el peaje en el tramo Jerez-Cádiz, que por entonces valía 1,05 euros. En aquella época, el Gobierno andaluz pagó por ello 72 millones de euros, divididos en pagos que se irán haciendo efectivos hasta 2019, según contempla el acuerdo. "Hay que tener en cuenta que este peaje de la AP-4 estaba previsto que durara cinco años y cuatro meses, y no los casi 50 años que lleva", señalan.

Asimismo, los abogados apuntan que este nuevo año 2018, "en vez de eliminar el peaje en beneficio de todos los usuarios, ha subido diez céntimos, situándose la tarifa para un turismo en 7,30 euros". El tráfico en la AP-4 ha aumentado durante el primer semestre de 2017, superando en junio los 24.000 vehículos al día y recuperando los niveles del año 2010. Es por ello que insisten en que, "después de casi 50 años, están suficientemente pagados los gastos de la obra y se debería eliminar el peaje".

En el documento entregado al Ministerio de Fomento, alegan, como causa de extinción de la concesión, que el mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario extingue la concesión "en cualquier tiempo", así como el rescate del servicio hecho por la Administración, entendiendo éste como "la declaración unilateral de la Administración, discrecionalmente adoptada, por la que da por terminada la concesión no obstante la buena gestión de su titular, en la forma y bajo el régimen establecidos en el Reglamento General de Contratación".

El acuerdo de rescate se adoptará por el Consejo de Ministros, si bien, en ningún caso, dicho acuerdo podrá adoptarse antes de que transcurra el 25 por 100 del periodo concesional.

Según precisan los letrados en su escrito, también sería causa de resolución del contrato de concesión de obras públicas la supresión de la explotación de la obra pública "por razones de interés público". En este punto, indican que el rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.

El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente, en buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y de los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Por su parte, la Administración tendrá que abonar al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la explotación de terrenos, ejecución de otras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación. En este sentido, los letrados consideran que, después de casi 50 años de concesión, "está plenamente abonado y recuperado este importe de inversión".

Así las cosas, Fernando Osuna y Alejandro Álvarez solicitan la supresión del contrato de concesión de servicios de la autopista AP-4, habiendo finalizado ya las obras y habiéndose recuperado dicho coste, por lo que entienden que, en este caso, "prima el interés público de todos ciudadanos".

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