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El PP-A atribuye la prescripción de parte del caso ERE a la “no colaboración” de la Junta de Andalucía
El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha considerado “impecable” la actuación de la jueza Mercedes Alaya en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ha atribuido la prescripción de posibles delitos a “la evidente falta de colaboración” de la Junta de Andalucía durante años con la justicia. Se ha pronunciado de esta manera tras conocerse que la Audiencia de Sevilla ha declarado prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que Mercedes Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla por un importe total de más de 450.000 euros, tal y como ha publicado eldiario.es/andalucia.
El líder del PP-A ha recordado que la jueza advirtió durante mucho tiempo que echaba en falta la colaboración de la Junta de Andalucía. “Han sido muchas las acciones que tuvo que emprender para poder acceder a expedientes de la Junta de Andalucía”, ha enfatizado. En este contexto, ha señalado que durante muchos años ha tenido que escuchar declaraciones sobre la jueza por parte del Gobierno de Andalucía: “Desde llamarla inquisidora por parte de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hasta meterse con ella y frivolizar por su ropa o su peinado”.
En su opinión, esta posible “estrategia dilatoria” por parte de la Junta de Andalucía en el caso ERE se repite ahora en la comisión de investigación sobre el presunto fraude con las ayudas a la formación que se celebra en el Parlamento de Andalucía. “Estamos viendo como el PSOE-A no quiere colaborar y dar la información y los expedientes”, ha defendido Juan Manuel Moreno, para quien la Junta de Andalucía “quiere ganar tiempo con un objetivo fundamental: que vayan expirando los posibles delitos, no sepamos la verdad y no paguen los responsables de esas posibles irregularidades”.
El presidente del PP-A ha asegurado también que la prescripción de delitos genera “alarma” entre la ciudadanía, que tras conocer continuas irregularidades destapadas por las investigaciones y los medios de comunicación, se queda “estupefacta” al ver que posibles delitos no son juzgados.
