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El fenómeno de las corralas se extiende a Málaga

Cerca de una treintena de familias habitan desde hace meses tres edificios vacíos hasta su llegada y piden regularizar su situación mediante el pago de alquileres sociales.

Los propietarios denuncian las ocupaciones.

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Noelia, Estefanía y Lidia con sus hijos / foto: Miguel Heredia

Noelia, Estefanía y Lidia con sus hijos / foto: Miguel Heredia

"Buenas prácticas: No se abre a la Policía. Este es nuestro hogar. Es nuestro derecho", se lee en un cartel colocado en el descansillo del número 17 de la calle Ventura Rodríguez, en Málaga. Es la primera regla de la comunidad de este edificio con un solo propietario, Bankinter, y más de una treintena de habitantes desde hace tres meses. Ellos lo llaman Corrala Buena Ventura y es la primera que siguió en Málaga el modelo iniciado en Sevilla por la corrala La Utopía, hace ya más de un año. El fenómeno se extiende: desde el 18 de abril nueve madres solteras viven con sus hijos en la calle Huerto de las Monjas, 15 (Corrala Las Luchadoras). Y un día después, el 19 de abril, fue presentada la Comunidad La Esperanza, formada por cinco familias en la calle Tejidos, 7. Los nuevos vecinos, casi todos jóvenes sin trabajo, se sienten habitantes legítimos y trazan una división: dicen no ser okupas, sino "familias realojadas".

Explica Camille, una de las moradoras de la Buena Ventura, que ellos encontraron un espacio vacío y decidieron llenarlo de personas, cada una con una historia. La de Yuli (42 años) es la de alguien que tuvo su casa en una tienda de campaña plantada en un cerro de las afueras. Antonio (22 años) y Encarna (20) vivían con la madre de ella y su hija, Idaira, que tiene seis meses. Una pelea familiar acabó con Antonio durmiendo en su motociclo. Así estuvo más de una semana. "Hasta que vi esto", y entonces muestra con un gesto el pequeño salón con cocina de la casa. Manuel (26) y Yolanda (20) tienen tres hijos de siete, cinco y un año. Antes vivían en casa de la madre de Manuel. "Los cinco en una habitación, en dos camas de 90 centímetros", recuerda él. Como Isidro (24), Esmeralda (26) y sus dos hijos, de siete y cinco años. "Vivimos con mis padres, mis tíos… No tenía dónde estar. La casa es todo", cuenta Isidro.

Entrada a la corrala Buena Ventura/ Foto: Miguel Heredia

Entrada a la corrala Buena Ventura/ Foto: Miguel Heredia

En la azotea hay un esbozo de huerto que colorea de verde esta terraza con vistas al popular barrio de La Trinidad. El estado de conservación del edificio es bueno. Está prohibido fumar en el pasillo que desemboca en el cuarto de los niños y un cartel recuerda la norma. Estas casas son ajetreadas y bulliciosas, las puertas suelen estar abiertas y cierto espíritu comunitario empapa el ambiente. Quienes las habitan insisten en que su presencia evita que "indeseables" hagan "mal uso" de los edificios y que estos se deterioren. "Y ahora a nosotras nos tratan como a bichos", lamenta Esther, que vive con su hija en La Esperanza. Los dueños niegan el deterioro y advierten de que si hay daños exigirán responsabilidades a los moradores.

Lidia (28 años) es una de las tres hermanas que fantaseaba con vivir en ese edificio que ellas, que son del barrio, siempre vieron vacío desde que se terminó, en 2005. Entraron con otras seis madres solteras la noche del 18 de abril y se encontraron con viviendas equipadas hasta con aire acondicionado; solo faltaban las cocinas. Fueron llevadas a comisaría y al salir del calabozo volvieron a la corrala, a la que llamaron Las Luchadoras. Pasaron varias noches en un solo cuarto con nueve niños entre los seis meses y los ocho años. Un mes después, Noelia, una de las hermanas de Lidia, acaba de instalar la cocina, que muestra con una amplia sonrisa. Jessica y Sara, también hermanas entre sí, también con hijo cada una, han sustituido a dos de las madres que iniciaron la aventura.

Isidro, en la cocina que ha montado/ Foto: Miguel Heredia

Isidro, en la cocina que ha montado/ Foto: Miguel Heredia

Rafael Doblas, miembro de Stop Desahucios Málaga, cree que estos "realojos" responden a una ley casi física: muchas familias necesitan un techo y hay techos que no cobijan a nadie. Y explica el proceso: cientos de ojos escudriñan la ciudad; localizado un inmueble vacío comprueban la titularidad en el Registro de la Propiedad; y llegado el día, actúan. Entonces es el momento de los nervios, según explican. El de llenar de gente el lugar vacío. Dicen tener donde elegir. En la provincia existen 120.611 viviendas desocupadas (el 13% sobre el total) según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, elaborado en noviembre de 2011.

La posición de los propietarios

Pero una vivienda vacía no es una vivienda sin propietario y la ley no distingue entre ocupación y realojo. Bankinter, dueño del edificio de Ventura Rodríguez, está intentando vender el inmueble y se niega a dialogar. "Nosotros no queremos tener inmuebles porque no es nuestro negocio", explican desde el banco, que advierte de que las viviendas carecen de licencia de primera ocupación.

No es el caso del edificio de la Comunidad La Esperanza. "Los apartamentos estaban listos para entregarse", explica Andrés Martínez, uno de los administradores de la sociedad propietaria. Él invirtió su dinero en los años de bonanza y no ha recibido ni una sola oferta de compra. "Estamos al límite. Uno se hace unas expectativas y las cosas salen como salen", lamenta ahora. De la ocupación se enteró in situ: "No podía meter las llaves y mi mujer me llamó la atención de que las cerraduras eran nuevas". Andrés Martínez comprende la situación de aquellos que buscan un techo, pero exige a las autoridades que establezcan los mecanismos públicos para atender esas necesidades. No alquilará las viviendas. "No hay negociación posible porque yo elijo mi inquilino", responde cuando se le plantea la posibilidad.

"Entiendo al dueño, y no me niego a pagar un alquiler social. En la vida nadie regala nada, y nosotros no somos caraduras", contesta Esther. La mayoría dice estar dispuesta a asumir el pago de una renta ajustada a sus posibilidades. Pero piden una solución urgente y desconfían del papel de las instituciones, a las que acusan de lentitud. "Si entre tanto me echan y me cogen con las niñas en la calle, ¿qué ocurrirá? ¿Me las quitarán?", se cuestiona Saray, que vive con sus tres hijas en La Esperanza. Por eso algunos advierten de que expulsados hoy, volverán a entrar en un edificio vacío mañana.

Han pasado tres meses desde que las familias de la Buena Ventura estrenaron vivienda. Violeta, en la Buena Ventura, y Nashira, en La Esperanza, han nacido entre tanto. El 23 de mayo por la tarde, bajo el calor de un terral tempranero, la Buena Ventura y Las Luchadoras celebran una asamblea. El 3 de junio las familias serán oídas en el pleno del Ayuntamiento y pedirán regularizar su situación mediante el pago de un alquiler social. A la reunión se suman dos grupos que anuncian que han localizado sendos edificios vacíos. Piden consejos, apuntan teléfonos y comparten experiencias. Hay excitación y un punto de ingenuidad: "¿Entramos todos a la vez o de uno en uno?". "Cuantos más, mejor", le responden.

El futuro inmediato: una situación incierta

El artículo 245.2 del Código Penal tipifica la ocupación como un delito de usurpación, castigado con pena de multa de tres a seis meses. Los propietarios de los edificios en los que se han instalado las corralas han denunciado a los ocupantes o han instado su desalojo por la vía civil. En el caso de la corrala la Buena Ventura, el lanzamiento está señalado para el 3 de octubre, pero los habitantes, que deberán declarar ante el juez el 15 de julio, insisten en negociar y han recurrido a la intermediación de la Junta de Andalucía. El 24 de mayo mantuvieron una reunión con Amanda Meyer, Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía.

Después de unas semanas de confusión, en las que no apareció ningún propietario del edificio de la corrala Las Luchadoras ("hemos sido nosotras las que nos hemos movido para localizarlo", asegura Lidia), CLM Servicios Inmobiliarios interpuso una denuncia ante una comisaría de policía de Madrid, asegurando que había tenido conocimiento de la ocupación el inmueble “por funcionarios del cuerpo de policía de Málaga”. Las mujeres declararon ante el juez el 22 de mayo y José Cosín, su abogado, solicitó el archivo de la causa.

El edificio de la Comunidad La Esperanza es propiedad de Explotaciones Comerciales Malagueñas, S.L. Sus habitantes han sido llamados a declarar ante el juez el próximo 3 de junio, pero Amanda Romero, abogada de la Comisión de Vivienda del Plan de Rescate Ciudadano, también se muestra esperanzada en que se decretará el archivo. Alega que existe jurisprudencia (aún no pacífica) que aplica el principio de intervención mínima del derecho penal a supuestos de ocupación de edificios en estado de desuso o abandono y que no cumplen con la función social de la propiedad establecida en el artículo 33 de la Constitución.

La Junta de Andalucía ha ofrecido mediar entre propietarios y habitantes, sin éxito hasta ahora. Manuel García Peláez, delegado de la Consejería de Fomento en Málaga, recuerda que para aplicar el Decreto que establece sanciones económicas a los propietarios (personas jurídicas) de viviendas vacías, es necesario estudiar cada caso y cree que la norma debe contribuir a "evitar este tipo de situaciones".


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