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ARAGÓN

Los agricultores de Teruel exigen que se les defienda en Europa

Aseguran que el Gobierno de Aragón no ha defendido sus derechos para que la PAC deje de tratarles como “agricultores de segunda clase”

La presidenta y el consejero de Agricultura dicen que no tienen competencia ni capacidad para cambiar nada

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Los agricultores, durante la manifestación de la semana pasada

Los agricultores, durante la manifestación de la semana pasada

Con una tractorada, los agricultores y ganaderos turolenses se manifestaron la pasada semana en la capital de la provincia, de nuevo, para denunciar que el Gobierno de Aragón no ha defendido sus derechos ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y ante Europa para que la Política Agraria Comunitaria (PAC) deje de tratarles como “agricultores de segunda clase”.

Luisa Fernanda Rudi y su consejero del ramo se escudan en que no tienen competencia ni capacidad para cambiar nada y emplazan a la negociación de 2016 para plantear las modificaciones, mientras anuncian medidas compensatorias que no satisfacen a los agricultores que, aseguran, no piden dinero sino justicia.

La situación no es nueva, porque los pagos directos que reciben por la producción siguen los mismos criterios desde 1992, y esos criterios, dicen, les han hecho cobrar 20 millones de euros al año menos que lo que reciben otros compañeros en las mismas condiciones en provincias vecinas como Zaragoza o Valencia.

Pero la diferencia es que “esta vez la reforma de la PAC daba pie, margen suficiente, para hacer las modificaciones” que acabaran con esa desigualdad, según denuncia Roberto Sanz, miembro de la Ejecutiva de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).

Contesta así a la presidenta de Aragón, que hace menos de un mes, en la celebración del Día de la Comunidad en Teruel, volvía a decir, como ha hecho su consejero, que el Gobierno de Aragón no tiene competencias para hacer modificaciones en la aplicación de la PAC, y les reprochaba que los criterios de reparto se vienen aplicando desde 1992, “sin que hasta la fecha se hubieran alzado beligerantes voces en su contra”.

Los agricultores, que se han anunciado bajo la plataforma Agrigate, para dar una imagen de unidad más allá de los sindicatos agrarios, niegan intenciones electoralistas en sus demandas, que llevan meses exponiendo, y de hecho van a aparcar sus reivindicaciones durante el periodo electoral. Pero reclaman que de las urnas salga “un Gobierno de Aragón valiente que mande una propuesta a Madrid” para cambiar los estratos que discriminan a Teruel, según Sanz.

Los agricultores turolenses reciben 78 euros por hectárea

La raíz del problema está en que la provincia de Teruel, de manera completa, está calificada en el estrato 3, que reconoce poca productividad, similar a zonas desérticas, y los pagos directos de la PAC van en función de esa calificación que se mantiene inamovible desde 1992, independientemente de la producción actual. En la práctica supone que los agricultores turolenses reciben 78 euros de ayuda por hectárea frente a los 120 de productores similares de otros lugares.

Se trata de los polémicos “derechos históricos” tan discutidos en la reforma de la PAC y que ahora, denuncian los agricultores, podían haberse modificado.

El consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, siempre se ha escudado, para no ceder a las reivindicaciones de los agricultores turolenses, en que no hay un acuerdo en el sector sindical, porque la igualación de estratos, que también beneficiaría a algunas comarcas oscenses, perjudicaría a otras de la provincia de Zaragoza, y eso provocaba división sindical; habría el mismo dinero y habría que quitar a unos algo para dar a otros.

Pero los dirigentes sindicales defienden que entre sus compañeros del resto de Aragón encuentran “apoyo y solidaridad” porque “hoy hay un problema en Teruel pero mañana puede ser allí”, y reprochan al consejero que haya querido enfrentarles, según José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón y vicepresidente de la plataforma Agrigate.

Asegura que, de aplicarse, la diferencia económica es pequeña: incrementar a Teruel y bajar a ocho zonas de la provincia de Zaragoza de estratos supone 7 euros por hectárea en todo el periodo, explica el líder sindical. Es decir, en una explotación media de 100 hectáreas, unos 700 euros menos en cinco años.

“No queremos recibir más dinero, ni menos, queremos cobrar igual que los demás por nuestro trabajo, lo justo, que cobre el que sube al tractor” añade este líder sindical y, por eso, no aceptan las “medidas compensatorias” planteadas por el Gobierno de Aragón en forma de ayudas agroambientales “que en algunos lugares se están cobrando ya y que además son incompatibles unas con otras”, apunta. En todo caso, según Roche, no compensan las pérdidas.

Los agricultores han llevado el tema a las calles en forma de manifestaciones en Zaragoza y Teruel, concentraciones en diversos puntos de la provincia, a las Cortes de Aragón con una proposición no de ley que salió adelante y que no ha tenido efectos en la acción del Gobierno de Aragón. También protestaron ante la presidenta Rudi en la Feria Ganadera de Zaragoza con una pitada, acción por la que justo ahora, a pocos días de la manifestación en Teruel, les han llegado tres multas por “alteración del orden público, insultos y cierta desobediencia”, que han recurrido.

Tras estas manifestaciones públicas, los agricultores recurrieron a Bruselas para saber qué se podía y qué no se podía hacer.

Los agricultores denunciarán al Ministerio

Después de reunirse con varios eurodiputados y autoridades europeas, volvieron decididos a llevar el tema por cauces legales y han anunciado que denunciarán al Ministerio ante la Comisión Europea porque este reparto no tiene en cuenta criterios del artículo 23 del Reglamento de la Unión Europea. En este punto se contemplan como elementos para decidir la distribución cuestiones como la despoblación, la productividad y el potencial agrario o la importancia de la agricultura en la economía local. En definitiva, criterios encaminados a que las ayudas directas se distribuyan de manera más justa, poniendo fin a las referencias históricas.

Es el Ministerio el denunciado porque es el que lleva la propuesta de aplicación a Bruselas, pero los agricultores ponen el foco sobre el Gobierno de Aragón porque le reprochan no haber defendido sus derechos ante Madrid.

“Nuestra petición se podría haber atendido, pero no se ha hecho por una decisión política”, asegura el presidente de Agrigate, Julián Sancho. “Se podía cambiar, y se puede cambiar, hasta octubre de 2015, cuando se cobre la PAC".

En otras comunidades autónomas como Madrid se ha cambiado la zonificiación, dice José Manuel Cebollada, presidente de Asaja. Además, comenta, la tendencia en toda Europa es la unificación de estratos, siguiendo el modelo de Francia, y Teruel es la única provincia entera que está en esta situación en toda Europa.

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