Este verano ha aparecido un nuevo informe de NOVACT sobre empresas militares privadas en Irak, Palestina y Colombia. Uno de los aspectos que se aborda, el de las normativas que regulan la actividad de dichas empresas, es particularmente interesante. Expondremos una síntesis en tres artículos correspondientes a cada uno de los países. Iniciamos la secuencia de artículos con el correspondiente a Irak. Hemos estimado necesario incluir también la contextualitzación que el informe presenta sobre la situación de cada país.
Irak
Ya a principios de 2004, Irak se llenó de empresas privadas de defensa, sin ningún tipo de supervisión, contratadas por los ejércitos de EEUU y de Gran Bretaña, para llevar a cabo servicios de seguridad. Esto incluía la protección de convoyes militares, de la residencia de Paul Bremer, jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición (gobierno de transición creado por la coalición multinacional) y otros edificios de las fuerzas armadas, del aeropuerto de Bagdad y de la escolta de personas de alto rango. Sin embargo, después se descubrió que también se les habían asignado responsabilidades importantes y muy delicadas en el ámbito militar como la interrogación de detenidos, recogida y análisis de información, gestión y manejo de sistemas complejos de armamento, entrenamiento y asesoría de los nuevos cuerpos de seguridad y del ejército iraquíes e incluso la participación en operaciones de combate.
Una de las decisiones más desacertadas de la Autoridad Provisional fue la disolución completa de las fuerzas armadas y de las fuerzas del orden del régimen de Sadam sin tener ya preparados los organismos sustitutorios.
Cuando la Autoridad Provisional emprendió la creación de las nuevas fuerzas armadas y de seguridad iraquíes, siguió como criterio de selección las directrices del proceso de desbaasificación (aniquilamiento del partido Baas de Sadam Hussein). Los gobiernos iraquíes posteriores no gestionaron mejor los aspectos de reclutamiento, disciplina y capacidades de los nuevos cuerpos militares y de seguridad. Las fuerzas iraquíes estaban mal entrenadas y estaban integradas por milicias que obedecían las órdenes de sus antiguos líderes o de oficiales nombrados no por su experiencia y méritos militares sino por su filiación política. Así, y a pesar de años de entrenamiento y un enorme gasto militar, fue evidente que las fuerzas iraquíes eran inefectivas, desleales al gobierno y no sólo eran incapaces de mantener el orden y la seguridad, sino que eran también una causa importante de la violencia en el país. Se extendió la desconfianza en la seguridad pública entre la población y, por el contrario, se incrementó la demanda de seguridad privada. Centros comerciales, hoteles, empresas petroleras y de gas, etc, contrataban seguridad privada, tanto a empresas extranjeras como a empresas locales constituidas por policías jubilados iraquíes o antiguos soldados del ejército desmantelado.
Por otra parte, a partir de un cierto momento, también las instituciones y los políticos iraquíes comenzaron a contratar seguridad privada para la protección personal e institucional e incluso algunos de ellos crearon sus propias empresas de seguridad. Por ejemplo, el ex viceprimer ministro Al-Jalabi (2005-2006) creó la empresa Al-Nimrood compuesta por miembros de su antigua milicia. Nouri al-Badran, ministro del Interior (2003-2004) era propietario de la empresa Al-Murabid, acusada de extorsión, chantaje y actividades terroristas.
La misma Administración iraquí promovió el uso de empresas privadas locales para compensar la incapacidad o las deficiencias de los aparatos públicos militares y de seguridad (como consecuencia Irak dispone ahora de un sector privado de defensa de un cierto peso), aunque estas mismas empresas se convirtieron también un instrumento de control político y una fuente importante de violencia, corrupción e inseguridad en el país. Efectivamente, la Administración iraquí no implantó una supervisión estricta del personal local de seguridad más allá de su filiación política y algunas de las empresas locales no eran más que una colección de diferentes milicias sectarias o antiguos grupos armados e involucrados en acciones ilegales y crímenes.
Más aún, algunas empresas de seguridad iraquíes han sido acusadas de dañar expresamente la situación de seguridad en ciertas zonas - incluyendo la colocación de bombas en las carreteras - con el objetivo de conseguir contratos con empresas extranjeras establecidas allí y aumentar así sus beneficios. En resumen, algunas de las empresas locales, especialmente en las provincias del sur, están directamente implicadas en la alteración de la paz y la seguridad en el país y han contribuido de forma notable a la situación de violencia y de falta de seguridad.
Durante el período de la ocupación, la Autoridad Provisional aprobó un conjunto de regulaciones, entre ellas algunas relativas a las empresas privadas militares y de seguridad (EPMS) estadounidenses y sus actividades. Una de estas regulaciones, la Orden 17, estipulaba el estatus de las fuerzas armadas de la coalición y el de las EPMS y establecía la inmunidad respecto a la jurisdicción de los tribunales iraquíes. Una vez disuelta (junio 2004) la Autoridad Provisional, la mayoría de esas regulaciones han continuado vigentes ya que no han sido derogadas por ninguna normativa estatal con rango de ley. En 2008, el gobierno iraquí elaboró una propuesta de ley sobre empresas privadas de seguridad, pendiente aún de aprobación y aplicación. Esta propuesta de ley se presenta como una enmienda a la Orden 17 de la Autoridad Provisional, que continúa siendo la base legal para regular las actividades de las EPMS. Es esta falta de una legislación propia iraquí la que explica las deficiencias en el control y supervisión de las actividades de las EPMS.
En 2009, Irak y EEUU firmaron un nuevo acuerdo sobre la presencia y el estatus de las fuerzas armadas estadounidenses, donde se anulaba, de forma parcial, la inmunidad de las empresas privadas contratadas por el Departamento de Defensa estadounidense. Las empresas adjudicatarias de contratos de otros organismos de EEUU, como el Departamento de Estado, la CIA, la USAID, etc., aún se mantienen bajo la normativa de la Orden 17.
Actualmente, una empresa privada de defensa que quiera operar en Irak necesita una licencia del Ministerio del Interior iraquí. Un conjunto de instrucciones de este Ministerio regula aspectos prácticos sobre las actividades de las empresas, pero les falta la fuerza de la ley y su incumplimiento sólo implica la suspensión temporal o revocación de la licencia y una multa económica. Estas instrucciones no abordan violaciones de los derechos. A esta débil regulación se suman ciertas exenciones y privilegios. Dos ejemplos: por un lado, el Gobierno Autónomo del Kurdistán exime a las empresas que trabajan en embajadas y misiones consulares de demostrar que cumplen los criterios exigidos para obtener la licencia (una simple declaración diplomática sirve de documento formal que garantiza el cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa); por otro lado, las empresas que trabajan para el Departamento de Estado norteamericano están exentas de ciertos requerimientos durante el proceso de obtención de licencia.
La retirada de las fuerzas de coalición dio un impulso a las empresas privadas de seguridad iraquíes. En 2011, de las 117 empresas registradas en Irak, 89 eran iraquíes. Desde 2013, la presencia en Irak de Daesh y la inseguridad asociada está proporcionando más oportunidades de negocio y ha potenciado las actividades del sector. Los combatientes de Daesh llegaron a Irak en 2013 y en 2014 consiguieron ocupar Mosul, Tikrit y otras ciudades, aplastando las fuerzas armadas estatales. Una rotunda evidencia de la debilidad de las tropas iraquíes. EEUU se negó a desplegar tropas para combatir Daesh, pero envió asesores militares y continuó entrenando las fuerzas iraquíes. Además, ante la amenaza de Daesh, empresas privadas kurdas y de EEUU han llevado a cabo la evacuación de ciertas zonas. Recientemente varios medios de información han destapado que algunos de los líderes de Daesh habrían sido entrenados tiempo atrás por empresas privadas y por los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos.
En resumen, más inseguridad en Irak implica más gasto militar y un buen negocio para las EPMS; más seguridad privada como vía para resolver la inseguridad interna y una débil gobernabilidad.
