Can Vies y sus juicios pendientes

Hace dos años que Franz Estartús, de 22 años, espera una llamada que le confirme la fecha de su juicio. Arrastra desde abril de 2015 una acusación fiscal de tres años y medio de prisión por desórdenes públicos y atentados contra la autoridad, pero intenta hacer vida normal. Sigue yendo a las clases de Ciencias Políticas de la UPF, entrena un equipo de niños en el club de fútbol de su pueblo, Tiana, y piensa en qué máster estudiará el año que viene. “Tienes que rehacer tu vida... Y al final pasan los meses como si nada, te permites al menos pensar a medio plazo”.

Una docena de personas relacionadas con las protestas de Can Vies fueron condenadas en los meses posteriores a la trifulca, con penas de entre 6 meses y casi 4 años de prisión. Pero igual que Franz Estartús, muchos de los casos que derivaron de las 84 detenciones durante los tres días de protesta por el cierre de Can Vies están aún pendientes de juicio, dos años después.

La vía legal es tan sólo una de las brechas por cerrar en relación a Can Vies. También se arrastra el juicio político: el pasado 20 de abril de 2016 la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad votó a favor de la demolición de Can Vies, a propuesta del PP y con el apoyo de PSC, CiU y Ciutadans. La moción encontró la abstención de ERC y el 'no' de Barcelona en Comú y la CUP.

De hecho, el gobierno municipal se “opone frontalmente al derribo”, según fuentes del consistorio. Desde el Ayuntamiento de BComú se insiste en que los altercados tras el desalojo de Can Vies difuminaron lo que había supuesto este centro autogestionado, que alberga casi 20 años de historia. “Can Vies ha sido el inicio de muchos proyectos colectivos del barrio: cooperativas, asambleas, actividades...”, contaba días después de los incidentes Rubén, uno de los integrantes de la plataforma de apoyo a la casa, que agrupa varias entidades vecinales. Son precisamente estas asociaciones vecinales las que deben tomar el peso en la negociación con el Ayuntamiento de Barcelona.

El cuarto teniente de alcaldía, Jaume Asens, reconocía en declaraciones a Catalunya Plural que las cosas estaban muy “reconducidas” entre las asociaciones —“quien tiene que decidir sobre Can vías”, insiste— últimamente pero que estos avances habían sido dinamitados en los últimos días por la moción presentada a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad. “Las comisiones no pueden derribar edificios, esto le corresponde al Gobierno. Nosotros ya habíamos criticado los hechos en su día, y seguiremos. Las asociaciones no tienen que sufrir”, destaca Asens, que recuerda que tres gobiernos diferentes no han podido arreglar tema y que este pide “prudencia” y trabajar sin “apriorismos”.

El teniente de alcaldía asegura que se cubrirán algunas de las principales demandas del vecindario, como por ejemplo una rampa de acceso al cajón de las vías (aún no se ha llegado a la fase de obras). Y también que Can Vies sea un equipamiento público, incluso juvenil, como se reclama desde el barrio. Si la propuesta tira adelante se deberá modificar el Plan General Metropolitano (PGM). “Los disturbios dejaron una herida abierta en el barrio. Nosotros no queremos instrumentalizar Can Vies, lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio con los vecinos, por tanto, la resolución del conflicto se adoptará en el barrio, con el tejido asociativo. Sobre todo respetando la convivencia, aunque es cierto que ya no se producen los problemas de antes con fiestas y demás”, explica Asens, que estuvo implicado en su momento —a raíz de las movilizaciones— en la defensa de una fotógrafa acusada de lanzar piedras durante los hechos de Can Vies.

Franz se remueve en la silla, aunque está acostumbrado a contar su historia. Lo ha hecho por varias comarcas catalanas junto a su amigo Adrià Aragonès, compañero en el Sindicat d'Estudiants del Països Catalans (SEPC), que también vive pendiente de la fecha del juicio. Después de su detención, el SEPC montó una campaña de apoyo que pretendía presionar a las instituciones judiciales y forzar la absolución de los dos jóvenes, de 22 y 27 años. Hace menos de una semana los diputados de la CUP en el Parlament se fotografiaron con el cartel de dicha campaña, que reza “Franz i Adrià absolució”.

La estructura del SEPC les permitió tener un abogado de Alerta Solidària, la Organización Antirrepresiva de la Izquierda Independentista, también tuvieron una concentración de apoyo en la Ciutat de la Justícia durante su detención, y su caso ha tenido visibilidad pública gracias a la campaña. No obstante, la mezcla de personas detenidas durante los tres días de protestas por el cierre de Can Vies impide dar un nombre exacto de juicios en curso, ya que muchas han llevado sus casos en silencio. No ha habido una comunicación conjunta. Franz compartió furgoneta en su detención con Guus, un holandés del que no ha sabido nada más y que, según su versión, volvía de casa su novia en el momento en que le detuvieron. Alegó no tener conocimiento alguno de Can Vies, ni tampoco del barrio de Sants. No fue el único extranjero en esa misma situación.

“Hace años que se establece la siguiente dinámica: en los casos de detenciones en el marco del derecho a la manifestación se suelen formular acusaciones fiscales en base a las versiones de los Mossos d'Esquadra”, asegura Eduardo Cáliz, abogado de Alerta Solidària y encargado de los casos de Franz y Adrià.

Anaïs Franquesa, miembro del colectivo Iridia para la Defensa de los Derechos Humanos, abogada en tres casos que están aún pendientes de juicio, secunda esta afirmación: “En los casos de Can Vies hay muchas imprecisiones en las acusaciones. Las únicas pruebas de cargo son las declaraciones de los agentes de policía, acusando a los manifestantes de lanzarles piedras o botellas, pero no suele haber pruebas o testigos”. En su momento, vecinos, activistas y abogados pidieron la absolución de ocho acusados al considerar que las detenciones se realizaron de forma “masiva” y “aleatoria”, durante la semana de las manifestaciones. “El hecho de que las acusaciones se basen en el relato policial sin pruebas objetivas es una mala praxis. Si solo se tiene el testimonio de los agentes, el proceso judicial no tiene las garantías adecuadas”, concluye el abogado Andrés García Berrio.

Durante la semana de protestas contra el desalojo y derribo de Can Vies por parte del Ayuntamiento de Barcelona, la policía detuvo hasta 67 personas. Los que restan hasta llegar a 84 fueron detenidos en días y semanas posteriores a los altercados, a partir de grabaciones y de las cerca de 300 identificaciones que la policía realizó la policía aquellos días, entre ellas el polémico encapsulamiento en la última de las manifestaciones.

—Volvíamos de la manifestación y estábamos cansados. Llovía. Íbamos andando a casa de Adrià, yo soy de Tiana y él de Reus, pero vive en un piso de estudiantes en Sants, en los alrededores de Mercat Nou. Cuando estábamos en la calle Sagunt, vimos cómo una furgoneta de la Brigada Mòbil nos cerraba el paso por arriba. En seguida nos giramos, y vimos que también nos habían cerrado el paso por la parte de abajo. Estábamos lejos del foco del conflicto de aquella noche, que estaba cerca de la Estació de Sants —Franz relata de memoria la noche de su detención sentado en la terraza de un bar cercano al Parc del Clot, donde dará una charla de su campaña al cabo de hora y media.

Justo en este punto se unen a la conversación Marc y Mariona. Ambos militantes del SEPC, forman parte del grupo de apoyo a Franz y Adrià, y son dos de los coordinadores de la campaña. Pau está estudiando Derecho, Mariona Ciencias Políticas. Franz y Pau llevan la misma chaqueta Quechua de color negro. El relato sigue.

—Adrià, que lleva años militando, nos dijo a todos los que estábamos allí que nos calmáramos, que teníamos que hacer caso de lo que dijeran los Mossos, obedecerles, y sobretodo no responder a ninguna pregunta porque lo podrían utilizar luego, nos advirtió que jugarían a ponernos nerviosos, y así fue. Nos detuvieron a las seis personas que había en aquella calle en aquel momento, de forma totalmente aleatoria. Aquella noche creo que detuvieron a más de 30 personas. Salieron de cacería —sigue Franz. La charla tuvo lugar pasado 14 de abril de 2016.

El estado de espera entre la detención y el juicio aún permanece. La última señal judicial que ha tenido Franz ha sido el texto de acusación de la Fiscalía, hace ya más de 10 meses. Su abogado asegura que esta espera dilatada es una forma de reprimir los movimientos sociales. “La Fiscalía actúa con voluntad política, quieren que la gente tenga miedo de manifestarse y salir a la calle. Es una forma de reprimir las protestas”, asegura Cáliz.

Anaïs Franquesa, por lo contrario, cree que este impasse responde a un mero trámite burocrático, y no a una forma de presión. Los casos de Can Vies con acusaciones inferiores a 9 años de cárcel para los manifestantes no los lleva la Audiencia Provincial de Barcelona, sino uno de los 25 juzgados de lo penal. La Audiencia Provincial sólo se encarga de los casos en los que hay agentes de policía acusados.

Franz ha pasado por distintas fases durante estos meses en tierra de nadie, judicialmente hablando. Los primeros meses se recluyó en Tiana y renunció a buscar trabajo, a acudir a las clases de la universidad. Por la calle le daban ánimos, se sentía abrumado y quería aislarse, pero no lo consiguió: una periodista local contó su caso con nombre y apellidos, y en Tiana, pueblo del Maresme de 8.500 habitantes, todo el mundo conocía su historia. “Muchas veces no se tienen en cuenta las consecuencias psicológicas que suponen los meses de espera hasta el juicio, tanto para las personas acusadas como para sus familias”, responde García Berrio.

Después de aquel tiempo, a Franz le llegó la campaña de apoyo, las charlas... La aceptación de su situación a partir de la construcción del relato. Ahora está pensando en marcharse de casa, hace planes para cuando termine la universidad, se está mirando algún máster, sigue entrenando a los niños y piensa viajes para el verano. El estado de angustia absoluta ya ha desaparecido, pero tampoco quiere ser iluso. Sigue en alerta, esperando a que un día llegue la llamada de su abogado con las cinco palabras que aliviarán o intensificarán su angustia: “Tenemos fecha para el juicio”.