La Diputación de Toledo reprueba a Tizón, expresidente y diputado del PP
Los diputados de PSOE, Ciudadanos e IU han aprobado la propuesta de la Comisión Informativa Especial de Investigación que pedía la reprobación al expresidente de la institución y diputado por Toledo en el Congreso, Arturo García-Tizón (PP). La moción solicitaba también su renuncia al acta de diputado provincial. Los diputados rechazaban así la actuación llevada a cabo por Tizón en los pisos de la Diputación ubicados en la calle Cardenal Cisneros de Toledo.
Los diputados del Partido Popular votaron en contra. De hecho, el portavoz del grupo 'popular', Jaime Ramos, acusó a la Comisión Informativa de haberse creado sólo para hacer una “reprobación política con publicidad”, y tachándola de ilegal, según recogen Europa Press. En este sentido, Ramos ha señalado que parece “ilógico” reprobar a un miembro del grupo de la oposición, ya que la figura de la reprobación “vale” para hacerla a los miembros de Gobierno. El portavoz apuntó también que las conclusiones de la comisión estaban “predeterminadas de antemano”.
Ángel Luengo, diputado del grupo socialista, señaló que las actuaciones en los pisos propiedad de la Diputación pudieron implicar una asignación del gasto “mayor” que la actuación de mantenimiento. Para Luego esto pone de manifiesto que los pisos han sido usados de forma “habitual” y también que se ha permitido el uso a personas ajenas a la institución provincial. Para el socialista los comportamientos son “difícilmente explicables”, y ha argumentado también que “no estaba justificada la necesidad de vivienda” de García-Tizón en la capital regional, tal como recoge Europa Press.
Las conclusiones a que ha llegado la Comisión Informativa Especial de Investigación, tras las distintas comparecencias, determinan que las obras de reforma ejecutadas en el inmueble, con su consiguiente dotación económica, no eran necesarias ni urgentes, que el uso particular que se realizaba del piso “del presidente” no se ha justificado convenientemente, en el margen de las competencias propias de su cargo, y que ha faltado transparencia en el excesivo gasto y uso de los bienes patrimoniales públicos, en base a un usufructo demasiado personalista y ajeno a las necesidades reales, muy alejadas del interés general.
