Uno de cada cinco hogares de Castilla-La Mancha padece “pobreza energética”
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, hecha pública el pasado mes de diciembre, un 21,7 % de los hogares de Castilla-La Mancha “no tienen una temperatura suficientemente cálida en invierno”. Nuestra Comunidad es la cuarta donde ese porcentaje es más elevado, superando el 17,9 % de media estatal, que creció un 4,3 % en sólo cinco años.
Se trata de una manifestación de lo que se viene denominando como “pobreza energética”, que el Comité Económico y Social de la Unión Europea (CESE) define como “la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio razonable”.
Las causas, según el CESE, son una combinación de tres factores: elevados precios de la energía, bajo nivel de renta e insuficiente calidad de la edificación, y pueden desencadenar problemas de salud, e incluso muertes prematuras, endeudamiento de las familias y falta de confort en los hogares.
Según algunas estimaciones la pobreza energética afectaría a 6 millones de españoles, y más de 50 millones de europeos, por lo que el CESE ha propuesto una “acción europea coordinada” que evite un drama que “mata física y socialmente”.
En España, la crisis ha provocado pérdida de poder de compra en las familias en el momento en que los precios de la energía se han situado en máximos y, en concreto, la factura eléctrica de los consumidores domésticos se incrementó en un 62, 3 % en sólo 7 años. La inevitable consecuencia ha sido la reducción del consumo y la reciente reforma de la tarifa eléctrica que incrementa la parte fija en detrimento de la variable, vendrá a penalizar nuevamente a las familias que menos consumen.
Organizaciones ciudadanas como ADICAE o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético vienen denunciando esta situación y reclamando medidas a las administraciones con el fin de que no se produzcan cortes de suministro por impago, al tiempo que reclaman una profunda reforma energética que favorezca a los consumidores.
Algunos ayuntamientos y gobiernos de Comunidades autónomas están ya planteando mecanismos con el fin de garantizar los suministros básicos a los ciudadanos y evitar así las nefastas consecuencias de la pobreza energética, pero todavía no existe impedimento legal para la desconexión de los hogares de la red eléctrica por impago.
Tampoco la rehabilitación energética de edificios, que sería otra posible respuesta, logra despegar y ello pese a que el Plan estatal de Vivienda aprobado en abril de 2013 apostaba por ello, en la línea de lo que priorizan los Fondos europeos en los próximos años. Transcurrido un año apenas se han aprobado planes autonómicos, no se han firmado convenios entre el Estado y las comunidades con estos fines y los fondos destinados por el Instituto de Ahorro y Eficiencia Energética a ese objetivo son escasos.
