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Las “ilegalidades acumuladas” del yacimiento arqueológico Ciudad de Vascos

El presidente de la Diputación de Toledo recibe un premio por un proyecto que no ha respetado la parada biológica para anidación de aves y que mantiene la ilegalidad del terreno expropiado.

Desde IU destacan que será muy difícil su amortización a corto y medio plazo, y resaltan también las irregularidades durante la adjudicación del barco para transporte fluvial de visitantes.

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Yacimiento de Ciudad de Vascos, Toledo / Foto: www.ciudaddevascos.com

Yacimiento de Ciudad de Vascos, Toledo / Foto: www.ciudaddevascos.com

Hasta tres vías de “ilegalidades” acumula el proyecto llevado a cabo por la Diputación de Toledo para que el yacimiento arqueológico Ciudad de Vascos, en el término municipal de Navalmoralejo (Toledo), sea visitable. La ilegalidad en la expropiación del terreno para su construcción, el no haber respetado la parada biológica para la anidación de las aves y las “irregularidades” en la adjudicación del barco fluvial son las tres cuestiones que han hecho polémica esta iniciativa, por la que el presidente de la institución provincial, Arturo García-Tizón, recibirá un premio de la Cadena Cope en Talavera de la Reina.

El objetivo de la Diputación de Toledo es que este yacimiento hispano-musulmán sea visitable a través del río Uso y el pantano de Azután. El presidente de la institución impulsora del mismo recibe este galardón en reconocimiento al “alto grado de innovación y sostenibilidad” de este nuevo proyecto de “gran valor ecológico, histórico y cultural, que servirá para la promoción turística de la zona”. Es una calificación que no comparten desde el área regional de Medio Ambiente de IU, desde donde alertan de las “ilegalidades acumuladas del mismo”.

La responsable de asuntos medioambientales de esta federación, Rosa Prieto, explica que la explotación de Ciudad de Vascos para su apertura al público se ha hecho “mal desde el principio”, cuando la adjudicación del terreno se realizó mediante una expropiación declarada ilegal por los tribunales. “Desde ese momento la obra tendría que haberse parado, pero aún así siguió en marcha”, apunta.

También detalla las irregularidades en el terreno medioambiental, puesto que la Declaración de Impacto Ambiental estipulaba que debía realizarse una parada biológica de las obras para respetar, desde febrero a mayo, la anidación en la zona de especies protegidas como el águila perdicera. Sin embargo, “se ha seguido trabajando hasta finales de marzo”, con “obras de tapadillo” que tan solo han finalizado después de que Ecologistas en Acción remitiera a la Diputación un escrito para su paralización

“El respeto del periodo de parada biológica de las obras y del funcionamiento del proyecto es una estipulación de la declaración de impacto ambiental y de los compromisos ratificados en el seno de la Comisión de Seguimiento», afirmó entonces la asociación ecologista.

Un “destrozo ecológico”

Rosa Prieto habla de “destrozo ecológico” y da por perdida la anidación de las aves puesto que las obras deben haber impedido que se acerquen al lugar, y añade además otras cuestiones como la irregular adjudicación del transporte fluvial, que se realizó, según apunta, sin seguir los procedimientos de concurso habituales, solventados después por vía judicial.

La Mesa de Contratación de la Diputación de Toledo acordó el día 13 de enero adjudicar la construcción del buque de uso turístico, que comunicará el embalse de Azután con el yacimiento de Ciudad de Vascos, a la misma empresa a la que se adjudicó el pasado mes de septiembre por 344.850 euros (IVA incluido), la asturiana Astilleros Gondán, pero cuya resolución quedó anulada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda ante el recurso de otra de las licitadoras, Astilleros de Bermeo, obligando a convocar un nuevo procedimiento.

Como último despropósito, la responsable regional de medio ambiente resalta el hecho de que el coste del proyecto, que cifra en unos cinco millones de euros, "difícilmente" pueda ser amortizado a corto plazo. Calcula que aunque consiguieran que 120 personas realizaran la visita cada día con un precio medio, no se cubriría este coste, ni el mantenimiento del proyecto, hasta dentro de 20 años. En resumen, se trata de un proyecto de “ilegalidades acumuladas” que “ni siquiera tiene un objetivo turístico”, sino evitar que las visitas atraviesen los terrenos privados de la Finca de Cucañas, concluye.

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