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El inmovilismo como política de Estado frente al conflicto vasco

La decisión de entrega unilateral de las armas por parte de ETA, por mucho que se pretenda devaluar –por haber sido forzada por el acoso permanente de la policía francesa y española y por ser tardía– debería producir efectos tangibles en relación con el conflicto vasco.

Aunque según el tradicional esquema Rajoy de no ver los problemas, y en todo caso dejarlos dormir a la espera de que se resuelvan solos o en su defecto se los resuelva otro, lo cierto es que afortunadamente la sociedad civil vasca en su mayoría ha sabido salir adelante, ocupando el vacío de un Gobierno central que no asume que nos encontramos inmersos en un proceso transicional, y tomando la iniciativa en distintos frentes para superar los traumas de la división y enfrentamiento agudo y violento del pasado para lograr una paz duradera, sostenible e inclusiva.

Pero es necesario dar más pasos para avanzar y profundizar en la reconciliación y la convivencia pacífica. Caminar para hacer posible la superación de los traumas y emociones íntimamente ligados a los episodios de violencia como el odio o el rencor y que provocaron a lo largo de décadas de violencia la deshumanización del "otro" y sumieron a la sociedad en una profunda polarización. Y es que es la única fórmula para desactivar aquellos factores o elementos que puedan estar permanentemente realimentando el conflicto y el enfrentamiento (aunque ya no sea a los mismos niveles que en otros momentos) y de esta manera cerrar definitivamente el ciclo de violencia.

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Hoy en Siria como ayer en Irak, llenemos las calles al grito de '¡No a la Guerra!'

La ciudad de Alepo en Siria

La guerra de Siria es el conflicto actual que más tensiones está generando entre las distintas"familias" de la izquierda.

Según la fuente de la que"bebamos" podemos considerar que:

- El Presidente Sirio, Bashar al-Assad, es el nuevo icono universal del genocida que masacra a su propio pueblo, que lo extermina a base de bombardeos indiscriminados con barriles de explosivos cuyo único fin sería acabar con toda la población que no le sea afecta.

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Una insoportable sucesión de mentiras

Resuena un grito ensordecedor contra el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Las personas que heredan en Comunidades Autónomas como Andalucía y Asturias tienen que pagar hasta cien veces más que quien hereda en la Comunidad de Madrid o ¡mil veces más! que quien hereda en Canarias. Hablemos claro, sin pelos en la lengua: esta desigualdad es inadmisible. Es absolutamente necesario que, sin más demora, las Comunidades Autónomas que tienen el impuesto prácticamente suprimido lo recuperen, para que todos paguemos aproximadamente lo mismo.

Ah, ¿que no se trataba de eso?

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones era estatal hasta que, en una Ley de 1983, se cedió a las Comunidades Autónomas. El Parlamento no fijó criterios para evitar que las normas autonómicas introdujeran diferencias excesivas. Y esto permitió una competencia feroz entre diversas Comunidades, por motivos ideológicos o económicos. El resultado es bien conocido.

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La remunicipalización del agua y la transformación social

Manifestación a favor de la municipalización del agua en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Remunicipalización, esa palabra que suena tanto últimamente y que muchos se empecinan en encorsetar en una dimensión técnica que les permite argüir que los procesos que se dan no siempre son una remunicipalización, porque, o bien no siempre se recupera la gestión, o bien se refieren a una titularidad que nunca dejó de ser pública.

Sin embargo, remunicipalizar, sobre todo en materia de agua urbana, es un concepto que remite a una idea de modelo de gestión de unos bienes básicos que deben dejar de estar en esferas de mercado para recuperar su vínculo con la vida, con las personas. En palabras de Harvey se trata de establecer una relación social colectiva y no mercantilizada con determinado bien común. Por lo tanto, no sólo se trata de recuperar una gestión pública al uso, sino que se trata de abrir espacios en las instituciones como una vía hacía una sociedad más democrática.

Esto se detecta desde las primeras experiencias que tuvieron lugar a principios de la década de los 2000 en América Latina (Bolivia, Argentina, Uruguay o Brasil). El caso más paradigmático en aquel entonces fue el de Bolivia con la “Guerra del Agua”, una respuesta popular frente a unas políticas económicas que se basaban -y se siguen basando- en el neoextractivismo y las relaciones coloniales. En los distintos casos surgidos, el escenario sirvió para promover cambios en el modelo de gestión que a su vez estaban vinculados con el afán de cambiar aspectos de la sociedad.

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El maltrato psíquico sobre la mujer: dificultad probatoria

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Imagen de archivo: Una mujer enciende una vela durante una concentración contra la violencia de género.

Hace unos días me sorprendió el reclamo publicitario de un grupo de abogadas dedicadas "a la defensa de hombres maltratados". Así mismo, se ofrecía una definición de hombres maltratados: aquellos que sufren maltrato psicológico y físico por parte de sus exparejas, mediante la interposición de denuncias falsas. A mayor abundamiento, afirma este colectivo que "muchas de las denuncias por malos tratos en los juzgados de violencia sobre la mujer son falsas y con fines espurios".

La sorpresa me vino al concluir que tal nicho de mercado, posibles clientes con el perfil de "hombre maltratado" por interposición de denuncias falsas, fuera tal que motivara una especialidad de estas características.

En un contexto de desigualdad de género como el que vivimos, en el que desde los micromachismos cotidianos hasta los homicidios machistas, constatamos el profundo arraigo social de las conductas machistas, me veo en la necesidad de indagar acerca de esa posible ventana de oportunidad para crear una especialidad en la lucha contra el hombre maltratado.

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Corrupción, derecho penal del amigo y desmontaje del Estado democrático

Imagen de archivo: Manifestación de internos del CIE de Madrid que se amotinaron para denunciar las condiciones en el centro.

La historia del Estado Constitucional, desde las revoluciones liberales hasta la segunda mitad del siglo XX, fue una historia de progreso político-social plasmado en lo que Bobbio llamó la superposición acumulativa de tres dimensiones: primero, el Estado como fuerza; segundo, como Estado de derecho; y, tercero, como Estado democrático y social.

Vivimos, sin embargo, desde hace algunas décadas, un proceso histórico regresivo de desmontaje que invierte el orden de las tres dimensiones señaladas.

La apertura de la etapa neoliberal, a inicios de los 80, inició el largo e inconcluso proceso de desmontaje de la 3º dimensión, la del Estado como democrático y social propia de la Europa de posguerra. En paralelo a ello, estamos viviendo en el caso español, un desmontaje de la 2º dimensión, la del Estado de derecho, cuya última manifestación ha sido la aniquilación absoluta de uno de sus principios constitutivos: la igualdad ante la ley.

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La banalización del terrorismo en España: la Ley y (algunos) jueces

César Strawberry.

En estos últimos años, cada vez resulta más difícil intentar explicar a los conciudadanos europeos lo que está pasando en España con el Derecho penal antiterrorista aplicado a determinados actos de comunicación. Procesos como los dirigidos contra César Strawberry o Valtónyc generan verdadero estupor al norte de los Pirineos cuando uno cuenta qué es lo que ha motivado el procesamiento o la condena (la reacción es siempre de incredulidad: "Ya, pero seguro que debió decir algo más, ¿no?"; "Pero ¿no estaba además incitando a hechos concretos?").

Es cierto que la nueva regulación de los delitos de terrorismo de 2015 (cuando el entonces secretario general del PSOE estaba aún en el sí es sí, en la seriedad institucional y el "Pacto de Estado" con la organización que entonces y ahora controlaba el Gobierno del Estado) cambió por completo el sistema de definición –ampliándolo enormemente– de estas infracciones que ha estado en vigor más cuatro décadas, la regulación que ha acompañado todo el ciclo del terrorismo de ETA desde la transición hasta el cese de la violencia.

En efecto: las posibles repercusiones de la reforma de 2015, más allá de los primeros casos que estamos conociendo, son potencialmente gravísimas. Las novedades que introduce la reforma son de un alcance extraordinario, y pueden llegar incluso mucho más allá de lo que se ha visto hasta ahora: piense que se introduce hasta el delito de colaboración con el terrorismo por imprudencia; se ha llegado más lejos que en ningún otro ordenamiento occidental a la hora de incluir delitos extraordinariamente vagos y que pueden aprehender comportamientos de lo más variado.

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Las razones de la ira contra la violencia policial y el racismo en Francia

Grafiti que condena la falta de justicia y el maltrato policial. | Foto: Amanda Flety Martínez.

Parece ser que la misma causa genera los mismos efectos, por lo menos en lo que se refiere a los abusos policiales en las periferias urbanas de Francia y en las reacciones de indignación que provocan. Desde los primeros "motines" en la periferia de Lyon a finales de los 70, los abusos de la policía provocan la explosión del sentimiento de injusticia de los habitantes de estos barrios. Pero esta vez, el debate ha irrumpido en una campaña presidencial que parecía haber eludido el debate de la relegación socioespacial que se vive en los barrios periféricos.

¿Reflejan los abusos policiales un racismo sistémico en Francia?

El pasado 2 de febrero, cuatro agentes de policía arrestaron a Théo en Aulnay-sous-Bois, la periferia Norte de París. "Le vi con su porra: bajó mi pantalón y me la introdujo entre las nalgas, voluntariamente... En el coche, me golpearon mucho... con la porra, en las partes íntimas ... me escupieron y me insultaron", testimonia Theo. Lo trataron de bambula (insulto racista heredado de la colonización) y de "puta". Una lesión del canal anal de 10 centímetros de profundidad, según el informe médico, le causó una incapacidad de trabajo de 60 días. Por estos hechos, un policía está acusado de violación por la Fiscalía y tres más por violencia intencionada.

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Efectos de Vistalegre II: la esperanza renovada

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Los principales dirigentes de Podemos en la segunda jornada de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre 2.

Los efectos del congreso de Podemos en Vistalegre se han hecho visibles sin demora. Dada la sensación de que el proyecto -por la intensidad del enfrentamiento habido en los últimos meses- no iba a salir bien parado de esta reunión, es de resaltar el movimiento sorprendentemente pacificador resultante. Solo un milagro podía salvar la unidad de un partido en el cual se preveía que cualquier victoria amplia ocasionaría defecciones masivas entre los derrotados, acompañándose esto de un cierre de filas de los ganadores con las consecuentes exclusiones. Por suponer que la guerra abierta podía continuar en su línea devastadora, muchos pensaron que la mejor solución era un resultado equilibrado que conformara por igual a los dos proyectos predominantes.

Sin embargo, nada de lo sucedido hasta ahora confirma esta deriva sino, justamente, todo lo contrario. La victoria de los proyectos y candidatos de Pablo Iglesias fue contundente, pero no arrasó al adversario. Los votos del errejonismo (más del 30%) son un buen resultado y habla de un minoritario pero amplio sector apoyando una línea de acción diferente a la ganadora. Esta cuestión deberá ser bien valorada por Iglesias, cosa que parece estar haciendo. Así mismo, Errejón está manejando bien la situación al aceptar con altura la desaparición de la Secretaría Política y el lógico desplazamiento de su lugar de portavoz en el Congreso. Sus esfuerzos se encaminarán ahora a conquistar la Comunidad de Madrid y pocas dudas existen sobre su capacidad para lograrlo.

Se ha designado un nuevo comité ejecutivo donde se han repartido las secretarías y se ha nombrado un gobierno en la sombra al estilo inglés. En ambos figuran los líderes hasta ahora enfrentados, nombrándose a Errejón como responsable de la Secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político, nombre sugerente y nada desdeñable, ya que justamente toma en cuenta uno de los temas que han estado en liza en el debate.

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Los cambios de cromos en la Fiscalía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.

En estos días, nos hemos visto especialmente removidos por las noticias acerca de los nuevos nombramientos de Fiscales en cargos especialmente sensibles, por cuanto dichos cargos significan para la lucha contra la corrupción o para la persecución de los delitos que debe conocer la Audiencia Nacional.

Así mismo, ha tenido gran relevancia la pérdida de confianza hacia el Fiscal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, quien ha denunciado públicamente las presiones e "intimidaciones" a que se ha visto sometido, por haberse destacado en la lucha contra la corrupción en su Comunidad Autónoma.

En primer lugar, hemos de saber que los nombramientos de estos cargos son competencia del Consejo Fiscal, formado por 11 miembros y presidido por el Fiscal General del Estado, quien, con su voto de calidad, puede romper el empate.

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