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Efectos de Vistalegre II: la esperanza renovada

Los principales dirigentes de Podemos en la segunda jornada de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre 2.

Los efectos del congreso de Podemos en Vistalegre se han hecho visibles sin demora. Dada la sensación de que el proyecto -por la intensidad del enfrentamiento habido en los últimos meses- no iba a salir bien parado de esta reunión, es de resaltar el movimiento sorprendentemente pacificador resultante. Solo un milagro podía salvar la unidad de un partido en el cual se preveía que cualquier victoria amplia ocasionaría defecciones masivas entre los derrotados, acompañándose esto de un cierre de filas de los ganadores con las consecuentes exclusiones. Por suponer que la guerra abierta podía continuar en su línea devastadora, muchos pensaron que la mejor solución era un resultado equilibrado que conformara por igual a los dos proyectos predominantes.

Sin embargo, nada de lo sucedido hasta ahora confirma esta deriva sino, justamente, todo lo contrario. La victoria de los proyectos y candidatos de Pablo Iglesias fue contundente, pero no arrasó al adversario. Los votos del errejonismo (más del 30%) son un buen resultado y habla de un minoritario pero amplio sector apoyando una línea de acción diferente a la ganadora. Esta cuestión deberá ser bien valorada por Iglesias, cosa que parece estar haciendo. Así mismo, Errejón está manejando bien la situación al aceptar con altura la desaparición de la Secretaría Política y el lógico desplazamiento de su lugar de portavoz en el Congreso. Sus esfuerzos se encaminarán ahora a conquistar la Comunidad de Madrid y pocas dudas existen sobre su capacidad para lograrlo.

Se ha designado un nuevo comité ejecutivo donde se han repartido las secretarías y se ha nombrado un gobierno en la sombra al estilo inglés. En ambos figuran los líderes hasta ahora enfrentados, nombrándose a Errejón como responsable de la Secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político, nombre sugerente y nada desdeñable, ya que justamente toma en cuenta uno de los temas que han estado en liza en el debate.

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Los cambios de cromos en la Fiscalía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.

En estos días, nos hemos visto especialmente removidos por las noticias acerca de los nuevos nombramientos de Fiscales en cargos especialmente sensibles, por cuanto dichos cargos significan para la lucha contra la corrupción o para la persecución de los delitos que debe conocer la Audiencia Nacional.

Así mismo, ha tenido gran relevancia la pérdida de confianza hacia el Fiscal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, quien ha denunciado públicamente las presiones e "intimidaciones" a que se ha visto sometido, por haberse destacado en la lucha contra la corrupción en su Comunidad Autónoma.

En primer lugar, hemos de saber que los nombramientos de estos cargos son competencia del Consejo Fiscal, formado por 11 miembros y presidido por el Fiscal General del Estado, quien, con su voto de calidad, puede romper el empate.

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Gürtel y la Ley de Enjuiciamiento Civil

La exministra Ana Mato en una imagen de archivo

Después de la primera de las sentencias recaídas en relación a la denominada "trama Gürtel" el próximo hito procesal, no menor, será el que tendrá lugar este lunes cuando comparezcan a declarar los, por ahora, presuntos partícipes a título lucrativo: Ana Mato y el Partido Popular. El morbo está servido y, especialmente, respecto a la declaración de la ex ministra; sin embargo, donde realmente hay que poner atención es en la declaración del representante legal del PP porque no es una declaración más, sino una que puede cambiar el curso del proceso y de las demás piezas separadas que están aún pendientes de enjuiciar.

Para comprender la relevancia de la declaración del representante legal del PP es necesario tener presente algunos puntos que resultarán esenciales tanto para valorar esa declaración como para el resultado final del juicio.

¿Por qué han sido citados de declarar Ana Mato y el Partido Popular?

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Lo mortífero del narcisismo en Podemos: ¿qué hacer?

Existe una ley política y quizá natural que exige que dos vecinos fuertes y próximos, sea la que sea su amistad al principio, terminan siempre por llegar a un deseo de exterminación recíproca. (F. Dostoyevsky) 

La desazón que se ha instalado en los militantes y simpatizantes de Podemos es equivalente al entusiasmo que generó su nacimiento hace poco más de tres años. Dicho entusiasmo estaba bien justificado: emergía un partido que pretendía tomar las banderas del 15M, expresión ciudadana del gran malestar social existente, y que se proponía –conformado por gente joven, inteligente y bien preparada– promover un cambio en la política. Profesores con experiencia política en las luchas de la izquierda señalaban sin ambages dónde estaban los problemas reales de España.

Con un lenguaje accesible y preciso y con cierto desparpajo, cautivaron a un gran caudal de personas que no se sentían representadas por el bipartidismo tradicional y que vivían hacía tiempo a Izquierda Unida como un partido testimonial sin capacidad real de gobernar. Además, la fuerza de su deseo de transformación movió la fibra de sectores que habían perdido toda esperanza de poder tener un gobierno que se comprometiera de verdad con los sectores más desfavorecidos y que no sucumbiera en una deriva social liberal, como lo venía haciendo el PSOE desde hacía largos años.

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El decreto acordado por el PP, PSOE y Ciudadanos sobre las cláusulas suelo es otra ayuda a la banca

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Afectados por la claúsula suelo durante una concentración en Madrid.

El pasado viernes 20 de enero el Gobierno aprobó, con la colaboración de PSOE y Ciudadanos, un real decreto para crear un procedimiento extrajudicial que permita agilizar la devolución del dinero que muchos bancos cobraron de más a los hipotecados afectados por las cláusulas suelo abusivas. Aunque el objetivo declarado es facilitar y acelerar la devolución de este dinero y reducir carga de trabajo a los tribunales, lo cierto es que esta medida beneficia claramente a los bancos al, de una parte, exonerarlos de pagar las costas judiciales que se derivarían de todos los litigios en los que perdieran (que serían casi todos) y, de otra, dejar en sus manos la determinación, extrajudicial, de si ha existido o no un cobro abusivo e indebido.

Como es sabido, el pasado 27 de diciembre el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado indebidamente como aplicación de cláusulas suelo ilegales y abusivas. Unas cláusulas que permitían a los bancos cobrar más intereses de lo que les correspondería en un entorno de tipos de interés reducidos, sin que los hipotecados hubiesen sido convenientemente informados de ello. En definitiva, uno de los mayores fraudes a los consumidores que se ha realizado en nuestro país.

Sin embargo, la devolución de ese dinero cobrado indebidamente no es automática, sino que el afectado debe denunciar en los juzgados y ganar el caso (algo bastante sencillo porque ningún tribunal va a llevarle la contraria al Tribunal de la Unión Europea). Pero el Gobierno, en vez de aprobar un decreto para obligar a los bancos a devolver todo el dinero cobrado a través de este masivo engaño, lo ha hecho para librar a la banca de pagar las costas judiciales. Un Gobierno que legisla para proteger los intereses de la banca en vez de para proteger los derechos de los consumidores.

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Adiós a una Siria libre

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Fotografía fechada del 15 de diciembre de 2016 que muestra a unos civiles siendo evacuados del este de la ciudad de Alepo, Siria.

Hace año y medio que entre los políticos "realistas" occidentales se viene fraguando la tesis de que la solución a la guerra en Siria consiste en contentarse con aquello de "del mal, el menos". Y ya está aquí. Se llama Bashar Al Asad y ha puesto su bandera en el este de Alepo, ciudad dividida en dos en 2012 y símbolo de la revolución siria. Que el mal menor sea responsable del 80% de los 500.000 muertos y de los doce millones de desplazados y refugiados del país, de la puesta en marcha de la guerra civil que lo ha devastado y del arraigo del Estado Islámico en un cuarto de su territorio, poco importa ante los intereses de Rusia y su política de hechos consumados: Rusia ha convertido la guerra siria en una cuestión nacional, hasta el punto de que su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró antes de las elecciones estadounidenses que una nueva guerra fría podría estar a la vuelta de la esquina.

Estados Unidos y la Unión Europea a la zaga se han enredado durante meses en una cadena de concesiones a las exigencias de Rusia para emprender algún tipo de negociación que dé una salida política al conflicto. Las condiciones de Rusia han crecido al ritmo del avance de las tropas del Al Asad, apoyadas sin disimulo por el Ejército de Moscú. Y lejos de haber conseguido algo, la proverbial prudencia de Kerry se ha convertido en proverbial impotencia ante el cambio de rumbo de la guerra. Si hace dos años Al Asad apenas controlaba un cuarto del territorio del país, hoy la situación se ha revertido por completo, excepto en lo que atañe a las regiones bajo control del Estado Islámico.

Salvo en el caso de Palestina, nunca antes la ONU había sido tan inoperante y menospreciada. El Consejo de Seguridad está bloqueado por Rusia con la aquiescencia de China, la Asamblea General está muda de impotencia y el enviado especial a Siria, Staffan de Mistura, es objeto de mofa por parte de Al Asad sin que haya consecuencias. De la UE nadie espera mucho en política exterior, y Al Asad lo sabe tan bien que el pasado 7 de diciembre despachó con un 'no' rotundo e inmediato el llamamiento de seis capitales occidentales a una tregua en Alepo para establecer un corredor humanitario por el que evacuar a la población. Al Asad, que ha sido acusado por Ban Ki-moon, el exsecretario general de la ONU, de cometer crímenes contra la humanidad, repitió que solo le vale la rendición incondicional de lo que considera sin matices “organizaciones terroristas”. Luego, ha tenido que callar y doblegarse ante la fuerza de Rusia, que le ha impuesto una tregua pactada con Turquía, su peor enemigo, ninguneando a Irán, su mejor aliado. Es más, el gobierno ruso, en clara provocación a Teherán, ha invitado a Arabia Saudí a la ronda de negociaciones que se espera comience a finales de enero en Astaná. Está por ver si la tregua consigue llegar a entonces o sucumbe, como es previsible, a los intereses encontrados de Rusia e Irán. De momento, prosiguen los bombardeos de las milicias proiraníes a los enclaves sitiados en los alrededores de Damasco.

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Paz en Colombia, ¿una Pax Romana?

Fotografía de archivo de marzo de 2001 que muestra al líder histórico de las FARC, Manuel Marulanda Vélez

No cabe duda que debemos felicitarnos por la ratificación de los últimos Acuerdos de Paz alcanzados entre las FARC y el Gobierno de Colombia. Para una sociedad que ha sufrido mas de medio siglo de violencia por supuesto que son buenas noticias, pero el acuerdo finalmente logrado no puede dejar otro sabor que el agridulce, así como un profundo sentimiento de preocupación e incertidumbre a cerca del futuro.

Las posibles lecturas del acuerdo final, alcanzado tras el fallido plebiscito del pasado mes de octubre, pasan por aceptar que ha supuesto un triunfo para el Uribismo y el resto de sectores que apoyaron el “no”, que insaciables,  todavía se muestran insatisfechos con los acuerdos definitivos, pese a que se han incorporado gran parte de sus demandas. Por otra parte, las últimas negociaciones que condujeron al acuerdo definitivo fueron un pacto entre élites, prescindiendo de la presencia de los actores sociales que han jugado un rol vital durante el largo proceso de negociaciones en la Habana. Estos últimos comparten la opinión de que el acuerdo de noviembre ha convertido la paz en Colombia en una pax romana: una  paz de  vencedores con unos claros perdedores que son las víctimas –especialmente minorías y grupos tradicionalmente desfavorecidos- que, difícilmente se van a beneficiar en la misma medida que otros sectores de la sociedad colombiana de los progresos que sin duda traerá la pax romana a Colombia.

Este es el primero de una serie de artículos en los que se abordarán, desde esta perspectiva crítica, varios aspectos de los Acuerdos de Paz.

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El Plan Estatal de vivienda: nuevas propuestas y viejos conflictos

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, el diagnóstico sobre la estructura residencial en España ha sido aceptada por el conjunto de la sociedad y los poderes públicos: un parque de viviendas sobredimensionado, infrautilizado, sin apenas representación de la vivienda social y donde la única alternativa para el acceso es la propiedad. Así, el Plan Estatal de vivienda 2013-2016, de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas modificaba completamente los programas de ayudas, poniendo el foco en dos de las principales demandas históricas: el alquiler, en forma de ayudas a las personas y promoción de nueva vivienda social, y la rehabilitación. Sin embargo, no fue la racionalidad de las políticas públicas la responsable del viraje en la política de vivienda, sino más bien la tozuda realidad la que impuso el supuesto cambio de modelo. En un contexto en el que el crédito bancario había desaparecido como alternativa para la mayoría de la población y de las empresas, la producción masiva de viviendas para su venta no servía ni para dar cobertura a las necesidades de la población ni para mantener la actividad del sistema inmobiliario.

En cualquier caso, el fomento de la propiedad no desaparece del plan. El programa de subsidiación de préstamos convenidos se mantiene como herencia del modelo anterior. Su inclusión es consecuencia de la aplicación de varias sentencias que impedían cambiar las reglas del juego a parte de la población que había optado a dichas ayudas en planes anteriores. Absorbe la gran mayoría del presupuesto que el plan pone en carga, minimizando el posible impacto de los nuevos programas y del nuevo modelo planteado.

Además, es preciso recordar que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas. Así, la ejecución de las previsiones incluidas en el plan queda altamente condicionada por la firma de los convenios entre el Ministerio de Fomento y las distintas comunidades autónomas. Aprobado por Real Decreto en abril de 2013, la mayoría de los convenios de colaboración entre la administración General y Autonómica no se formaliza hasta el último trimestre de 2014, con excepción de Madrid donde se pospone hasta noviembre de 2015, a un año de la extinción del plan estatal. Además, las condiciones para optar a las subvenciones se recrudecen respecto a planes anteriores, estableciendo como fecha límite para la finalización de las obras marzo de 2017, aspecto crucial para entender la prórroga anunciada por el Ministro de Fomento.

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Nostalgia buena / Nostalgia mala

Bartolomé Ros: "Francisco Franco y Millán Astray abrazados mientras entonan cánticos legionarios. Cuartel de Dar Riffien". Fotografía de 1926.

Como cada año, el mes de noviembre se ha convertido en una retahíla de actos y celebraciones que conmemoran el aniversario de la muerte del dictador Franco, con políticos pseudo-democráticos y periodistas pseudo-periodistas cantando las alabanzas de un régimen que se dedicó a construir todo un entramado social que le permitió sobrevivir durante cuarenta años y tras una Transición que se ha convertido sólo en una excusa para otros cuarenta años de amnesia.

Unos años de amnesia que sólo han servido para perpetuar a unos grupos sociales y económicos que se han mantenido de forma casi inalterable desde la dictadura hasta la actualidad. Basta con mirar los antecedentes familiares de algunos de nuestros ministros y políticos principales para comprender que esa continuidad es un hecho palpable.

Las celebraciones anuales que se producen cada mes de noviembre hacen surgir una nueva cara de esa Transición, tantas veces alabada y tantas veces denostada. Surgen grupos de personas que recuerdan al régimen, que lo conmemoran, que siguen manteniendo la nostalgia de aquellos tiempos. Una nostalgia que a tenor de lo que dicen algunos políticos y periodistas (los "pseudo" de los que hablaba antes) está amparada, correctamente, en la libertad de expresión de la democracia que los ampara, pero que nunca se corresponde con la libertad de expresión que deben tener otros colectivos, otros grupos, otras personas, que piensan de forma diferente, que sienten de forma diferente. Esta es la "nostalgia buena", según la versión oficial: la que no provoca problemas al sistema; la que no "divide España", ese concepto tan manido y que tanta risa me provoca, porque los únicos que dividen a España son los intereses económicos que están consiguiendo que el abismo entre unos y otros se incremente notablemente.

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Feminización no es maternización

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El debate sobre la feminización de la política se extiende en España, en parte, de la mano de Pablo Iglesias y sus recientes declaraciones en un coloquio organizado por este diario. Dichas declaraciones fueron presentadas recortadas en un programa matinal de radio, lo cual las tergiversó y le hizo decir lo que en realidad no decía. Solo con haber escuchado la continuación de la frase hubiera bastado para acceder al sentido real de sus declaraciones. El coro de denuncias ante el supuesto machismo de Iglesias no se hizo esperar abarcando a los dos grandes partidos históricos en un ejercicio de cinismo demasiadas veces vivido. Sin embargo, esta polémica sirve para volver a pensar de qué hablamos cuando nos referimos a la llamada feminización de la política.

Bien dice Iglesias que no se trata exclusivamente de la presencia de las mujeres en los puestos directivos de los partidos políticos o en los consejos de administración de las grandes empresas, cuestión que remarca, y esto es lo que se cercenó, como algo que estaba muy bien.

El problema es que ahí no está el debate pues hay un amplio consenso social y político en facilitar la inclusión de las mujeres en todos los órdenes de la cultura. De ahí la idea de cuotas o de listas que incluyan alternativamente mujeres y hombres y respeten el fifty-fifty en el reparto de los hipotéticos cargos.

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