eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

La República Catalana después del 21-D: de la constitución política a la constitución social

Unos independentistas ondean una estelada

Se habla mucho de las elecciones del 21-D pero poco del día después ¿Cuál debe ser la estrategia del movimiento republicano catalán en caso de que vuelva a revalidar la mayoría absoluta en el Parlament?

El actual escenario caracterizado, por un lado, por la activación de un Derecho de guerra y de una segunda transición de blindaje del régimen por parte del Estado y, por el otro, por la ausencia de estructuras de Estado por parte de la República catalana; obliga al movimiento republicano catalán a redefinir el marco jurídico-conceptual desde el que hasta ahora había pensado construir República y Proceso constituyente. Veámoslo.

El Estado, el Derecho de guerra y el círculo virtuoso de la contrarreforma. La proclamación de la República catalana el 28-O implicó la culminación de un proceso, iniciado meses antes, de conversión de la Constitución española de Derecho ordinario a Derecho de guerra. El Derecho español pasa a tener cuatro usos que actúan de manera coordinada: 1. Como dispositivo de negación del derecho de autodeterminación y legitimación de la pertenencia de Catalunya a España. Los artículos del Título preliminar de la Constitución se usan para justificar la inclusión excluyente de Catalunya en el Estado; 2. Como dispositivo de represión, dando cobertura legal a la violencia policial, a imputaciones masivas o a la privación de libertad del Govern y dirigentes cívicos; 3. Como dispositivo de reestructuración ideológica de la sociedad española. Los conceptos jurídicos no son meros códigos inertes de comunicación, sino que mediante su significado reproducen un sentido común socialmente aceptado y sobrentendido por todos. Mediante los significados que palabras como Ley, Decreto, Sentencia, etc. reproducen, se consagra un imaginario social de quienes pueden emitir mandatos y quienes deben obedecer, y por tanto de quienes son autoridad y quienes súbditos. En el mismo sentido, palabras como “golpista” o “sedición” permiten una reordenación ideológica de la sociedad alrededor del “a por ellos”; Y, 4. Como dispositivo de negación del diálogo y para invisibilizar el conflicto a nivel internacional. El apego a la legalidad se usa para descartar un posible diálogo interno con independentistas y para negar las demandas de mediación internacional al insistir que es un tema de derecho interno.

Seguir leyendo »

Lo llaman "conflicto catalán" y no lo es

"Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo": célebre frase que se atribuye erróneamente al ilustrado francés, Voltaire, pero que en realidad es de su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall y que define atemporalmente ese principio democrático básico que sigue siendo necesario reivindicar aún hoy en pleno siglo XXI y que a las autoras nos sirve de perfecta introducción al presente artículo. 

Mucho se ha hablado estos días de lo que diagnosticó Naomi Klein a través de su “Doctrina del shock” y que es necesario repetir para llegar a asimilar que, efectivamente, estamos siendo víctimas de ello. Klein demostró cómo circunstancias excepcionales -sea una catástrofe natural o, por ejemplo, el miedo infundido por la posesión de armas de destrucción masiva- que sucedan en un momento determinado ante una población desorientada, son elementos idóneos para que el poder se atreva a aplicar duras medidas económicas o políticas que, en otras circunstancias, no tendrían éxito. Por ejemplo, el huracán Katrina no sólo se llevó por delante a la ciudad de Nueva Orleans, sino que se aprovechó la gran catástrofe para implementar recortes de derechos básicos y políticas neoliberales, que en otros momentos no habrían sido posibles: sobre la destrucción, la creación de un sistema nuevo, el neoliberalismo más vergonzante. 

Es la aplicación de esta Doctrina del capitalismo más salvaje la que se comenzó a poner en práctica, aquí, durante la crisis financiera de 2006 -sin obviar que no fuimos las únicas víctimas de un cataclismo económico con consecuencias a gran escala. Gracias a la crisis y apelando a ella se arrasó con las condiciones de nuestro modelo económico y social previo basado en los principios del llamado "estado del bienestar", como concesión temporal a quienes históricamente habían conquistado los derechos más básicos. El capitalismo a ultranza acechaba el momento más oportuno para imponerse, de ahí que no sólo no nos hayamos recuperado de la crisis sino todo lo contrario, hemos sido despojados poco a poco de servicios públicos, que han sido traspasados a las empresas acechantes. Los recortes en educación y sanidad públicas han sido explicados, por ejemplo, desde criterios de necesidad, de escasez de fondos. Las empresas se habían arruinado, nos decían, por eso fue necesario bajar salarios y, sin embargo, los miles de millones de euros de ganancias, a costa de precarizar el trabajo, fueron aprovechados por algunos empresarios para realizar cuantiosas donaciones para la investigación de enfermedades sin que faltara una buena campaña de comunicación para encumbrarlos; un miserable proceso de privatización del derecho a la salud al que sólo se puede acceder a través del favor del millonario oportuno. 

Seguir leyendo »

Bruselas: cita con la justicia

Puigdemont y sus exconsejeros, en Bruselas.

Trasladarse a Bruselas y afrontar allí un proceso no ha sido una decisión sencilla para los miembros del Gobierno catalán que este viernes enfrentarán la primera de las vistas que podrían darse en este procedimiento; sin embargo, el auténtico protagonista de la cita judicial no será otro que el juez encargado del caso que tendrá sobre sus hombros uno de los mayores desafíos profesionales que cualquier jurista pueda imaginar: resolverá no tanto sobre una entrega extradicional como sobre el concepto que en Europa debemos tener de la democracia y de los derechos fundamentales, también tendrá que pronunciarse sobre si los hechos descritos en la reclamación son constitutivos de diversos delitos conforme al ordenamiento Belga y, más aún, si en el caso de entregar a los políticos catalanes tendrían garantizada la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial, el derecho de defensa, el derecho a un proceso con las debidas garantías, etc.

Todo el peso de la tradición democrática belga, de las garantías procesales del ordenamiento belga, del derecho comunitario y de los tratados internacionales estarán sobre los hombros y la mesa del Juez y será él quien, en una primera vista, tendrá que decidir sobre temas esenciales, tales como: la atipicidad de los hechos descritos y que la Audiencia Nacional ha prefijado como delitos de rebelión y sedición, la inexistencia de determinados hechos que se presentan como malversación y se presentan como si fuese un delito de corrupción, la imputación adicional, sin siquiera haber sido solicitado por el fiscal ni constar en las actuaciones, de delitos que no forman parte del procedimiento, la proporcionalidad de la reclamación, la vulneración de la presunción de inocencia por parte de las autoridades políticas españolas, la falta de imparcialidad y competencia de la juez reclamante, el carácter o no de persecución política, la criminalización de la protesta, la configuración de un concepto de violencia diferente al admitido desde una perspectiva europea, etc.

Seguir leyendo »

Los fracasos del independentismo

21 Comentarios

Diada de 2017.

1641, 1873, 1931, 1934 y 2017. Cinco fechas separadas por 376 años. Cinco fechas donde Catalunya intentó separarse de España y donde, en cada una de ellas, fracasó. Algunas sangrientas y esta última, aún en desarrollo, sin muertos y con encarcelamientos. Los tiempos han cambiado en Europa y ya no se admiten hechos violentos en el corazón de la misma. Ahora, por suerte, se trata de conseguirlo e impedirlo en democracia y con democracia.

Esto implica un sistema legal instituido en España, el statu quo, compuesto por los diferentes poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- que se va a defender de cualquier subversión con todas las armas que el Estado de derecho le permite, incluso retorciéndolo un poco y forzándolo, como apreciamos, con encarcelamientos de cuestionable legalidad, dado que las leyes tienen un aspecto interpretativo que queda al arbitrio de los jueces. Así vemos cómo el Tribunal Supremo da tiempo a la defensa allí donde la Audiencia Nacional encarcela inmediatamente. En el mejor de los casos, existen instancias superiores que están habilitadas para corregir las desviaciones de jueces que puedan dejarse llevar por afanes alejados de la justicia. A su vez, el Gobierno de España en manos del PP, apoyado por dos partidos políticos PSOE y Ciudadanos, se vale del artículo 155 de la Constitución que le permite intervenir la autonomía de Catalunya para rechazar la declaración ilegal de independencia. Situación inédita desde la instauración de la democracia.

Por parte del bando independentista constatamos cómo han sabido aprovechar los resquicios de dicho Estado de derecho y encontrar la manera de forzarlo, aun cuando las fuerzas no eran las suficientes, ya que si bien contaban con una mayoría parlamentaria -algo exigua por otro lado-, no lo era en número de votos ni podían aducir un consenso social claramente mayoritario, requisitos imprescindibles para una decisión de este calibre. El mejor ejemplo de dicho forzamiento de la legalidad lo vivimos los días 6 y 7 de septiembre en el parlamento de Catalunya con una votación que no respetó el propio reglamento de la cámara, seguido de la imposición y realización de un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Y también en las posteriores dos declaraciones de independencia, la del 10 de octubre -que sí que no- y la del 27 de octubre con la declaración unilateral de la independencia –previa consideración por parte del Govern de renunciar a ella y convocar elecciones- y el nacimiento de la nueva República Catalana. Es decir, que se hizo nacer a la República de un modo claramente precario y sin contar con la mayoría del pueblo catalán. El entusiasmo que provocaba este ideal les hizo confundirse con respecto a la realidad en la que vivían. ¿Solo una confusión o un error político?

Seguir leyendo »

Balfour: Los "negros" son los palestinos

Mujeres palestinas de Gaza lloran por la muerte de varios integrantes de una familia, entre ellos niños.

Al cumplirse cien años de la infame "Declaración Balfour" corresponde  analizarla y, de paso, establecer las consecuencias de la misma así como las responsabilidades que de ella deberían desprenderse, porque pocos actos políticos han conllevado tanto daño y sufrimiento marcando no sólo el pasado sino, también, el presente y parte del futuro del pueblo palestino... pero también del israelí aún cuando su Gobierno no quiera admitirlo.

Arthur James Balfour, que fue Primer Ministro Británico y luego Ministro de Exteriores, envió el 2 de noviembre de 1917 una carta a Lord Lionel Walter de Rothschild, entonces líder de la comunidad judía del Reino Unido, en la que, en su posición de Ministro de Asuntos Exteriores Británico, mostraba el apoyo del Reino Unido para el establecimiento de un Estado Judío en Palestina en perjuicio del pueblo palestino, carta que se conoce como "Declaración Balfour".

Seguir leyendo »

Problema de mayorías

Pleno del Parlament

Mirada con cierta distancia, la cuestión catalana es un asunto de mayorías en la que poco tienen que ver las reglas constitucionales o los procedimientos jurídicos. Hasta ahora, en votaciones con garantías, la causa independentista nunca ha obtenido una victoria aplastante, de hecho, en la que hace dos años se planteó como plebiscitaria (y decisiva), el apoyo indubitable a la independencia cosechó el 48% de los votos. Este porcentaje, que puede fluctuar un poco por arriba y un poco por debajo de la mitad de los electores, es el que genera el problema actual.

El independentismo asegura ser mayoritario, el Gobierno asegura que, por el contrario, la llamada “mayoría silenciosa” es la auténtica fuerza hegemónica. A ciencia cierta nadie sabe quién tiene razón, probablemente dependa del momento en el que esto se evalúa. La única cuestión cierta es que el independentismo no tiene una mayoría entre el 60 o 70 por ciento que lo haga incontestable. Eso lo sabemos todos los que vivimos en Catalunya, lo saben muy bien los que luchan por la causa independentista y saben que para lograr sus objetivos necesitan engrosar el colchón de partidarios. El Gobierno central se entera de esto a ratos.

Después de las reacciones internas y externas a los hechos acaecidos el 1-O parece haber tomado nota de que procediendo de esa forma hace un favor al independentismo y a su necesidad de mayorías amplias. Por eso ahora la táctica es la del terror a la debacle económica, pues de esa el Gobierno puede afirmar que la provocan los propios políticos catalanes independentistas. En este tira y afloja muchos, incluido el Rey con su no estáis solos dirigido a los catalanes no independentistas, justifican su posición en las mayorías, pero nadie tiene una carta ganadora. La carta sería esa mayoría del 60 o 70 porciento pues, a fin de cuentas, un régimen, cualquiera sea, tiene pocos números para sobrevivir mucho tiempo si un porcentaje así de la población está en contra.

Seguir leyendo »

Madrid puede ser Ankara

48 Comentarios

La aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno ha abierto no solo una crisis política sin precedentes sino, también, un debate jurídico que, estoy convencido, tendrán que resolver instancias judiciales supranacionales. Aplicar un artículo como el 155 de la CE, y hacerlo en la forma en que lo ha hecho el ejecutivo de Rajoy, necesariamente conlleva una disfuncionalidad jurídica que tiene escaso o nulo encaje constitucional. Me explicaré.

A estas alturas todos conocemos perfectamente la redacción que el Constituyente dio al tan maltratado artículo 155 pero lo que nadie tiene claro, y es ahí donde surge el conflicto o la disputa legal, es el alcance de dicha medida, cómo se debe aplicar, quién debe controlar su adecuada aplicación y qué sucede cuando, como en el presente caso, afecta directamente a Derechos Fundamentales tales como los recogidos, por ejemplo, en el artículo 23 de la CE que establece: “ Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” o como los reconocidos en el artículo 20.1.c) en materia de derecho a “ comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Seguir leyendo »

Deriva nacionalista española y secuestro del derecho

25 Comentarios

Sede del Tribunal Constitucional.

Una de las consecuencias de la crisis catalana ha sido la hiperinflación jurídica de los discursos políticos y periodísticos. Estado de derecho, soberanía nacional, indisoluble unidad de la nación española… Es difícil encontrar manifestaciones sobre esta crisis que no usen o abusen de términos jurídicos. Los partidos mal llamados constitucionalistas, numerosas instituciones del Estado y especialmente los medios de comunicación apuestan por cargar sus discursos con referencias al derecho y a la Constitución.

Esto debería ser lo normal en una sociedad democrática. Diríase que, finalmente, el derecho como disciplina y como ordenamiento ocupa el lugar que se merece. Mucho me temo que lo que está sucediendo es en realidad una reducción del derecho al legalismo y de la Constitución a las interpretaciones más rígidas de algunos de sus artículos, sin tener en cuenta ni el contexto, ni la función del derecho en las sociedades democráticas. Se ondean artículos de la Constitución como si fuesen preceptos sagrados con una única interpretación posible. Basta con leer la prensa u observar imágenes de manifestaciones recientes para ver cómo se utiliza la Constitución como arma de un proyecto nacionalista español que, además, marca una línea entre un “nosotros” -los que se adhieren a esta interpretación rígida y reaccionaria del derecho- y un “ellos”, unos enemigos, en el que están, estamos, los demás. El derecho parece secuestrado por unos sacerdotes que rechazan una lectura abierta y dinámica del mismo. Se da un uso político del derecho -y en no pocas ocasiones, vulgar- que poco tiene que ver con lo que es un sistema jurídico democrático. Se presentan como indiscutibles y prácticamente como pertenecientes a la naturaleza de las cosas determinadas interpretaciones restrictivas de los derechos por parte de jueces y fiscales, como si estos fueran actores neutros y no personas, en muchos casos, con una visión del derecho contaminada por la política.

Esto da en parte la razón a los que dicen que el problema no es el PP sino el Estado. Es cierto que la deriva restrictiva de derechos y recentralizadora la están ejecutando el Gobierno y también instituciones como el Tribunal Constitucional, la fiscalía, el Tribunal de Cuentas e incluso la Corona. Pero no podemos obviar que el problema está sobre todo en una derecha nacionalista que, con el apoyo del PSOE y medios de comunicación, ha ido transformando la función que a estas instituciones les encargaba la Constitución impidiendo su evolución en sentido democrático.

Seguir leyendo »

No creo en las casualidades

25 Comentarios

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Hace años aprendí que en el mundo de Derecho no existen las casualidades; ni mucho menos pude imaginar, entonces, que quienes deben aplicarlo se pudieran incluir en dicha premisa.

Una parte importante del Poder Judicial se ha aprestado con gran entusiasmo a participar en la resolución del conflicto político de Catalunya, sin ni siquiera pestañear ante la inadmisible instrumentalización que nuestro Gobierno ha hecho del mismo. En un Estado democrático y de derecho, no sólo los jueces debieran haberse cuestionado este dudoso y aberrante papel en el marco de un problema político, sino que deberían haber aplicado prudentemente el principio de mínima intervención que rige el derecho penal; éste establece que habrá de intervenir cuando no haya la más mínima duda de la comisión de delitos y que éstos sean graves. Siempre habrá de atenderse a otras herramientas menos lesivas, antes de acudir al derecho penal; por eso, se afirma, esta rama del derecho es la última ratio, el último lugar al que hay que llegar.

Sin embargo, desde el primer momento en que nuestro presidente del Gobierno hizo dejación de sus funciones políticas y activó la maquinaria judicial a través de la Fiscalía General del Estado, nos adentramos en la peligrosa senda de la politización de la Justicia, que abriga la máxima expresión del derecho penal como herramienta para reprimir el movimiento independentista en Catalunya.

Seguir leyendo »

He venido a votar no, pero voy a votar sí 

Cargas en calle Sardenya con Diputació a la salida del colegio Ramon Llull.

9:00 AM, 1-O, Escola Mediterrani, Barcelona.

No se han abierto las puertas y unas cuantas personas, mayoritariamente mujeres, protegen la entrada para garantizar que se pueda votar.

Como en tantas otras escuelas que visitamos y testimonios que recogimos, la Policía Nacional hace acto de presencia con poco respeto al manido principio de que la primera garantía ha de ser la Seguridad Ciudadana. 

Seguir leyendo »