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Un caso no es una causa

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Puri García, portavoz de Juana Rivas, lee una carta que le ha hecho llegar la mujer de Maracena que huyó con sus hijos.

El caso de Juana Rivas, o la causa de su "asesora judicial", ha abierto un debate vivísimo acerca de varias cuestiones, que se han pretendido resolver unívocamente desde un peculiar altavoz, "la asesora judicial" de Juana, quien ni siquiera es abogada pero que se considera muy legitimada para dictar estrategias –aunque sean ciertamente disparatadas– bajo el manto de la defensa de las mujeres. Feministas lo somos muchísimas, pero muy pocas personas se apresurarían, en "apoyo" a mujeres maltratadas, a despeñarlas por la senda de la inmolación bajo la bandera feminista. ¿La justificación? Que se debe actuar al margen de la ley porque ésta no funciona ni sirve para protegernos.

Bajo este prisma, el sistema de protección a la mujer sería una mera entelequia, una utopía no cumplida y tanto la Administración como la Justicia, como las abogadas de oficio que han defendido a las clientes de esta "asesora judicial" han sido inoperantes, perezosas o indolentes. El planteamiento, por tanto, sería: la ley es insuficiente y el sistema entero es inoperante. De ahí, se justificaría una suerte de desobediencia civil, muy sui géneris, en la que la afectada por tal injusticia, Juana Rivas, se daría a la fuga y, lisa y llanamente, incumpliría el dictado de cuatro jueces de Granada –una jueza del Juzgado de 1ª Instancia y tres magistrados de la Audiencia Provincial–.

¿Cuál es la ley que echa de menos? ¿Qué reclama que realicen nuestros representantes políticos ante el órgano legislativo contra la violencia de género? En el orden penal, se establece en los artículos 153 y 173 del Código Penal una extensa y desarrollada punición de aquellas conductas de violencia machista que han generado daño físico o psíquico en sus parejas. Así mismo, se encuentra todo un elenco de medidas de carácter familiar que, llegado el caso, podría afectar a la relación entre los hijos y sus padres condenados o sospechosos de maltrato machista.

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Charlottesville Primera Enmienda

Un detenido en la manifestación neonazi del pasado sábado en Charlottesville.

Las reacciones surgidas a raíz de los graves y alarmantes sucesos acaecidos este fin de semana en Charlottesville (Virginia) han sido bastante unánimes y, la mayoría de ellas, en la línea correcta de oposición al nazismo, al racismo y a esos supremacistas que creen representarnos a todos los blancos; la más lenta y menos consistente de las reacciones ha sido la del propio Trump y es comprensible que se haya debatido entre sus deberes como presidente y el cariño y respeto que le ha debido tener a su padre.

En todo caso, y con independencia de las reacciones, igual es momento de  analizar si este tipo de manifestaciones son o no legales en Estados Unidos y si vamos a tener que acostumbrarnos a las mismas o no. Intentaré hacerlo de manera muy resumida.

¿Pueden este tipo de energúmenos manifestarse legalmente por las calles de cualquier ciudad de los Estados Unidos?

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Las mentiras reiteradas del exjuez Garzón

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El exjuez, Baltasar Garzón.

En un artículo publicado a La Vanguardia el día 31 de julio, dice el señor Baltasar Garzón que "la postverdad es la mentira emotiva, cuando lo que ha ocurrido en realidad tiene menos importancia que la percepción que se puede tener del hecho en sí". En el supuesto que nos atañe, lo que ha ocurrido y, según él, tiene menos importancia, son las torturas que varios militantes independentistas sufrimos a manos de la Guardia Civil en el verano del 1992, poco antes de los Juegos Olímpicos. Un delito de lesa humanidad.

Con un comienzo de artículo como el citado, el exjuez Garzón ha desaprovechado una ocasión de oro para hacer una autocrítica y desmarcarse de las cloacas del Estado, de las cuales en algún momento de su vida quiso sacar provecho para hacer carrera política. Hay que recordar que él trabajaba para la Audiencia Nacional, la instancia judicial heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, que continuó cumpliendo con las mismas funciones sin ninguna revisión, limpieza o ruptura.

El motivo por el cual el pasado mes de julio unos cuantos encausados dimos el paso de esperarlo en el Parlamento de Cataluña es que él había sido el responsable judicial de la operación en el marco de la cual fuimos torturados. Un responsable innegable, puesto que fue quien ordenó nuestras detenciones. Es difícil aceptar que un juez que ve los cuerpos llagados de muchos de los detenidos sencillamente no pueda pensar que pasa algo de este tipo. Le hicimos esta pregunta el día que vino a nuestro Parlamento y él no la quiso contestar. ¿Era ingenuo o era cómplice?

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Hamza Talçin, jurisdicción de conveniencia

Recep Tayyip Erdogan

La detención en España del escritor y periodista turco Hamza Talçin no solo es una mala noticia sino la constatación de algo que algunos venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo: España se ha convertido en una jurisdicción de conveniencia en materia de extradiciones, un territorio cómodo del cual resulta relativamente sencillo, conseguir la entrega de personas reclamadas por cualquier país. Hamza Talçin, seguramente, desconocía este dato cuando tomó su vuelo con destino a Barcelona, no así las autoridades turcas que, incluso, cuentan desde 2009 con un convenio de cooperación en materia penal con España.

El foro de conveniencia, o la jurisdicción de conveniencia, es un fraude de Ley pero viene usándose en materia de extradiciones desde hace ya varios años y la razón no es otra que España, a través de la Audiencia Nacional, ha rebajado los criterios legales para la concesión de las extradiciones hasta límites intolerables en cualquier otro Estado democrático y de derecho; el caso de Hamza Talçin es un buen ejemplo porque ha viajado y vivido en diversos países pero no es hasta llegar a España cuando termina detenido y encarcelado y no es el único caso, ya en 2013 nos tocó defender al activista Bahar Kymyongur que, finalmente, conseguimos no fuese entregado a Turquía. Su delito consistió en manifestarse en el Parlamento Europeo en contra de las políticas de Erdogan pero Turquía lo reclamaba por pertenencia a organización terrorista, a una que ni tan siquiera existía tal cual hace ahora con Talçin.

En el caso de Hamza Talçin el proceso al que se enfrenta viene determinado por lo previsto en la Ley de Extradición Pasiva y, por tanto, existen dos fases de marcado carácter jurisdiccional y otras dos de eminente contenido político.

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Los niños, primero

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Juana Rivas

Un amigo me preguntó: "¿cómo abogado, qué opinas de lo de Juana Rivas?" La respuesta fue más bien de intuición jurídica porque, entonces, existían una serie de elementos del caso que desconocía, pero básicamente le expliqué que me parecía que no tenía razón, ni era la forma de actuar y que la problemática de niños con padres en distintos países es tan compleja que los jueces ni pueden ni van a hacer excepciones porque se rompería el finísimo equilibrio y la tenue cooperación jurídica internacional que existe sobre el tema. No iba desencaminado, pero ahora que he podido leer sobre el caso no sólo ratifico mi primera impresión sino que, además, creo que se está haciendo un flaco favor a la Justicia y, sobre todo, al sistema de protección internacional y nacional de los menores, que es lo que realmente está en juego. Y me explicaré.

Es efectivo que Juana Rivas es una mujer que ha sufrido maltrato y así consta en una sentencia de conformidad del año 2009, por la cual su entonces marido fue condenado a la pena de tres meses de cárcel. Posteriormente reanudaron la convivencia y tuvieron un segundo hijo. También es cierto que presentó en su día dos denuncias por amenazas que fueron archivadas y que cuando se traslada a España con los menores y decide no cumplir el régimen de visitas de los niños, presenta, ante un Juzgado español, una denuncia por amenazas que habría sufrido en Italia.

Es decir, no se debe ni se puede ignorar que estamos ante una mujer que probadamente fue maltratada y que probadamente ha presentado otras denuncias por amenazas, éstas últimas archivadas. Sin embargo, aquí lo que realmente se está discutiendo, y es el motivo por el cual todos y cada uno de los juzgados y tribunales por los que ha pasado el caso le han quitado la razón a Juan Rivas, es el derecho de los niños a disfrutar con su padre los periodos que el convenio regulador le ha atribuido a dicho progenitor. Ni el interés de la madre ni el del padre son los que están en juego sino el de los menores.

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Democracia y emancipación

Nicolás Maduro

Latinoamérica vivió hasta hace no muchos años un período de bonanza democrática y se produjeron conquistas por la acción de movimientos y partidos políticos que pretendían la emancipación de sus pueblos y derrotar a la política neoliberal. Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay hicieron creer que era posible la conformación de la soñada Patria Grande de los libertadores del siglo XIX.

Fracasadas las revoluciones de los años setenta del siglo XX, en las cuales el accionar político incluía la lucha armada de los movimientos guerrilleros y que fueron contestadas con el horror de dictaduras —que como en Argentina, Chile y Uruguay se cobraron miles de vidas y ocasionaron dolorosos exilios arrasando una generación—, dichos movimientos optaron por hacer política en el seno del marco democrático liberal y combatir con las armas propias de dicha vía: elecciones, parlamento, negociaciones, movilizaciones, transformación del enemigo en antagonista, aceptación de la derrota electoral y alternancia. En definitiva, vivir bajo el Estado de Derecho. Apostaron por poner fin a la violencia y por ir obteniendo gradualmente conquistas, sin despreciar los acontecimientos inesperados que pudieran hacer avanzar más rápidamente su proyecto político.

Es de Perogrullo que la aceptación de la democracia liberal tiene como consecuencia la posibilidad cierta de perder el gobierno y que el que venga pueda modificar en la práctica, si las fuerzas le son favorables, todo lo hecho por el gobierno anterior. Es decir, que lo que es estable es el andamiaje democrático pero no los logros alcanzados. Esto produce una gran frustración en los movimientos populares, pues siendo tan complejo como es modificar aquello que compromete los intereses de las clases dominantes —las que acumulan un enorme poder económico, mediático y cultural— sin embargo, se evidencia lo increíblemente sencillo que resulta el retroceder en los cambios producidos.

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La posverdad de Garzón

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Baltasar Garzón

Con motivo de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona se ha abierto un debate sobre el significado y alcance de aquel momento histórico. La efeméride también ha servido para revisitar uno de los episodios más oscuros de aquellos años, la llamada Operación Garzón. Coincidiendo con la cita deportiva, fueron detenidas o imputadas más de sesenta personas acusados de algún tipo de vinculo con Terra Lliure. Entre ellas, un alcalde, periodistas y miembros de organizaciones políticas como el MDT (ahora en la CUP), el Partido Comunista de Catalunya (PCC) o la propia ERC. También se hicieron registros como el de la revista El Temps. Los hechos provocaron actos de protesta y numerosas críticas. El entonces presidente Pujol o el obispo de Girona cuestionaron la redada dirigida por Luis Roldan. También Vazquez Montalban la cualificó de globo que iba a deshincharse. Tras el juicio, en efecto, la mayoría de ellos quedaron absueltos de unos cargos por los que fueron arrestados, incomunicados y encarcelados. Casi una veintena de los detenidos habían denunciado haber sido víctimas de torturas. Una vez sus denuncias fueron archivadas, iniciaron un largo periplo judicial de doce años para exigir justicia. Llegaron, finalmente, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que resolvió favorablemente sus reclamaciones en el 2004. La falta de investigación de los hechos – dictaminó– vulneraba la Convención europea de derechos humanos. Se imponía, así, una de las primeras condenas a un estado europeo en esa materia. No sería el único toque de atención. Un año después, por ejemplo, el Comité de la ONU para la Prevención de la Tortura (CPT) estimó la queja de dos arrestados – que tuvieron a Garzón como juez de guardia– sobre la falta de investigación de otras denuncias. El TEDH, de hecho, ha dictado hasta ocho condenas por el mismo motivo desde el año 2010 contra un estado que ha continuado haciendo oídos sordos.

En julio pasado, veinticinco años más tarde de la Operación Garzón, el Pleno del consistorio barcelonés aprobó una propuesta de la CUP sobre el asunto. El propósito de la iniciativa era reparar simbólicamente el daño causado a los afectados por la actuación ordenada por el ex–magistrado, ahora abogado. El texto logró salir adelante con los apoyos de Pdcat (ex CIU), CUP, ERC, BCNenComú y del concejal Gerard Ardanuy. La versión definitiva de la propuesta, tras la aceptación de una de las enmiendas de los comunes, excluyó la previsión de declarar a Garzón persona non grata en la capital catalana. La enmienda consideraba que una medida de esas características, nunca utilizada, era demasiado drástica, de dudosa legalidad y podía afectar a los derechos de quien la padecía.

Con posterioridad al acuerdo municipal, el ex–magistrado terció en la polémica con la publicación de un artículo en La Vanguardia. En él, expresaba su sorpresa por el desplante de la CUP en una intervención suya en el Parlament. Su actuación –entendía– había sido "impecable" y la condena de Estrasburgo no cuestionaba su intervención. Argüía cuatro argumentos. Uno, que los detenidos fueron examinados por el forense. Dos, que las torturas denunciadas fueron incluidas en las actas de declaración. Tres, que el juez competente para investigarlas era otro. Y cuarto, que en aquella época sus compañeros de la Audiencia Nacional eran menos diligentes que él.

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Rajoy, ¿indemne?

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Mariano Rajoy en el Congreso

Después de la tormenta viene la calma, aquel momento de serenidad que permite una valoración más acertada de lo acaecido. Con la declaración de Rajoy sucede otro tanto. Más allá de las anécdotas, no deja de ser interesante revisar lo sucedido y, poniéndolo de conjunto con el resto de los datos que se tienen, alcanzar una conclusión más precisa. Las expectativas levantadas por la declaración, por ahora como testigo, del presidente del Gobierno eran muchas, pero lo auténticamente relevante, al menos desde la perspectiva jurídica, es determinar si su testimonio fue veraz, conducente, pertinente y útil.

Es decir, hay dos vertientes del testimonio que es bueno analizar por las consecuencias que podrían tener: la primera es si dicha declaración fue una prueba pertinente y útil y si la misma ha de practicarse en el seno de otros procedimientos y, la segunda, afecta a la veracidad de la declaración prestada por el hoy presidente del Gobierno y que compromete su situación procesal.

La prueba fue conducente porque, tal cual dijo el propio Rajoy, no cabe duda que nos encontramos ante un testigo de excepción respecto a lo hecho y sucedido en el Partido Popular en los últimos 30 años. Téngase presente que no sólo ha estado allí donde se tomaban las decisiones sino que, además, se trata de una persona con una memoria privilegiada que afirma recordar perfectamente los hechos y los sitúa con rotundidad en el tiempo cuando afirma que "fue en 1990, hace 27 años". ¿Hay algo más conducente que tener un testigo directo y con buena memoria?

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La segunda ya tal

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Con independencia del "morbo" que puede generar la declaración de Mariano Rajoy en el juicio oral de la denominada operación "Gürtel" (Primera Época), lo que no debemos perder de vista son determinados aspectos jurídicos que, sin duda, resultan muy relevantes en dicho acto procesal, como son: el objeto del procedimiento, la obligación de decir verdad que tienen todos los testigos, su doble condición de presidente del Partido Popular (acusado de ser partícipe a título lucrativo en estos hechos) y la posibilidad que de sus manifestaciones se puedan desprender responsabilidades personales que le afecten en otros procedimientos. Todos estos elementos, y otros extra–procesales, condicionarán tanto el comportamiento del Tribunal como el del propio Rajoy.

Todos desearíamos que a Rajoy se le preguntase por una serie de casos de corrupción, por los apuntes de Bárcenas, por Valencia, por el Canal de Isabel II y muchos más hechos que han marcado sus diferentes gobiernos y su gestión al frente del Partido Popular. Sin embargo, este miércoles declarará en un juicio concreto sobre unos hechos determinados y cualquier pregunta que no se refiera a los hechos objeto de acusación deberá ser declarada impertinente tal cual establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No podemos llevarnos a engaños y aquí ni cabe preguntarle por apuntes "extra-contables" como aquellos referidos a "corbatas presidente" o a "Mariano R." ni a nada que no tenga que ver con "Gürtel–Primera Época", lo que restringe mucho el marco del interrogatorio al que podrán, y deberán, someterle las partes.

Delimitado el objeto del debate, y por tanto el del interrogatorio, Rajoy quedará sometido a las obligaciones que establece la Ley, en especial aquellas referidas a los testigos, siendo la principal la " obligación de decir verdad"; sin embargo, aquí ha de tenerse presente que en su caso concurren otros elementos que el Tribunal tendrá que valorar.

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Entendiendo lo que sucede en la Jerusalén ocupada

Ciudad de Jerusalén

Si bien la gran mayoría de los medios de comunicación omitieron cualquier referencia al hecho, por más de una semana miles de palestinos se manifestaron pacíficamente en la ciudad ocupada de Jerusalén. No era una manifestación religiosa sino la sociedad civil palestina en Jerusalén, incluyendo a sus más altas personalidades políticas, religiosas y del sector privado, quienes habían tomado sus calles de forma absolutamente pacífica. Y mientras pasaban las horas, más y más personas se unieron a una manifestación surgida a partir de la decisión israelí de colocar detectores de metales en las entradas del complejo de la Mezquita de Al Aqsa. La excusa esgrimida por el liderazgo israelí fue un ataque en el que murieron dos policías israelíes desplegados en la Ciudad Antigua.

Sin embargo, quien diga que el gran estallido social iniciado en Jerusalén Oriental, y pronto esparcido hacia el resto de Palestina Ocupada, es simplemente debido a la imposición de los detectores de metales, no entiende ni la esencia del problema ni lo que es la realidad de una ciudad – y un país - que han cumplido cincuenta años bajo una ocupación militar extranjera. 

Las manifestaciones pacíficas, reprimidas brutalmente por las Fuerzas de Ocupación israelíes, incluyeron a miles de personas que no rezan en la Mezquita de Al Aqsa pero que si han sido víctimas del resto de las políticas israelíes orientadas a consolidar su ilegal colonización de Palestina tales como: expropiaciones de terrenos, desalojos sistemáticos, demoliciones de hogares, cancelaciones de permisos de residencia, denegación de las solicitudes de reunificación familiar, detenciones arbitrarias y violencia diaria. A ello hay que sumar el cierre de todas las instituciones nacionales palestinas en Jerusalén y la persecución contra las organizaciones de la Sociedad Civil. Todo en función de la expansión de colonias ilegales y de la infraestructura asociada a dicho proceso.

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