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Y al principio fue el desorden

Rómulo mata a Remo y Roma es fundada como Monarquía. El hijo del Rey Tarquinio el Soberbio viola a la joven Lucrecia y la República es proclamada. La sangre de César da origen al Imperio Romano como el asesinato de Cristo es el alfa y fundamento del Cristianismo. En el universo simbólico que intenta explicar el inicio de nuestras sociedades pareciera como si el crimen fuera siempre la causa primera. La existencia del orden social se justifica sobre la hipótesis del desorden anterior: la anarquía, el crimen, la sangre y la guerra fundamentan el nuevo imaginario. Con el surgimiento y consolidación del Estado contemporáneo, esta realidad es aumentada exponencialmente a través del voluminoso corpus de un contractualismo del miedo que tendrá a Hobbes como referente. La única manera de superar la “guerra de todos contra todos” es creando un orden normativo que, mirando con temor la etapa precontractual, esté diseñado para evitar el regreso a la selva de la injusticia.

Europa misma como concepto no escapa a este principio. Su nombre descansa en un rapto divino, en un crimen mitológico que se prolonga en el tiempo y consigue hundirse en pleno siglo XX. El relato de existencia de la Unión Europea, de su razón de ser, se asienta en el temor al regreso de la guerra fratricida. Es innegable que los primeros pilares de la construcción del proceso de integración bebieron en gran medida de un movimiento europeísta que tenía por meta superar los seculares conflictos nacionales que habían abocado a la destrucción del continente y al cuestionamiento mismo del ser humano en los campos de exterminio. El proyecto europeo se rodeó de símbolos, tratados e instituciones que, bajo el aura del europeísmo, se enraizó en el rechazo al sangriento balance of power y a su propia devastación en las dos guerras mundiales. Spinelli, Monnet o Madariaga tenían muy presente la cercana catástrofe europea, y en aras de su superación, idearon un proyecto que, tras no pocas tensiones, se vertebró finalmente en torno a la creación no de una federatio política, sino de un mercado económico común. Pero el propio mercado común, la misma naturaleza eminentemente económica de las entonces Comunidades Europeas, se nutrieron de ese discurso áurico de la superación del conflicto bélico, del europeísmo pacífico que en su día soñaran Kant o Hugo. Ése era el relato fundante, mecido y adornado por las bondades del libre mercado y de los principios del ordoliberalismo alemán, y esa fue la fórmula discursiva que amparó las primeras décadas de la integración.

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2013: el año que no acabó en Brasil

Junio de 2013. Miles de personas toman las calles de varias ciudades de Brasil pidiendo la reducción en la tarifa del transporte público. Los empresarios habían pedido un aumento para seguir prestando los servicios. El resultado, como ya era costumbre años anteriores, iba directamente al bolsillo de la población.

En Sao Paulo, se anunció un reajuste de casi 7% en los billetes de trenes y autobuses, aumentando de 3 a 3,20 reales. Un valor correspondiente al 22,6 % del salario mínimo vigente en la época, considerando apenas trayectos de ida y vuelta al trabajo.

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¿Por qué debe permitirse a Otegi presentarse a las elecciones?

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Aunque la presentación de la candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari por la coalición EH Bildu ha saltado con fuerza a la arena del debate político, todavía no ha alcanzado toda su intensidad.

Las posiciones de los principales partidos se han decantado, condicionadas por la coyuntura política nacional y autonómica. Unas claramente en contra, y otras, aunque abiertas a admitir la candidatura, se mantienen esquivas y con matices. PP, Ciudadanos y UPD han alzado el hacha de guerra y afirmado que de prosperar la recurrirán. Meritexell Batet del PSOE afirma que si Otegi ha cumplido sus obligaciones jurídicas debe poder presentarse, pero Pedro Sánchez lo deja a lo que diga la Junta Electoral y la justicia, manifestando que no harán compaña sobre esto. Por su parte, solo el secretario de organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha afirmado que Otegi tiene que concurrir a las próximas elecciones autonómicas vascas para que sean "naturales y democráticas".

El Gobierno central no ha necesitado pronunciarse. Consciente de que es un tema de dimensión fundamentalmente jurídica, ha dejado que sea la fiscalía de la Audiencia Nacional quien lo haga por él, que ha enviado a la Junta Electoral de Guipúzcoa un informe en el que se pronuncia sobre la "inelegibilidad" de Otegi, posición con la que además parece querer condicionar la de las otras fiscalías que tienen directa competencia sobre el tema: la del País Vasco, de manera que su fiscal jefe Calpasoro ha cambiado su posición inicial y secunda ahora al fiscal Zaragoza, pero sobre todo la del Tribunal Constitucional, que es el órgano a quien corresponde en última instancia pronunciarse, sin que tampoco se conozca la de la Fiscal General del Estado.

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Khan al-Ahmar: el derecho a la educación de los niños y niñas palestinos amenazado bajo órdenes israelíes de demolición

La escuela beduina de Khan al Ahmar

En la carretera de Jerusalén a Jericó se erige la pequeña comunidad beduina de Khan al-Ahmar, formada por chozas y estructuras temporales y rodeada de asentamientos ilegales de colonos israelíes. Sus miembros pertenecen a la tribu Jahalin, formada originalmente por pastores nómadas del valle del Jordán que fueron expulsados tras la guerra árabe-israelí de 1948 desde Tal Arad, zona del desierto del Negev en el sur de Israel, a Cisjordania.

Después de la ocupación de Cisjordania por parte de Israel en 1967, los militares israelíes han ido restringiendo el acceso de los beduinos a los lugares habituales de pastoreo. Finalmente se vieron obligados a permanecer en el entorno de la carretera de Jerusalén a Jericó donde en la década de los 80 establecieron campamentos semipermanentes. Hoy en día esta comunidad se localiza en la denominada Zona C, en el centro de Cisjordania, bajo el control de las autoridades israelíes.

En este área viven en la actualidad unos 7.000 beduinos, alrededor del 60% de ellos niños, que residen en 46 pequeñas comunidades como la de Khan al-Ahmar. Más del 70% de los residentes son refugiados, carecen de conexión a redes de electricidad y agua corriente. La falta de pastos ha hecho que tuvieran que reducir drásticamente sus rebaños de cabras y camellos y en consecuencia sus ingresos se han visto considerablemente mermados. Sin embargo sus vecinos, colonos israelíes que viven en asentamientos construidos en contravención del derecho internacional, reciben un tratamiento preferencial en términos de asignación de tierras, planificación y prestación de servicios.

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En España necesitamos que se cree más dinero y se ponga a disposición de familias y empresas

Existe una idea terriblemente extendida entre economistas y no economistas que consiste en lo siguiente: crear dinero provoca inflación. O lo que es lo mismo: crear dinero hace que éste pierda valor y que cueste más comprar productos. A muchos incluso les viene a la cabeza fenómenos hiperinflacionarios en los que se cargan carretillas llenas de fajos de billetes que apenas sirven para comprar una barra de pan. Es impresionante lo extendida que está esta idea, y también la falta de crítica que tiene. Porque poner en cuestión este axioma, por poco que sea, supone inmediatamente ser tachado de ignorante o de loco.

Pero lo cierto es que esa famosa idea es parcialmente falsa o, cuanto menos, profundamente imprecisa. Crear dinero puede provocar inflación, pero puede que no lo haga. La clave reside en la cantidad de dinero que se cree y también el momento en el que se haga. Estaremos todos de acuerdo en que la creación de un único euro no provocará inflación y en que la creación de billones de euros sí lo hará. Por lo tanto, existirá un punto intermedio entre esos dos extremos en el que la creación de dinero pasará de ser irrelevante para los precios a provocar efectos sobre los mismos. Veamos cuál es ese punto intermedio.

La teoría económica convencional (concretamente el enfoque monetarista, responsable de la visión mayoritaria en la actualidad) que se enseña en las facultades y escuelas de economía sostiene lo siguiente: con más dinero en sus manos la gente iría más a comprar, y los vendedores verían la oportunidad perfecta para incrementar los precios de sus productos, ya que los clientes podrían permitirse mayores precios al tener mayor capacidad adquisitiva. De esta forma los vendedores se estarían aprovechando de la nueva situación ya que ingresarían más dinero que antes por cada producto vendido. Esto extendido a toda la economía tendría como resultado un incremento generalizado del nivel de precios (inflación). La cantidad de dinero sería superior a la cantidad de bienes y servicios a la venta, y cuando esto es así surge la inflación como un mecanismo que, a través de la pérdida del valor del dinero, acaba equiparando el mismo a la cantidad de producción.

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Matisyahu-Rototom: un año después

El verano anterior a la actuación de Matisyahu en el festival Rototom, el ejército israelí bombardeó Gaza asesinando a más de 2.200 personas. Más de 500 eran niñas y niños. Matisyahu puso su música y su trabajo al servicio de la Asociación de Amigos del Ejército Israelí.

Matisyahu también apoyó al ejército israelí en el ataque que asesinó a 10 activistas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza en la Flotilla de la Libertad en 2010. Tres activistas que participaron en esta misma Flotilla intervinieron en el Foro Social del Rototom. Una de estas personas, el periodista valenciano David Segarra, participó en el Foro Social junto a nuestro grupo en agosto de 2014 mientras las bombas caían sobre Gaza.

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No hay descanso en la lucha por un cambio

Parece que en abril de 2014 tuve un momento de gran esperanza, cuando comencé mi primera entrega a mi blog semanal con las siguientes palabras:

Nos servimos de la ley, de sus mecanismos y utilizamos su lenguaje, para apoyar la lucha por algunos cambios en el mundo.

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A Alemania le toca el turno en Jurisdicción Universal, investigando los crímenes cometidos en Siria

Cuando comenzó la revolución popular del año 2011 en Siria contra el régimen de Bashar Al-Assad, la mayoría de la población estaba de acuerdo en la protesta. Participé desde el inicio en un movimiento pacífico y en las manifestaciones pacíficas y protestas, así como en la tarea de proveer ayuda médica, comida y humanitaria. Pero lo más importante, fue trabajar voluntariamente como abogado en la Comisión siria por la defensa de los prisioneros de opinión y conciencia. Ahí, representé gratuitamente a los prisioneros ante las cortes sirias, especialmente ante la corte de terrorismo, que fue creada en el año 2012 con el fin de oprimir a los oponentes de Assad. Ahí documenté muchos casos de violaciones de derechos humanos en materias de género, especialmente violencia sexual contra las mujeres.

A causa de esta labor, la Agencia de Inteligencia Siria me detuvo durante varias semanas. En ese período fui objeto de ataques y maltratos, además de amenazas de muerte. Al final, hasta tuve que hacer frente a una acusación pública ante las cortes de terrorismo, por trabajar voluntariamente en la Comisión.

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De cabo de la policía a juez

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En momentos en que muchas instituciones están siendo abiertamente cuestionadas por un amplio sector de la ciudadanía no deja de causar sorpresa que una persona como Daniel De Alfonso pueda volver a ser Juez , mejor dicho, reincorporase a la carrera Judicial después del escándalo de la difusión de sus conversaciones con el Ministro Jorge Fernández Díaz; para algunos estamos ante un caso más de "puerta giratoria" pero creo que el problema es mucho más profundo.

El Consejo General del Poder Judicial lo ha autorizado en base a una aplicación estricta de las normas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial pero, seguramente, no se han tenido en consideración otros aspectos que, sin duda, desaconsejan que una persona como De Alfonso se reincorpore a la función jurisdiccional; y esto, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que puedan derivarse de las conversaciones que todos hemos escuchado, o, simplemente, al CGPJ no le quedó más remedio que acatar la Ley lo que no implica que los ciudadanos comprendamos y aceptemos tal decisión fácilmente.

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La invasión a Irak es un crimen

La invasión a Irak liderada por EE.UU. y Gran Bretaña a inicios del año 2003 es un crimen. Durante más de trece años de conflicto armado han muerto cientos de miles de personas. Todos los actores involucrados, incluyendo a EE.UU. y Gran Bretaña, han cometido crímenes de guerra, masacres, torturas y otros delitos. No esperamos ninguna autocrítica por parte del ex primer ministro británico Tony Blair y el informe publicado el pasado miércoles por la comisión investigadora británica (Irak Inquiry) –presidida por Sir John Chilcot– tampoco cambia para nada las cosas. No obstante, las conclusiones de Chilcot son muy claras: la decisión de Gran Bretaña de participar en la invasión fue prematura pues no se habían agotado todas las otras opciones. El Gobierno de Blair actuó sobre la base de información falsa; no sólo en cuanto a la información manejada por la inteligencia, sino que la guerra misma carecía de justificación jurídica.

Al mirar en retrospectiva la decisión de ir a la guerra, hay que recordar que tanto Saddam Hussein como su vecino sirio Baschar al-Assad cometieron gravísimas violaciones de los derechos humanos. Hussein es responsable por crímenes de lesa humanidad cometidos contra los kurdos y el pueblo chiíta en su país, además de la tortura sistemática en la cárcel de Abu Ghraib, décadas antes de que lo hiciera EE.UU. De modo que sería injusto culpar sólo a las potencias occidentales por la inestabilidad de la región. Pero de todos modos, la guerra e invasión de Gran Bretaña y EE.UU. ha contribuido mucho al debilitamiento de Irak y al surgimiento del “Estado Islámico”.

Es importante y está bien que Gran Bretaña –a diferencia de muchos otros– discuta y enfrente los errores políticos cometidos en este período y las violaciones de los derechos garantizados por la carta de las Naciones Unidas. En este sentido, el largo informe requerirá de una cuidadosa evaluación. Uno esperaría que luego de estas violaciones y delitos, los políticos y militares responsables fueran llevados ante la justicia, pero el problema es que el informe de Chilcot no es vinculante jurídicamente. La única opción sería –tal como dice el propio Chilcot– constituir un tribunal reconocido internacionalmente para juzgar y aplicar sanciones.

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