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Honorables ex-consellers, bienvenidos a la chusma

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Oriol Junqueras en una imagen de archivo

Nos llena de aflicción haber conocido la noticia de que el señor Oriol Junqueras será procesado por rebelión en primavera. Entendemos que no sepan qué clase de interpretación está haciendo la fiscalía de la inmunidad de los parlamentarios. Es perfectamente comprensible que sigan indignados porque les imputen unos delitos sin que haya base alguna para ello. Compartimos, por supuesto, su tristeza ante la permanencia en prisión provisional de Junqueras, Fon y los Jordis. Comprendemos su estupefacción al ver que el Estado de Derecho no se atiene al derecho. Siento decírselo: bienvenidos a la chusma.

Verán, aquí es donde están los encarcelados por las letras de sus canciones. Aquí te llevan a juicio por denunciar al capitalismo o criticar las instituciones. Aquí están las personas castigadas por participar en manifestaciones. Aquí están los atrapados entre leyes antiterroristas por pelearse en un bar o hacer unas pintadas. Aquí están las víctimas de la represión política. Gente con propuestas, ideas o discursos que el Estado no puede tolerar.

Pero aquí hay mucha más gente, no todo son activistas. No son mayoría, ni siquiera una minoría numéricamente relevante. Somos tantos que apenas podemos contarnos, tan diversos que no es posible definirnos sin invocar certeras pero polémicas teorías políticas. Somos los que volvemos a casa tras 10 o 12 horas de jornada (8 en contrato) con quemaduras y cortes en los brazos. Son cosas del trabajo, no hay nadie a quien denunciar por lesiones. A veces, en esos mismos trabajos, morimos. Pero son accidentes, nunca homicidios imprudentes. Aquí la empresa puede deberte varios meses de sueldo, pero sabes que si los exiges puedes acabar en la calle. Eso no es un delito, no es ninguna coacción, ningún chantaje, sino el “libre mercado, amigo”.

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Gaza, a la sombra de la muerte

Gaza

Ahmad Abu Omra, tenía 3 años y necesitaba salir de Gaza para recibir el tratamiento adecuado que le permitiera sobrevivir a su enfermedad, sin embargo, no obtuvo el permiso y murió en lenta agonía hace solo unos días. Según la Organización Mundial de la Salud un total de 54 personas han perdido la vida como el pequeño Ahmad en 2017 esperando para recibir la autorización por parte de israelí para ser evacuados de Gaza y recibir tratamiento médico. 

En 2017, además 28 personas perdieron la vida debido a la violencia del ejército israelí sobre Gaza, mientras que 1.181 resultaron heridas. A estos datos hay que sumar las muertes por suicidio que se han disparado tras la última ofensiva israelí (que en 2014 segó la vida a 1.500 civiles -incluyendo más de 500 niños y niñas- y arrasó la franja de Gaza). Si bien no hay estadísticas oficiales sobre el tema, los funcionarios de salud en la Franja de Gaza dicen que se han producido unos 200 o 300 suicidios en los últimos dos años. Otros datos indican que se trata de una estimación conservadora. La ONG We Are Not Numbers (WANN), considera que se ha producido un incremento de suicidios del 160% en comparación con años anteriores.

A los 22 años de edad, Mohanned Younis, un joven escritor y graduado de farmacia se suicidó a finales del año pasado al inhalar gas venenoso. Después de haber fracasado en sus intentos de salir de la Franja de Gaza para alcanzar su sueño de convertirse en escritor, acabó quitándose la vida. Mohamed narró en sus escritos la realidad deprimente de Gaza, describiéndola como un lugar insoportable en el cual era imposible sobrevivir. Desgraciadamente el sentimiento de Mohamed no era aislado, sino que es compartido por la mayor parte de los jóvenes de Gaza.

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Con la mofa hemos topado

Adán con el Monstruo del Espagueti Volador, imitación del fresco de Miguel Ángel

El artículo 16 de la Constitución Española versa sobre la protección de la creencia y práctica religiosa. Por una parte, consagra el derecho a la libertad religiosa y de culto, y por otra el derecho de todo individuo a no ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, desarrollándose estos derechos a través del artículo 2 de la Ley Orgánica 7/1980 en el que se reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de coacción en alguno de estos derechos y supuestos siguientes y que pueden categorizarse como de libertad de creencia, de práctica y reunión religiosa:

Libertad de creencia:

-Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna.

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Un Cristo en Jaén

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Montaje del usuario llevado a juicio

Un joven de 24 años ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Jaén a pagar una multa de 480 euros por haber insertado su propio rostro en sustitución de la cara de un Cristo que era la imagen usada por una Cofradía de Jaén. Esta imagen la publicó en Instagram y le insertó la frase "Sobran las palabras, la cara lo dice todo, Makaveli soy tu dios". Hace referencia a un famoso rapero, ya fallecido, por quien, parece ser, el joven siente gran devoción.

La Cofradía de La Amargura denunció la utilización de la imagen del Cristo Despojado. El problema suscitado no tiene que ver tanto con la delatora forma de proceder de esta Cofradía como con el hecho de que el juez de instrucción no dictase sobreseimiento libre y archivara la denuncia. A estas alturas, a nadie extraña que los buenos cristianos emprendan su particular cruzada contra los infieles desde remotos tiempos.  Sin embargo, cabe preguntarse por qué el juez de instrucción admitió la denuncia y formó una causa penal con hechos que no tenían apariencia delictiva. También resulta sorprendente que la Fiscalía decidiera acusar y solicitara inicialmente para este joven jornalero dedicado a la recogida de aceituna el pago de 2.160 euros en concepto de multa. En caso de impago debería sustituirse por 180 días de prisión.

Más tarde, en el juicio, el acusado se acogió a un acuerdo con el Fiscal para evitar la celebración del juicio, consistente en permitir una condena a cambio de aceptar una considerable rebaja del castigo: 480 euros de multa. Así le asesoró su letrada y el juez, teóricamente neutral en materia de pactos, lo plasmó en la sentencia condenatoria. Estos dos últimos tenían menor margen de acción y de decisión que los anteriores.

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Alsasua visto desde fuera

Manifestación en solidaridad con los detenidos de Alsasua

En la noche del 15 de octubre de 2016, un grupo de jóvenes de entre 19 y 24 años estaba en un bar en la localidad de Alsasua en Navarra, España, cuando estalló una pelea con dos hombres, que resultó ser agentes fuera de servicio de la Guardia Civil. En la pelea posterior, uno de los guardias civiles sufrió una fractura de tobillo. Dos jóvenes fueron detenidos de inmediato y llevados ante el juez de instrucción en la Audiencia Provincial de Navarra, y acusados de agresión. Poco después fueron puestos en libertad con medidas cautelares.

Algunos días después, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional (una corte centralizada con competencia exclusiva sobre delitos de terrorismo), alegando que los hechos equivalían a delitos de terrorismo y crímenes de odio. Posteriormente, la Audiencia Nacional asumió la jurisdicción del caso, a pesar de la oposición por los tribunales de Navarra que se negaban a aceptar que los delitos estaban relacionados con terrorismo.

Para el fiscal, esta no fue una pelea de bar normal. En su escrito de acusación, argumentó la concurrencia de un ángulo de terrorismo por el hecho de que algunos de los jóvenes son supuestamente miembros de un movimiento social no violento llamado "Alde Hemendik" ("Fuera de aquí") que aboga por la expulsión de Navarra de las fuerzas policiales del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional). El hecho de que esta fuera también una de las reivindicaciones originales del grupo terrorista, ETA, llevó al fiscal a establecer un vínculo entre los dos grupos. Sin embargo, los lazos entre los jóvenes y ETA han sido cuestionados por los abogados defensores, la Corte Provincial y el Parlamento de Navarra, así como por un amplio grupo de juristas y profesores de toda España. Además, en marzo de 2017, 74 miembros del Parlamento español y 14 miembros del Senado firmaron una declaración solicitando que estos eventos no se defieran como delitos de terrorismo.

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Posverdad judicial

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, dirigiendo un discurso a los presentes

En la época de la posverdad, y cuando se trata de instalar un determinado  “relato”, lo último que se tiene en consideración es la verdad, la realidad e, incluso, la propia Ley; en el caso del procedimiento que se sigue en contra de los parlamentarios catalanes y del depuesto gobierno de la Generalitat de Catalunya sucede exactamente lo mismo y no son pocas las ideas, creencias y relatos que se van instalando sin siquiera tener en consideración lo que establece la Ley y cómo esta regula el procedimiento mediante el cual se pretende condenar a quienes participaron en el denominado “procés”.

El último de los relatos que se busca instalar, y con el cual se han comprometido insignes magistrados y hasta el propio ministro de Justicia, hace relación con el inminente procesamiento de los investigados y la subsiguiente “inhabilitación” de todos los hoy investigados. La pregunta que surge, pero que pocos se quieren hacer, es la siguiente: ¿se trata de un relato o de una realidad jurídica?

Para determinar dónde estamos y cuánto camino habría que recorrer para que dichas afirmaciones terminen o no siendo realidad, igual deberíamos ver qué dice la Ley, esa triste olvidada a la hora de reprimir aquello que afecte a la indisoluble unidad de la nación española, y comprobaremos que la misma nos lleva a conclusiones un tanto divergentes respecto del relato que se está pretendiendo instalar.

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La acción coordinada de Gobierno y TC para la reforma regresiva de la Constitución

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid.

La represión puede operar como hecho puntual o como estrategia política. El Gobierno la ha adoptado como estrategia política para intentar desactivar el conflicto catalán. En cualquier conflicto social, para que la represión como estrategia política sea eficaz tácticamente debe adoptar la forma de amenaza de escalada.

La amenaza de escalada consiste en aplicar, de manera progresiva, cada vez mayores grados de represión para generar en su destinatario la percepción de que si no desiste de su comportamiento, la represión que se viene será más y más dura sin que ésta tenga fin. Crear en el otro una perspectiva de escalada permanente, persigue llegar a un momento en que la amenaza ya no sea asumible para éste y desista de su actitud. Sin la perspectiva de una escalada, la represión como estrategia pierde su eficacia táctica.

Aplicar represión pretendiendo generar en su destinatario una perspectiva de escalada, lleva a que sus grados deban ser cada vez mayores y ello trae, a la vez, a que en algún momento se empiezan a vulnerar derechos fundamentales de los reprimidos, chocando con los límites del constitucionalismo. Las Constituciones surgen y tienen como objetivo fijar límites a los abusos del poder en defensa de los derechos de los ciudadanos.

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Partamos de lo concreto para reformar nuestra Constitución territorial

Una imagen del Senado en pleno

Decía Ortega que a lo largo de la historia de nuestro país había existido siempre una especie de “defecto ocular que impide al español medio la percepción acertada de las realidades colectivas”. Sánchez Ferlosio, con unas décadas de diferencia pero con no menos acierto, apuntaba  en un célebre artículo que la “inteligencia de los españoles iba degradándose a ojos vista” como consecuencia de esa fiebre indómita, muy patria también, por las peculiaridades distintivas y los hechos diferenciales. Una unión de ambas perspectivas, síntomas de una enfermedad ya centenaria, parece relucir hoy al calor de la nueva y enésima crisis territorial y de identidad misma a la que el país en su conjunto se ve abocado. Al tiempo ha surgido, en los últimos meses, un interesante debate en torno a la crisis de la izquierda española y a su aparente incapacidad de atraer para sí a los sectores populares en medio de la cuestión catalana y de la reafirmación de los nacionalismos de aquí, allá y acullá. Se dice, se pregona y advierte que la traslación del debate político a lo nacional ha terminado por cerrar “la ventana de oportunidad” (expresión manida y al uso) que en su día abriera el 15M y que catalizara, con sus imperfecciones y virtudes, Podemos y aledaños. Fenómeno éste, el de haber quedado fagocitados por la polarización y las pasiones banderiles que adornan nuestras calles, que puede deberse más que a elementos externos incontrolables, al defecto tradicional al que apuntaba Ortega y al haber podido caer, y no lo afirmo, en la tendencia un tanto estulta de la que nos advertía la lucidez de Ferlosio.

Sea como fuere, y el tiempo dirá, lo cierto y verdad es que ha habido determinados resplandores de clarividencia y se ha impulsado un debate rico que, lejos del a veces excesivo ensimismamiento de la izquierda intelectual, puede impulsar propuestas concretas que saquen a los proyectos políticos y sociales alternativos del letargo al que quieren condenarlos. En torno a tal debate, inacabado y seguramente inacabable en el corto plazo, creo que han de cobrar especial relevancia propuestas de reforma constitucional ambiciosas, como la que ha lanzado Carolina Bescansa en el interior de Unidos Podemos; relevancia que se justifica, en primer lugar, por haber sabido ver que todo problema político (sea nacional, territorial, económico…) ha de tener siempre una solución final traducible en términos jurídicos y, en segundo lugar, por haber concretado esa posible solución como propuesta y como invitación, desde el realismo de la misma, a la glosa y la discusión.

Porque, no lo olvidemos, la salida a las múltiples crisis que nos azotan no ha de venir únicamente de las estrategias discursivas y de la construcción de símbolos ilusionantes que enmarquen los proyectos políticos, sino también de la articulación y concreción jurídicas de éstos con intención, esta vez nada ilusoria, de materializarlos. Se echa en falta que desde la izquierda se perfilen más concreciones, más invitaciones a lo propositivo desde el realismo y la posibilidad misma de que finalmente triunfen; y más habida cuenta de la nebulosa dialéctica en la que parecemos embriagarnos cada vez que nos adentramos en los vericuetos del asunto territorial. No hay cuestión más pendiente de concreción que ésta, y, sin embargo, no hay un tema que despierte más ambigüedades y fórmulas vacías que, también, lo territorial/nacional. Y ello no solo constituye un error, a mi juicio, de enorme calado político, sino además un cierto desdén para con las aportaciones doctrinales que, por la academia y la universidad española, se llevan haciendo… ¡desde la aprobación misma de la Constitución!

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Guía para no entender nada de lo que sucede en la causa por rebelión

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Varios exconsellers de la Generalitat, entre ellos Joaquim Forn (Interior), Raul Romeva (Exteriores),Carles Mundí (Justicia), Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Territorio), entre otros, a su llegada a la Audiencia Nacional este 2 de noviembre.

Dispone el artículo 117.1 de la Constitución que las personas que integran la magistratura se encuentran esencialmente sometidas al imperio de la ley en la administración de una justicia que emana del pueblo. Este sometimiento a la ley es el principio de legalidad, elemento nuclear del mapa legal que siempre debemos considerar y conocer en cualquier travesía jurídica que queramos emprender, pues en todo momento nos hallaremos a lomos de cualquiera de sus aristas o concepciones. En el ámbito estrictamente jurisdiccional penal, de todas las manifestaciones del principio de legalidad la más conocida de todas es la exigencia de que para que una persona sea condenada debe preexistir una lex praevia, stricta, scripta, et certa, rechazándose por tanto el arbitrio o simple voluntad del juzgador como modo de ejercer la administración de la Justicia.

El principio de legalidad es omnipresente en todo el ordenamiento penal, si bien la misma ley (como no puede ser de otro modo) admite que, en contraposición al principio de legalidad y para escenarios tasados, los poderes públicos practiquen el principio de oportunidad, que en materia jurisdiccional penal puede definirse como la facultad que se otorga a los representantes de los poderes públicos para que en determinados casos puedan dejar de ejercitar o promover la acción penal, solicitar un sobreseimiento, o una reducción de la pena, siendo operativo únicamente en los siguientes supuestos: 1. jurisdicción de menores, en la institución de la conformidad en los juicios penales (artículo 784.3 LECrim), 2. en la facultad que se otorga a los FFCCSE de no remitir un atestado cuando no exista sospecha de autor conocido (artículo 284,2 LECrim), 3. en delitos leves, cuando se faculta a Fiscalía para instar el sobreseimiento en determinados supuestos (963.1.1 LECrim), 4. ante la Corte Penal Internacional se permite al Ministerio Fiscal que no mantega la acusación cuando entienda que la investigación no redundaría en interés de la justicia, y 5. por último, en delitos fiscales el Tribunal Supremo ha admitido de un modo aun discutido en la jurisprudencia y doctrina que “ no todas las actas por importes superiores a los límites del delito fiscal acaban ni deben acabar en los tribunales.” (STS 990/2013 de 30 diciembre). Fuera de estos casos impera el principio de legalidad, y en lo que respecta a la persecución de los investigados por delito los agentes de policía, fiscales y personas integrantes de la magistratura están obligadas a perseguir a los presuntos autores de los actos criminales, sin margen alguno para la ponderación de otros intereses o cuestiones no contempladas en la ley, existiendo además los delitos de omisión del deber de impedir o perseguir delitos o sus responsables del 407 y 408 CP.

Una causa muy controvertida: En el proceso judicial seguido contra los miembros del Gobierno de la Generalitat, Mesa del Parlament y líderes de Omnium Cultural y ANC sus defensas vienen sosteniendo la falta de competencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, siendo otros los juristas que han denunciado públicamente una calificación de los hechos muy combativa, o han mostrado su disconformidad hacia un enrevesado y discutible sustento fáctico y motivacional utilizado para resolver las solicitudes de prisión provisional de varios de los investigados, a quienes se les exige un inaudito constitucionalismo militante, se ha dictado prisión eludible bajo fianza a los miembros de la Mesa del Parlament por permitir un debate en una cámara parlamentaria, o se han despachado órdenes de prisión eludibles bajo fianza a Carme Forcadell o Santi Vila de un modo que se les obligó a pernoctar una noche en prisión.

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Irán, análisis de la actual crisis, más allá de la brocha gorda

Elevan a 25 los muertos en las recientes protestas de Irán

La espiral belicista de Estados Unidos, sus adláteres y su aparato de guerra, y las distintas y creativas formas utilizadas para llevar la desestabilización, muerte y destrucción a aquellos pueblos cuyos gobiernos no aceptan los dictados del Imperio, nos llevan, en muchos casos, a mirar con desconfianza y recelo cualquier movilización popular cuando ésta se levanta contra uno de estos gobiernos. Son muchas, y distintas, las formas utilizadas para “vestir” estas agresiones: golpes de estado blandos (Brasil, Honduras…), intervenciones “preventivas”, “humanitarias”, revoluciones de colores, primaveras árabes… y también han sido muchos los pueblos que las han sufrido con el obvio objetivo de sustituir al “díscolo” gobernante de turno por otro más “razonable”: Yugoslavia, Iraq, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania, Venezuela…

Las organizaciones, partidos y movimientos políticos y sociales, del ámbito antiimperialista, estamos tan a la defensiva en esta cuestión que corremos el riesgo de elaborar análisis maniqueos, dividiendo a los gobiernos en “buenos y malos” en función de la posición de alineamiento con el bloque imperialista (EEUU, UE, OTAN, Israel, monarquías reaccionarias árabes…) o con el bloque alternativo (China, Rusia, Cuba, Corea del Norte, Siria, Irán…) y, a consecuencia de ello, impidiendo un examen riguroso en muchos países de cada uno de los problemas que se nos plantean, poniendo bajo sospecha cualquier matiz que escape a una tosca división en blanco y negro.

Desde que el pasado 28 de diciembre comenzaran las protestas en Irán, se ha entrado de nuevo en esta dinámica de buscar quién está apoyando las “movilizaciones de los sicarios del imperialismo”, “quién está haciéndole el trabajo sucio a Soros” o trabajando para la OTAN. Tremendo error.

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