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Podemos, la declaración catalana y las 'ventanas de oportunidad'

Independientemente del número de diputados que Podemos obtenga en la oposición, la ventana de oportunidad que se abrió en 2011 en el Estado español está ya cerrada

Cualquier intento de reconstrucción de la izquierda estatal pasa, primero, por revitalizar la movilización y la conflictividad social, y segundo, por la ruptura constituyente y la desobediencia

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Todo parece indicar que después del 20D y tras lo que serán unos insatisfactorios resultados para la izquierda en las elecciones, se iniciará un proceso de reconstrucción de la izquierda política en el Estado. Analizar la distinta estrategia seguida por Podemos y por las CUP durante los últimos años, así como los cierres o aperturas de “ventanas de oportunidad” a los que, respectivamente, han dado lugar cada una de sus estrategias, puede ser útil para tal ejercicio de reconstrucción.

Por un lado, Podemos ha optado por una estrategia basada en una trayectoria de fuera hacia dentro del espacio constitucional. Su estrategia ha consistido en reencauzar las luchas sociales que desembocaron en el desbordamiento democrático del 15M, su conformación como dispositivo de polemizar con el orden desde fuera de la institucionalidad y sus demandas de proceso constituyente hacia una opción política de “centro” institucionalizada que apuesta claramente por actuar e implementar reformas dentro del marco constitucional y sus procedimientos.

El resultado, a medida que se ha ido profundizando esta estrategia, ha sido una progresiva bajada en las encuestas electorales y su más que segura reducción a uno o varios grupos parlamentarios, más o menos numerosos, que actuarán como oposición en el interior del sistema constitucional. Sin embargo, e independientemente del número de diputados que obtenga, las opciones de Podemos de lograr algún tipo de democratización dentro del marco constitucional actual serán nulas. Y me detengo en ello.

La transición fue un contrato entre la élite económica y política franquista y las fuerzas y movimientos sociales antifranquistas que se plasmó en la conformación de un nuevo espacio constitucional en cuyo interior debían actuar las relaciones económicas, territoriales y políticas del nuevo Estado: la Constitución de 1978 (CE). En el interior de este marco constitucional, y como parte del contrato, la actuación de las élites económicas quedaba limitada por la obligación de respetar y cumplir la cara democrática de la CE (derechos sociales, pluralismo político, etc.), a la vez que la actuación de las fuerzas de izquierda quedaba también limitada por la obligación de respetar y cumplir la cara antidemocrática de la CE (monarquía, propiedad, economía de mercado, unidad indisoluble de la Nación, etc.).

La existencia de tales obligaciones recíprocas del contrato constitucional duró, sin embargo, poco. Ya de manera clara, desde los años 90 y con la firma del tratado de Maastricht, la élite económica y política española opta por trasladar el centro productor de legislación económica del espacio constitucional, en cuyo interior tenían límites y debían respetar los derechos sociales y democráticos, a un nuevo espacio extraconstitucional libre de esos límites y obligaciones: la UE.

La UE ofrece a las élites económicas y políticas, en primer lugar, un nuevo espacio de producción legislativa de tratados y directivas desde el cual poder legislar de acuerdo a sus intereses de clase sin estar limitados por la obligación constitucional de respetar los derechos de los ciudadanos. Y en segundo lugar, la posibilidad de sobreponer esta legislación a la normativa y realidad constitucional estatal. Tal escenario de pluralismo jurídico con predominio del derecho de la UE les permite gobernar desde fuera del espacio constitucional e imponer su voluntad sin tener que cumplir con sus obligaciones y compromisos constitucionales.

El contrato constitucional pasó a ser, en consecuencia y desde este momento, un contrato fraudulento en cuyo interior la negociación entre clases y la adopción de acuerdos de progreso social, esto es la vía socialdemócrata o reformista, dejó de ser válida para conseguir la garantía de nuestros derechos. Los derechos no son más que una forma de redistribución de bienes y oportunidades entre los miembros de una sociedad, y esta redistribución se hace efectiva a través de la imposición de obligaciones entre clases. Nada de ello es posible en el interior de un espacio constitucional donde la izquierda permanece obligada por la cara antidemocrática de la CE pero no dispone de posibilidades jurídicas para obligar a las élites a cumplir la cara democrática de la CE.

En consecuencia, independientemente del número de diputados en la oposición que Podemos obtenga, podemos afirmar que la ventana de oportunidad para transformar que se abrió en 2011 en el Estado español está ya cerrada.

Por otro lado, y a la inversa, las CUP en Catalunya han seguido una estrategia basada en una trayectoria de dentro hacia fuera del espacio constitucional. Conscientes de la incapacidad de la CE como marco jurídico para operar transformaciones, la estrategia ha consistido en intentar reconducir la gran movilización del proceso catalán del legalismo y respeto a la CE por el que apostaba inicialmente CDC y otros sectores del independentismo hacia la desobediencia y ruptura con la CE. La inclusión explícita en la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, que aprobará el parlamento catalán en los próximos días, de la desobediencia a cualquier acto decisorio que provenga del Tribunal Constitucional, al que se considera como deslegitimado y sin competencia, y de la apertura de un proceso constituyente de base participativa, ubica el proceso catalán en un espacio extraconstitucional y no fraudulento donde se abre a la izquierda una inmensa ventana de oportunidad para transformar y redefinir obligaciones y derechos sin subordinación a ningún límite.

En ningún momento estoy afirmando que ello sea fácil ni que ya este hecho; el proceso constituyente catalán deberá combatir no sólo a la represión y guerra sucia del Estado, sino también a una burguesía corrupta catalana que pretenderá evitar que éste pueda servir para llevar a cabo transformaciones económico-política estructurales emancipadoras. Lo que sí sostengo es que mientras la trayectoria del “fuera hacia dentro” del espacio constitucional seguida en el Estado por Podemos no permite vislumbrar ninguna esperanza de transformación real, la trayectoria del “dentro hacia fuera” del espacio constitucional seguida por la CUP en Catalunya abre una “ventana de oportunidad” de final incierto pero abierta.

De todo lo anterior podemos extraer algunas lecciones. Una de ellas es que cualquier intento de reconstrucción de la izquierda estatal no puede pasar por una refundación de nuevas siglas partidistas integradas en el sistema por parte de los líderes de los partidos fracasados, sino que necesariamente debe consistir, primero, en una etapa inicial de revitalización y creación de movimientos sociales y sindicales que permita reactivar y fortalecer la movilización y la conflictividad social en la esfera civil. Y segundo, en una etapa posterior, en la coordinación y creación de estructuras instrumentales que canalicen toda la fuerza acumulada no hacia el interior del espacio constitucional integrándola en el sistema, sino hacia la ruptura constituyente con la CE y la desobediencia a sus instituciones.

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