El TSJCV tumba el proyecto de planta de residuos animales que autorizó Bonig y rechazaba una comarca
La sección primera de la sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Ayuntamiento de la Pobla del Duc y anula la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la planta de tratamiento de residuos animales que se proyectaba en la localidad y que fue aprobada por la Conselleria de Territorio en tiempos de Isabel Bonig.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente autorizó en 2013 la construcción de una industria de transformación de subproductos animales en suelo no urbanizable en favor de la empresa Sig Renovables, SL, al obtener la aprobación del DIC solicitada en 2010. La intención de la empresa era implantar una planta de tratamiento de residuos de origen animal no aptos al consumo humano incluidos los tipificados como peligrosos, de categoría 1 para generar, a partir de su valorización energética, combustible alternativo que sirva a otras industrias tales como cementeras o fábricas de cerámica. Para autorizar el proyecto la conselleria subrayaba que se trataba de la única instalación de estas características en Valencia.
El proyecto se impulsó durante la última etapa del exalcalde de la Pobla, Natalio Navarro (PP) en 2010; pero fue conocida por el público en general con el cambio de gobierno y la alalcaldía del socialista Vicent Gomar (que permanece al frente del ayuntamiento hoy en día). Pero además el gobierno del PP, diez días antes de abandonar el ejecutivo en 2011, informó favorablemente sobre la implantación de la industria.
El caso generó el rechazo y las protestas no sólo de vecinos y colectivos de la Pobla del Duc, sinó también de localidades próximas de la comarca de la Vall d'Albaida como Bèlgida, Otos, Quatretonda, el Ràfol de Salem, Castelló de Rugat, Carrícola y Beniatjar, que comparten el paraje de l'Ombria del Benicadell, cuyo potencial consideran amenazado. El pleno de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida también acordó mostrar su oposición a la planta por unanimidad. En la fase de exposición pública del proyecto se registraron 2.655 alegaciones de particulares, empresas, consistorios o colectivos. La Pobla del Duc recabó más de 4.000 firmas contra a las instalaciones.
Para el conseller de Medio ambiente de la Mancomunitat y alcalde de Bèlgida, Diego Ibáñez, “es la mejor noticia que nos podían dar contra una planta que afectaba a toda una comarca que prefiere desarrollar actividades respetuosas con nuestro privilegiado patrimonio natural”. Ibáñez, que fue uno de los alcaldes denunciado para participar en las movilizaciones contra la planta, señala que “tenemos que estar muy agradecidos al Ayuntamiento de la Pobla del Duc y su equipo de juristas por demostrar a los tribunales la irregularidad de la concesión de la Declaración de Interés Comunitario por parte de Consejería que imposibilita la construcción de la planta”.
El recursde la Pobla del Duc se fundamentaba en la impugnación de las resoluciones tanto de la Conselleria de Infraestructuras, que otorgaba la DIC a la empresa SIG renovables, como la del director general de Evaluación Ambiental por la inexistencia de acceso rodado, suministras de aguas y energía eléctrica, así como la nula explicación sobre la ubicación en suelo no industrial por parte de los interesados, circunstancias que han quedado acreditadas. A la vez, se ha cuestionado el procedimiento administrativo “por obviar de manera clara ciertos factores que destapan las carencias del proyecto, como por ejemplo la invalidez de los informes remitidos por el anterior alcalde en funciones”.
Ibáñez asselanyala que “al fin, han sido los tribunales los que han dado la razón a un proyecto que suscitaba el rechazo ciudadano en la Vall d'Albaida cómo demuestra la creación de la plataforma, las movilizaciones convocadas o la proposición no de ley presentada en las Corts en octubre de 2014 para que se suspendiera el proyecto, acciones todas que el gobierno del PP ignoró” y expresa de nuevo la satisfacción “porque se entierra un proyecto perjudicial y peligroso para la Vall d'Albaida por los daños que hubiera causado y su irreversibilidad”.
El portavoz adjunto de Compromís en las Corts, Juan Ponce, señala que la decisión del TSJCV “deja en evidencia la actuación irregular de la conselleria que dirigía Isabel Bonig. Además critica que la actual líder del PPCV ”hizo caso omiso a la oposición vecinal al proyecto, a pesar de las advertencias de los posibles contagios y afecciones en la salud de personas y animales, la contaminación de los suelos, ríos y acuíferos, la contaminación del aire con la quema de animales, y los graves impactos sobre las explotaciones agrícolas de la zona“.
Tampoco atendió, añade, a las advertencias del “alto riesgo de contaminación para la ganadería lindante, los insoportables olores susceptibles de ser transportadas por el viento hasta las poblaciones vecinas y la pérdida de valor turístico que conllevaban la construcción de la planta”.
