Bruselas pone precio a negarse a acoger refugiados: 250.000 euros por persona

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que los Estados miembros que no quieran acoger a demandantes de asilo en momentos de crisis migratorias puedan quedar excluidos temporalmente del reparto previo pago de una cantidad elevada por refugiado, que se abonarán al socio comunitario que sí acepte recibirlos.

“La idea es que esta cantidad sea lo suficientemente elevada como para tener carácter desincentivador”, es decir, que sea una minoría de países la que se acoja a esta posibilidad, indicaron a Efe fuentes comunitarias. Según ha adelantado El País, que ha tenido acceso al documento previo a la reunión de este miércoles, la cifra sugerida por Bruselas es de 250.000 euros por cada refugiado que un estado se niege a aceptar.

El Ejecutivo comunitario incluye esta propuesta dentro de la reforma presentada hoy del reglamento de Dublín, que rige el sistema europeo de asilo, que finalmente ha sido más suave de lo esperado.

La Comisión aboga por mantener el controvertido principio del país de entrada, según el cual el Estado miembro responsable de tramitar la demanda de asilo es aquel por el que el demandante accedió al territorio comunitario, aunque propone complementarlo con el citado mecanismo automático de reparto que se activará cuando ese país de entrada vea sobrepasada su capacidad de acogida.

Ese mecanismo correctivo –que permitirá que los países más presionados, como ahora Grecia e Italia, puedan enviar a demandantes de asilo a sus socios comunitarios– será activado de forma automática cuando se rebase el 150% de su capacidad de acogida, que será calculada en función de la población y del PIB (con un peso del 50% cada uno).

El excedente de refugiados que no pueda asumir el país con problemas se repartirá entre los demás Estados miembros también en función del PIB y de la población, aunque además se tendrá en cuenta el reasentamiento de refugiados desde países terceros que haya realizado cada país.

La Comisión también planteó un sistema de reparto ante el gran aumento de llegadas a Grecia e Italia en 2015, que se saldó con un acuerdo en septiembre para distribuir a 160.000 demandantes de asilo. Hasta ahora, solo se han repartido algo más de 1.000 personas.

Según el nuevo mecanismo que sugiere Bruselas, además de los Estados miembros que paguen esa elevada cantidad, quedarán también excluidos del reparto de refugiados los socios comunitarios cuya capacidad de capacidad de acogida se encontrase cercana al 100%.

El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que gozan de distintas cláusulas de participación en políticas comunitarias de Justicia e Interior, tendrán la opción de elegir si quieren participar en este sistema, mientras que los estados asociados no comunitarios como Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein deben aceptar cualquier modificación del reglamento de Dublín.

El mecanismo automático de reparto, cuyo funcionamiento será revisado a los 18 meses de su entrada en vigor y desde entonces anualmente, se aplicará hasta que caiga la tensión en el país de entrada y ya no se supere ese umbral del 150% de la capacidad de acogida.

Sanciones también a refugiados insumisos

La Comisión quiere también hacer el sistema de asilo más efectivo y acortar los tiempos de espera, así como tomar medidas para desincentivar los denominados “movimientos secundarios”, que son aquellos que realizan los demandantes de asilo desde el Estado miembro de entrada en la UE hasta otros socios comunitarios de forma clandestina.

Uno de los principales problemas de la actual crisis migratoria, indican en Bruselas, es que muchos recién llegados se negaban a ser identificados y registrados en Grecia e Italia porque querían avanzar hacia otros países como Alemania y Suecia, con sistemas de asilo más garantistas.

La Comisión mantiene que los demandantes no pueden elegir el país de destino y además propone que su falta de colaboración sea penalizada con “consecuencias procedimentales proporcionadas” y que pierdan sus “derechos de recepción” (excepto la asistencia sanitaria de emergencia) si se desplazan sin autorización a otro Estado miembro.

Los países podrán por tanto imponer sanciones a los demandantes, de acuerdo con su legislación nacional, siempre que no incurran en una violación de los derechos fundamentales.

El Ejecutivo comunitario ha optado finalmente por una reforma menos sustancial del sistema de asilo comunitario actual, al dejar caer su idea de crear un procedimiento completamente con un reparto permanente basado en una clave de distribución preestablecida.

Bruselas reconoce además que su propuesta de hoy es solo “una respuesta a medio plazo para futuros retos migratorios”. Esta debe ser abordada aún por los países miembros de la UE y por la Eurocámara.