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La CE deduce 1,3 millones de ayudas a Ourense por gestión irregular de fondos

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La Comisión Europea (CE) ha deducido de la declaración de gastos de fondos comunitarios de España 1,3 millones de euros en ayudas que la Unión Europea (UE) había concedido a la diputación de Ourense para seis proyectos en cuya gestión se descubrieron irregularidades.

"Esta cantidad se dedujo de la declaración de gastos de España en relación con los costes del proyecto correspondiente", afirmó el comisario europeo de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, en su repuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el eurodiputado socialista español Antolín Sánchez Presedo.

En su cuestión, Sánchez pidió al Ejecutivo comunitario que confirmase si se habían encontrado irregularidades en seis proyectos dirigidos por la Diputación de Ourense (Padece, Proforest, Ilumina Lima, Via Nova, Sons e Acordes y EET) y, en ese caso, cuál era la situación de los fondos europeos asignados.

La CE explicó que, efectivamente, el Ministerio de Hacienda descubrió las irregularidades mientras auditaba los gastos de estos proyectos en el programa de gastos de los Fondos Estructurales para 2000-2006, y apuntó que así lo comunicó a Bruselas.

Se detectaron, entre otras cosas, que faltaba documentación o que esta estaba "incompleta", así como que se había producido una "infracción de la normativa sobre contratación pública".

La UE había cubierto 1,3 millones de los gastos de los proyectos, por lo que a la vista de las infracciones decidió deducir esta cantidad de la declaración de gastos de España en relación con los costes del programa correspondiente.

No obstante, la CE precisó que estos proyectos, que ya han concluido, no han sido objeto de investigaciones por parte de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), tal como sugirió el eurodiputado español en su pregunta.

La OLAF sí investigó en 2013 a la Diputación de Ourense por otros dos proyectos para la construcción de 104 depuradoras, conocidos como "Daredo" y "Deputrans", y descubrió que existían irregularidades en la gestión de los mismos entre 2002 y 2004.

La Oficina reclamó entonces a la institución gallega que devolviese los 10,1 millones de euros que la UE le concedió en ayudas, y apuntó además a que existían indicios de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

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