Hacienda recibirá una avalancha de datos para investigar a abogados y procuradores
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado su visto bueno a la petición de Hacienda para remitirle toda la información con “trascendencia tributaria” de cada caso en el que hayan participado abogados y procuradores entre 2014 y 2016. La única excepción la constituye la identidad del cliente, que también habían reclamado. Según cálculos del Consejo General de la Abogacía, el proceso afecta a 23 millones de asuntos judiciales.
La Inspección Financiera y Tributaria solicitó toda esta información al presidente del Consejo General del Poder Judicial , y un acuerdo del pasado 20 de julio, publicado ahora por Confilegal, dio el plácet a este requerimiento.
En concreto, lo que pedía la Agencia Tributaria era la fecha de inicio y fin (en su caso) del procedimiento, el juzgado y localidad en el que se hubiera intervenido, identificación del procedimiento judicial, el importe en litigio (en su caso) y la identificación del cliente. De todo ello tendrán cumplida información sobre los años 2014, 2015 y 2016, excepto del último punto.
“Sospecha generalizada e indiscriminada”
En un comunicado, el Consejo General de la Abogacía Española sostiene que con esta autorización se “siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas”. Además, advierten de que se basa en un concepto –la “trascendencia tributaria”– ambiguo y jurídicamente indeterminado.
Para la Abogacía Española, la solicitud de datos de la AEAT es un requerimiento “sumamente escueto, carente de motivación y falto de concreción, por más que se refiere a información desprovista de contenido tributario”. Un mecanismo de recopilación generalizado “de carácter masivo, sin la adecuada justificación y por ello sin amparo en el marco normativo” que se hace, además, sobre casi 23 millones de asuntos judiciales de los que la Agencia Tributaria ya dispone de completa información.
“Los abogados, como cualquier otro profesional, están sometidos a las normas de tributación legalmente establecidas y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, por lo que esta solicitud de la AEAT sobre asuntos que están en los juzgados y tribunales por innecesaria, redundante y desproporcionada no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado como son los profesionales de la Abogacía”, sostienen.
Además, recalcan que cuando la Agencia Tributaria ha requerido una información semejante a determinados Colegios de Abogados, los tribunales económico–administrativos han resuelto que eran contrarias a la legalidad.
Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española estudiará la impugnación del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y la solicitud de suspensión cautelar del mismo, aunque se congratula de que el CGPJ se haya opuesto a que también se faciliten los datos del cliente, tal como pedía la Agencia Tributaria.
