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Rajoy apuesta por subvencionar contratos pese a que no ha demostrado que sirvan en esta legislatura

El coste puede superar los 8.000 millones de euros pero su efectividad es imposible de demostrar

El presidente adelanta que los primeros 500 euros de salario de un trabajador al que se le haga un contrato indefinido estarán exentos de cotizar durante cuatro años

El ahorro medio para un empresario que tenga un trabajador con un sueldo de 1.000 euros al mes son 130 euros

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Mariano Rajoy juega al dominó en un bar de Olmedo (Valladolid)

Mariano Rajoy juega al dominó en un bar de Olmedo (Valladolid)

El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó contraprogramar el debate a tres de Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias anunciando la medida estrella de su programa en el informativo de Pedro Piqueras. El PP ha decidido prolongar y ampliar la medida que anunció y puso en marcha en este mismo ejercicio: una subvención a los empresarios que contraten con la modalidad indefinida.

Pese a las críticas de los economistas y al desinterés de la medida de sindicatos y patronal, el PP insiste en vender una propuesta que puede tener un coste para las arcas públicas de más de 8.000 millones de euros sin que se haya demostrado que tenga ningún tipo de eficacia para generar empleo.

La medida consiste en que el empresario que haga un contrato indefinido, o convierta un temporal en indefinido (una novedad respecto a la propuesta actual), no tendrá que pagar en las cotizaciones correspondientes a los primeros 500 euros durante cuatro años (ahora eran dos). Para un sueldo bruto de 1.000 euros al mes, el profesor de la Universidad Pablo Olavide, Ignacio García Pérez, calcula que el empresario se ahorra 130 euros todos los meses de cotizaciones. Esto, en un periodo de cuatro años que duraría la medida, supone un ahorro total para el que contrata de 6.240 euros al final de este periodo. Si una vez terminada la bonificación el empresario decide despedir le costará 4.400 euros, con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, por lo que habrá salido ganando.

Aunque este medio no logró hablar con nadie del Partido Popular que le explicara la motivación de la medida, la iniciativa se sustenta en que salga más barato contratar a un indefinido que a un temporal, pese al mayor coste del despido. Sin embargo, los expertos como García Pérez o Ignacio Conde Ruiz defienden que es imposible demostrar la efectividad de esta medida, que tiene lo que califican de "peso muerto". El empresario que quiera contratar lo hará de todos modos, dicen los economistas, y el Gobierno está "regalando" dinero indiscriminadamente sin ningún tipo de efectividad, apunta García Pérez.

El coste de esta medida no es nimio. Según adelantó El País, en los Presupuestos Generales de este año la reducción de las cotizaciones sociales cuestan a las arcas públicas 2.100 millones de euros. Si este es el presupuesto a cargo de un solo año, en toda una legislatura la suma podría superar los 8.000 millones de euros sin demostrar que sirva para crear un solo puesto de trabajo generado por la subvención.

El Gobierno asegura que la medida "funciona bien", y que entre marzo y agosto 60.000 contratos que estuvieran vigentes se han beneficiado de esta deducción. Cabe recordar que en este periodo se firmaron 350.000 contratos indefinidos.

García Pérez recuerda que la política de subvenciones para crear empleo ha sido la más común en España desde la época de Felipe González y que los resultados han mostrado que es terriblemente ineficaz. Así, España tiene una tasa de temporalidad de las más altas de Europa, que en la época de bonanza se situaba por encima del 30% de los trabajadores. El economista cree que los políticos siguen apostando por este tipo de medidas porque "son muy fáciles" de vender, ya que son políticas que el electorado comprende sin mucho esfuerzo: dar una ayuda al empresario al contratar.

Los economistas creen que sería mucho más efectivo destinar estos presupuestos a formación de parados u otras políticas activas de empleo. Por su parte, UGT considera que esta medida es una "pérdida de dinero" y la CEOE asegura que tampoco es partidaria de una iniciativa así, porque apuesta por reglas generales y claras.

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