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GALICIA

Ferroatlántica: Villar Mir amenaza 400 empleos en Galicia con la venta a trozos de sus hidroeléctricas

Los trabajadores de las factorías de la Costa da Morte inician un encierro indefinido en el Concello de Cee ante las intenciones del grupo de desagregar las centrales y la ferroaleación para hacer caja con las hidroeléctricas

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FerroAtlántica construirá una nueva fábrica en Arteixo (A Coruña) con la que creará 90 empleos

Instalaciones de la empresa Ferroatlántica

Trabajadores de Ferroatlántica iniciaron este lunes un encierro indefinido en el Ayuntamiento de Cee, en la Costa da Morte. Con esta protesta, la plantilla continúa con su lucha contra la intención del grupo empresarial de la familia Villar Mir de llevar a cabo la desgregación y posterior venta de las hidroeléctricas que posee en la comarca, donde el empleo de esta factoría tiene un enorme impacto. Además del encierro, el comité ha anunciado también concentraciones diarias delante del Ayuntamiento, pide el apoyo de la ciudadanía y exige a Núñez Feijóo que reciba a los representantes e impida las intenciones de la empresa.

El caso es que Ferroatlántica reconoció ya hace tiempo que mantiene conversaciones con varios grupos inversores interesados en comprarle su división de energía, lo que ha provocado el lógico temor y las alarmas en las fábricas de ferroaleación de Cee y Dumbría, así como en las seis centrales hidroeléctricas construidas en los ríos Xallas (Ferveza, Ponteolveira, Castrelo, Novo Pindo y Santa Uxía I e II) y Grande (Carantoña).

El plantel cree que si estas instalaciones son vendidas a cualquiera de estos grupos ajenos a la empresa, las dos factorías acabarán por dejar de ser competitivas y por cerrar. La compañía da trabajo a unas 400 personas, unas 284 con contrato indefinido y alrededor de cien más eventuales, y su cierre supondría también la pérdida de varios empleos indirectos.

Desde el comité de empresa se insiste en que la Xunta tiene la capacidad de paralizar esa posible venta o de hacer desistir al Grupo Villar Mir de llevarla a cabo, ya que las concesiones hidroeléctricas fueron declaradas de interés público y vinculadas siempre a la actividad de ferroaleación.

La construcción de los embalses -el de A Fervenza supuso en 1966 inundar una superficie de 1.250 hectáreas y varias aldeas- y de las centrales hidroeléctricas fueron justificadas en la creación de empleo y en la continuidad de las factorías. Y fueron condicionadas a generar energía para la producción de ferroaleación.

Pero la plantilla sabe también que la Xunta es quien puede modificar una concesión que es suya y abrir la puerta al proceso de venta en caso de que acepte ese desglose que no es la primera vez que intenta la empresa.

De hecho, hay sentencias del TSXG y del Supremo que certifican que las dos ramas -la de ferroaleación y la de energía hidroeléctrica- son una sola actividad productiva y que fueron dictaminadas tras los recursos presentados por Villar Mir. El grupo empresarial se propuso hace más de veinte años comprar la división de ferroaleación de Carburos Metálicos separando esta actividad y la de energía en dos empresas para convertir así las centrales eléctricas, destinadas a la provisión de energía a las fábricas de Cee y Dumbría, en simples productoras de electricidad para su venta en el mercado.

Luego, el Gobierno de Fraga, con la aprobación del Parlamento, había condicionado la autorización administrativa para el cambio de titularidad de las concesiones que Carburos tiene de los aprovechamientos hidroeléctricos en el Xallas y Grande de Porto a la no segregación en dos sociedades distintas de la actividad de ferroaleación y producción de energía eléctrica, preservando así su interés público y condicionando que la producción energética esté vinculada a los usos industriales de las factorías.

En 1994, la Xunta exige además a la empresa compradora un plan de viabilidad que garantice la solvencia de la explotación conjunta de los aprovechamientos hidroeléctricos y de la producción de ferroaleación. Villar Mir acepta todas las condiciones pero interpone recurso contencioso-administrativo ante el TSXG, que dictamina a favor del Gobierno gallego, al igual que el Supremo en 2001 después de otro recurso de Ferroatlántica.

Los trabajadores exigen ahora que la Xunta intervenga de manera inmediata y que paralice cualquier posibilidad de venta. "No llega con hacer declaraciones ambiguas de garantía de los puestos de trabajo, ni que el PP de la comarca se sitúe detrás de una pancarta mientras su gobierno puede ser verdugo de la zona", dice el comité de empresa, que espera un posicionamiento claro de Feijóo contra esta "operación especulativa".

El presidente de la Xunta tendrá la oportunidad en el pleno ordinario del próximo miércoles, donde una de las preguntas de los grupos parlamentarios en ese estreno de la legislatura será sobre la situación de Ferroatlántica. Los trabajadores, los sindicatos y toda la oposición estarán atentos a la respuesta y con una posición unánime en una comarca donde buena parte de su actividad económica depende de la ferroaleación.

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