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GALICIA

La jueza reabre la investigación al PP de Lugo por acarrear ancianos en las elecciones de 2012

La instructora admite las alegaciones de Esquerda Unida y revoca el sobreseimiento del caso, en el que figura como imputado el histórico dirigente José Luis Iravedra.

La acusación pide la imputación de la religiosa que dirige el asilo desde el que fueron trasladados los ancianos y reclama que el portavoz del PP en el Senado y presidente provincial del partido comparezca como testigo.

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Acto de Feijóo con dirigentes del PP de Lugo en la campaña de 2012

Acto de Feijóo con dirigentes del PP de Lugo en la campaña de 2012

El pasado junio un juzgado de Lugo decretaba el sobreseimiento provisional del caso en el que habían sido imputados varios dirigentes y militantes del PP de Lugo por acarrear ancianos, papeleta en mano, desde el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados hasta un colegio electoral próximo en los comicios gallegos de 2012. La jueza Sandra Piñeiro acaba de advertir que aquel archivo se basó "en un hecho incierto", el "aparente abandono del procedimiento" por parte de la acusación popular, ejercida por Esquerda Unida, y en un auto ordena que se retome el procedimiento penal.

Como informó eldiario.es, aquel 21 de octubre acudieron al asilo un grupo de cuatro miembros del PP para trasladar a los ancianos. Uno de ellos era José Luis Iravedra, histórico dirigente de los conservadores en la provincia y entonces también miembro del consejo de administración de la Compañía de Radio Televisión de Galicia. Lo acompañaban, tal y como recogieron algunos medios de comunicación en la propia jornada electoral, la exconcejala Teresa Taboada y al menos dos militantes más, Benigno Gómez y Serafín Rodríguez.

Según la investigación, los ancianos trasladados para "depositar el voto" lo fueron aunque, según informes del Instituto de Medicina Legal de Galicia, "carecían de capacidad para comprender y decidir el sentido de su voto" a causa de "padecimientos" como "demencia senil" o el Alzheimer. No obstante, entonces la jueza ya dio por acreditado que "todos" los residentes trasladados llegaron a votar y que solo lo hicieron porque los trasladaron los miembros del PP, en quien apreciaba "indicios racionales de criminalidad" como presuntos autores de un delito electoral.

En esta línea, en las alegaciones en las que se basa la reapertura del caso la acusación resalta que ha quedado comprobado que en este caso los ancianos salían de la residencia "portando sobres cerrados con la papeleta electoral" que "le había sido entregada en la propia residencia". Este hecho, indica, ha sido refrendado en la declaración testimonial de algunos de ellos, realizada en la propia residencia, donde indicaron "que la papeleta se la dieron aquí", "que llevó el sobre de aquí, del asilo" o "que llevó el voto de aquí". Además, uno de ellos agrega que "no votó a quien quiso", por lo que cabe pensar que "se pudo producir una manipulación del voto".

"El delito -indica el escrito- es atribuible a la responsable de la residencia, la madre superiora Amparo Campos, pudiendo ser considerados los que trasladaron a los votantes como cooperadores necesarios o cómplices del delito". El acarreo sería especialmente grave en el caso de Iravedra, quien ya ha admitido por escrito que en aquella jornada actuaba como apoderado del PP y, por lo tanto, se incluía "en el concepto ampliado de funcionario" que establece la ley electoral.

Así las cosas, el proceso se reabre y EU solicita la citación como imputada de la religiosa responsable de la residencia, que se acredite la condición de apoderados de los representantes del PP y que, además, se agregue a la causa la incidencia que AGE formuló sobre este acarreo durante las propias votaciones. La acusación pide, además, que sea citado cómo testigo el presidente provincial del PP y portavoz del partido en el Senado, José Manuel Barreiro, "a fin de que manifieste su conocimiento sobre la petición de colaboración para el traslado de votantes desde el asilo a la oficina electoral, hecho admitido por los imputados".

Para el diputado lucense de AGE, Ramón Vázquez, "resulta evidente la complicidad del PP en unos actos tan degradantes y antidemocráticos" como estos y "resulta indecente" que "casi cuatro años después de lo sucedido, no se hayan depurado responsabilidades políticas más allá del discreto cese del señor Iravedra" en el Consejo de la CRTVG "aprovechando la renovación de este órgano en fechas recientes". "Vamos a llegar al final para acabar con la red caciquil del PP y para que los responsables del acarreo sean condenados", afirma.

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