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El CESID de Manglano sí espió a la familia de Jordi Pujol en los años 90

Los servicios secretos contaban con un topo, el superintendente de los Mossos d'Esquadra, máximo responsable del cuerpo y militar de carrera del Ejército del Aire

El Gobierno estaba preocupado por los vínculos con el financiero Javier de la Rosa y por las actividades independentistas del benjamín de la familia, Oleguer Pujol Ferrusola

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Jordi Pujol avisa de que limitarse a ser oposición puede "derrumbar" Cataluña

El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, junto a su esposa, Marta Ferrusola. Foto: Europa Press

En mayo de 1993 se produjo en el despacho del president en el Palau de la Generalitat un curioso y poco conocido episodio. La secretaria personal de Jordi Pujol, Carme Alcoriza, que le acompaña desde los tiempos de Banca Catalana –y hoy sigue siendo su secretaria en su despacho de ex presidente– anunció al inquilino de la Casa dels Canonges –la residencia oficial del presidente de la Generalitat–, que le esperaba Josep Peris, subinspector de los Mossos d’Esquadra y, por lo tanto, máximo responsable de la policía catalana, que ha sido convocado de urgencia en Palau. Alcoriza hizo entrar a Peris.

En el interior le esperaba el propio Pujol, de pie, apoyado en su mesa y no tras el montón de carpetas y libros que atestaban su espacio de trabajo. A su izquierda estaba la flamante consejera de Interior, Maria Eugènia Cuenca –había tomado posesión el 22 de diciembre anterior–, que iba a asistir a la breve reunión poco más que como convidada de piedra.

Fiel a su estilo, Pujol fue al grano. Comunicó a Peris que, desde ese mismo momento, ya no estaba al mando de los Mossos d’Esquadra. No se trataba de una destitución, le aclaró el president .

En realidad se iba a limitar a poner fecha a la carta de dimisión que Peris le había entregado el día que tomó posesión del cargo el director general de Seguridad Ciudadana, Antoni Cruells. Peris no tenía de qué preocuparse, insistió Pujol, su sustitución se justificaría por la necesidad de que ocupara el cargo alguien de la confianza de la nueva consejera.

Pero él, personalmente, quería que Peris supiera por su boca que sí era una destitución y que ambos conocían el motivo: las periódicas visitas que Peris venía realizando desde hacía casi un año a la sede del Centro de Estudios Superiores para la Defensa (CESID) –rebautizado Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por José María Aznar durante su segundo mandato– y que mantenía reuniones con su antiguo superior, el coronel del Ejército del Aire Manuel Ortiz, máximo responsable de los espías españoles en Barcelona.

En aquella época, la ley exigía que el principal mando policial de los Mossos d’Esquadra fuera un militar de carrera. Peris era comandante del Ejército del Aire en excedencia y había servido a las órdenes de Ortiz.

Pujol sabía que Peris llevaba un tiempo recopilando datos sobre sus actividades y las de su familia, en especial sobre su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por sus actividades empresariales, a las que se vinculaba al financiero Javier de la Rosa, y las del benjamín de la familia, Oleguer, que había tenido mucho que ver con algunas de las acciones de boicot a las autoridades españolas, en especial a la Corona, durante los actos previos y durante la celebración misma de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

El antiguo comandante del Ejército del Aire siempre ha negado haber espiado a Pujol y a su familia o que su relevo al frente de los Mossos d’Esquadra tuviera relación alguna con el Cesid. Sin embargo, jamás ha rectificado las informaciones que le vinculan con el espionaje a Pujol, ni siquiera cuando este informador, junto a Jordi Oliveres publicó la biografía del ex president En nombre de Cataluña (Debate).

Al descubierto

La voz de alarma sobre la relación de Peris con el coronel Ortiz del CESID la había dado precisamente uno de los escoltas personales de Pujol tras protagonizar un desagradable enfrentamiento con su superior al final de la jornada laboral. Con escasa sutileza, Peris había interrogado sin miramientos al escolta en los vestuarios sobre los movimientos de Pujol. El agente se negó a contestar no sin antes espetarle: “Pero tú, ¿para quién trabajas?”.

El incidente no tardó en llegar a oídos del director general de Seguridad Ciudadana, Antoni Cruells, que, inmediatamente asignó a varios miembros de la brigada de información de los Mossos, conocidos en el argot policial como mortadelos, a reforzar la seguridad de Pujol y a proteger las actividades privadas de su familia, con la orden específica de evitar hablar de la cuestión con el subinspector e informarle exclusivamente a él.

Los servicios de información de los Mossos d’Esquadra hacía tiempo que observaban extraños movimientos en el domicilio personal del presidente de la Generalitat en la Ronda del General Mitre de Barcelona.

Peris sólo era una preocupación más en la agenda de Cruells y de sus mortadelos. Los escoltas del president identificaron vehículos sospechosos haciendo seguimientos de Pujol. En los coches, habitualmente, viajaban dos kas, miembros del Departamento de Acción Operativa (DAO) del CNI. Los hombres del president están convencidos de que los agentes del CESID cumplían órdenes del coronel Ortiz.

Pero no pueden estar seguros de que sólo las unidades del Centro estén vigilando a Pujol. Y aciertan, porque los hombres que siguen a Pujol no trabajan sólo para los servicios secretos españoles. Sus superiores se han reunido en las últimas semanas con personas del entorno de Javier de la Rosa, que todavía cuenta con los parabienes del Gobierno de Pujol, para recabar datos. Unas reuniones en las que es difícil determinar cuál de las dos partes aporta más información. La investigación, sin embargo, concluye con un «están limpios».

Los agentes del centro fotografiaron a Pujol a la puerta de su domicilio. En esos mismos días, además, la entonces responsable del Departamento de Gobernación, Maria Eugènia Cuenca, ha recibido un mensaje de un alto mando de los Mossos d’Esquadra, la Policía autonómica catalana, advirtiéndole de que el CESID está sobre los pasos profesionales del hijo del presidente. Es probable que en esta ocasión los agentes estén sondeando organismos judiciales con el mismo fin.

Los espías se bautizan a sí mismos y a sus investigados con sobrenombres o,  simplemente, con un nombre de pila. En el caso de la investigación sobre el presidente de la Generalitat, los agentes dieron en el clavo con su especial forma de referirse al investigado. Jordi Pujol era para ellos El León.

Vida privada

También prestaron atención a otros aspectos que, en principio, nada tenían que ver con el cargo de Pujol. Los investigadores llegaron a chequear hasta el destino de algunos obsequios protocolarios enviados por el presidente. Siguieron la pista de unos rumores que afirmaban que el matrimonio Pujol-Ferrusola atravesaba por una crisis que amenazaba con romper la pareja (los rumores alcanzaron tal intensidad que en 1994 Marta Ferrusola se vio obligada a desmentirlos públicamente en una emisora de radio).

Cuando el CESID comenzó la investigación, el responsable de este organismo en Cataluña era el coronel Ortiz, quien posteriormente fue destinado a un país del Este europeo. En su lugar, asumió el puesto el coronel Ernesto Torres García. Fue en esa etapa cuando responsables del servicio de inteligencia llegaron a reunirse con abogados próximos a De la Rosa.

Pujol otorgó entonces toda la credibilidad a las advertencias que recibía sobre las indagaciones de los servicios secretos porque conocía perfectamente la cadena de mando. El ministro de Defensa, Narcís Serra, y el director del Cesid, el teniente general Emilio Alonso Manglano, habían dado órdenes ejecutivas al respecto a la oficina de Barcelona. Javier de la Rosa acababa de romper con KIO y había instalado su cuartel general en Barcelona. Con él llegó la psicosis de los dosieres y personajes como Paco Álvarez o Miguel Ruiz Martínez, que afirmaba ser Mikel Lejarza, el lobo.

El president era consciente del malestar creciente en el empresariado. Sobre todo, porque cuando su hijo Jordi intentó su única y fallida aventura política para acabar con Miquel Roca, entonces secretario general de CDC, muchos de los datos empresariales recopilados por los espías trascendieron a la prensa, como su relación con la quiebra fraudulenta de Hot Line Computer o sus vínculos con la alemana RWE, cuyos intereses defendía en España el oscuro exgobernador socialista de Cataluña Francesc Martí Jusmet, o sus manejos con el sinuoso empresario del PSOE Dídac Fàbregas.

Roca y Serra fueron compañeros de militancia en uno de los partidos socialdemócratas clandestinos radicados en Barcelona durante el franquismo. Desde entonces, Jordi Pujol Ferrusola parece haber aprendido la lección y, aunque se dedica al mundo de los negocios, no aparece en registro alguno, al menos en España.

En 1995, cuando fichó a Artur Mas para la política catalana como titular de Obras Públicas de la bancada convergente en el Ayuntamiento de Barcelona le advirtió: “Tu casa, y si tienes otra en cualquier otro sitio, será fotografiada del derecho y del revés; el portero, interrogado sobre cuándo entras y cuándo sales; buscarán quién ha puesto las plantas en tu balcón, si es que las tienes, y en el registro todo lo que puedas tener será mirado, remirado y registrado. A mí mismo hace tiempo que me lo miraron todo y me lo fotografiaron todo sin encontrar nada”. Mas se lo tomó muy en serio, para disgusto de la actual primera dama catalana, Elena Rakosnik, que vio cómo su marido ordenaba a los albañiles parar las obras de reforma de la cocina de la segunda vivienda que poseía entonces en Premià de Mar.

Ni siquiera la compraventa de su domicilio muy próximo a la sede barcelonesa del Opus Dei, valorada en más de tres millones de euros, ha sido elevada a escritura pública. Sigue a nombre del anterior propietario. Es conocida su afición por los coches de lujo, y se le atribuye una colección considerable, pero no hay vehículos a su nombre. Lo único que sí se sabe es que hace negocios en México y su área de influencia con la colaboración de Jordi Puig i Godes, hermano del consejero de Empresa tras abandonar la cartera de Interior, Felip Puig.

Aficionados y voluntarios

De la Rosa también ha protagonizado en las últimas semanas algunas de las denuncias por corrupción que se vienen produciendo contra miembros de la dirección de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) desde que el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, abrazara la causa soberanista tras la masiva manifestación que se produjo en Barcelona el 11 de septiembre y que le llevó a convocar elecciones autonómicas el 25 de noviembre. Unas elecciones que, lejos de refrendar a Mas con la mayoría absoluta, le dejó con 50 diputados (a 18 de la mayoría absoluta en Cataluña) y en manos de Esquerra Republicana de Catalunya.

Denunció haber acompañado a Pujol a abrir cuentas por los bancos suizos, pero hablaba de una cantidad, 183 millones de pesetas, que acabaron en una cuenta con el código Espina tanto en la UBS de Ginebra como en la Banca de la Switzera Italiana en Lugano, cuyo titular, en realidad, era el que fuera mano derecha de Miquel Roca en CDC, el también abogado Jaume Camps.

Desde el núcleo duro de la derecha española se viene atacando a las familias de Mas y de Pujol desde entonces con acusaciones basadas en borradores policiales apócrifos de dudosa procedencia que han sido desmentidos incluso por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional y por el Ministerio del Interior,

La primera andanada llegó el 23 de noviembre, cuando el diario El Mundo publicó una información basada en un borrador de un informe apócrifo, de dudosa procedencia y atribuido a la Udef a pesar del desmentido de la propia unidad ante el juez que investiga la presunta financiación ilegal de CDC a través del Palau de la Música, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan.

En aquella primera información se atribuía a Artur Mas la titularidad de una cuenta en Suiza con un saldo de 12 millones de euros. La cuenta es totalmente regular porque pertenecía al padre del actual president, Artur Mas Barlet, que ya protagonizó los titulares de la prensa catalana hace cinco años, porque la Inspección de Hacienda le cazó y el caso no fue a más porque Mas padre, que había vendido una pequeña fábrica en el Maresme y recibió el ingreso en Suiza, admitió su culpa y regultarizó su situación fiscal a través de dos declaraciones complementarias de impuestos.

También se hablaba de 137 millones de euros propiedad del matrionio Pujol-Ferrusola, sin dato alguno más. Sobre esa información en particular no se ha vuelto a saber nada.

Los espías voluntarios, aun así, no se rinden. Siguen elaborando informes sobre la implicación de Oriol Pujol, que ahora es secretario general del partido y se ha visto salpicado por una supuesta trama de amaño de estaciones de ITV, en otra trama, ésta para promover la deslocalización de multinacionales de Cataluña, que no figura en el sumario judicial, en el que es básico el informe del Servicio de Vigilancia Aduanera, pendiente de ser comunicado a las partes y adjudican al benjamín de la familia, Oleguer, que tras sus veleidades juveniles se instaló en Madrid como bróker inmobiliario los beneficios que, en realidad, realizan sus clientes.

Manos Limpias intenta judicializar las nuevas denuncias en el Tribunal Superior de Cataluña

El pasado miércoles el pseudosindicato ultarderechista Manos Limpias, a través de su secretario general, Miguel Bertrand, vinculado en el pasado a Fuerza Nueva y a Blas Piñar, presentó una denuncia ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el ex presidente de la Genereralitat Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola y sus hijos Jordi, Oriol, oleguer y Pere y contra el consejero de Empresa Felip Puig por deliti fiscal, por blanqueo de capitales, tráfico de influiencias, y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Bertrand, en el texto, denuncia que "el inmenso patrimonio de los denunciados, con C/C [sic] en paraísos fiscales, con inmuebles en el extranjero, provienen de comisiones ilícitas, aprovechando la influencia del honorable patriarca, Jordi Pujol Soley, que durante largos años desempeñó el vargo de presidente de la Generalitat.

Manos Limpias, la misma organización que se querelló contra el juez Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo hace en la denuncia afirmaciones como la siguiente: "el hereu, en la persona de su hijo Jordi Pujol Ferrusola por la formación CDC, representa la continuidad en el cobroi de comisiones ilícitas provenientes de contratos con la Generalitat, y que ya en su día denunciaron particulares (tal es el caso de Juan Antonio Salguero, que, en el año 2005, denunció que tuvo que aumentar kas facturas por encargo de la empresa pública ADICSA, que vinculaba gestiones de la Generalitat) y el entonces Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Pascual [sic] Maragall, que denunció comisiones que percibían dirigentes de CIU/CDC".

Cabe precisar que Jordi Pujol Ferrusola no es ni ha sido nunca diputado en el Parlament de Catalunya. Ni siquiera ha ocupado cargo alguno en la dirección de CDC. En cuanto a Pasqual Maragall -que no Pascual-, dejó de ser alcalde de Barcelona en 1997. En 2005, cuando ibnsinuó el cobro de comisiones del 3%  por CiU en una respuesta parlamentaria a Artur Mas, en aquel momento jefe de la oposición, era en 2005 presidente de la Generalitat. La denuncia del constructor Juan Antonio Salguero fue archivada por orden del entonces jefe de la Fiscalía del TSJC José María Mena, tras un año de investigaciones infructuosas.

La denuncia de Manos Limpias se apoya exclusivamente en el principio de nototia criminis, es decir, en lo publicado por los medios de comunicación, en particular El Mundo. Y, una vez más confunde un informe con otro al atribuir al que justificaba la información de ese diario del 23 de noviembre con el que pubñicó este mismo diario en mayo y que enumera una serie de empresas que recibieron dinero del Palau de la Música por realizar trabajos para Convergència.

El resto del texto es una serie de descalificaciones al fiscal jefe del TSJC, Fernando Bermejo, y al delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled, por negarse a admitir que se incorporara en la causa del caso Palau el informe atribuido a la Udef, pero que la propia unidad niega. Naturalmente, De la Rosa también aparece citado en diversas ocasiones en la denunci y se le atribuye toda la credibilidad.


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