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El PP de Aguirre y Botella, acorralado por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión

Los Gobiernos populares del Ayuntamiento y la Comunidad, investigados por transferir miles de pisos protegidos "sin concurrencia pública"

La Cámara de Cuentas acusa al anterior Ayuntamiento de Madrid de vulnerar "la ley de contratos públicos"

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Una de las promociones de vivienda pública vendida a un fondo de inversión en el Ensanche de Vallecas./OLMO CALVO

Una de las promociones de vivienda pública vendida a un fondo de inversión en el Ensanche de Vallecas./OLMO CALVO

El martes 5 de abril, el mismo día en que eldiario.es revelaba el informe de la Cámara de Cuentas que acusa al Gobierno de Ana Botella de saltarse la Ley de Contratos del Sector Público en la venta de 1.860 viviendas a filiales del fondo buitre Blackstone, el exdirector general de Vivienda de la Comunidad de Madrid Juan Van Halen declaraba en el juzgado como investigado (la figura judicial que sustituye al imputado) que indaga sobre si el Gobierno de Ignacio González prevaricó al vender 2.935 pisos sociales al fondo de inversión Azora-Goldman-Sachs.

Las dos operaciones fraguadas en 2013 amenazan ahora en varios frentes al viejo PP madrileño de Esperanza Aguirre, González y Ana Botella, ahora que han perdido el poder institucional y cotizan en horas bajas dentro del partido. Las ventas de estos inmuebles públicos ya nacieron rodeadas de polémica y con la oposición del resto de partidos y de los vecinos que ocupaban los pisos en régimen de alquiler. Pero las mayorías absolutas del Partido Popular entonces en la Comunidad y el Ayuntamiento aplacaron cualquier protesta, sepultaron el debate político y ambas ventas siguieron adelante.

Los argumentarios populares repetían que ambas operaciones eran legales y además suponían ingresos notables para ambas administraciones (201 millones para el Gobierno regional, 128 millones para el Ayuntamiento) cuando azotaba lo peor de la crisis.

Ambos argumentos están ahora en cuestión: en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que investiga al Gobierno de González por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, y también en la Cámara de Cuentas de Madrid. 

Los informes de fiscalización de este organismo sobre ambas ventas han destapado graves irregularidades que previsiblemente acabarán dilucidando los tribunales. En el caso de la Comunidad, Cuentas alertó de que la enajenación de los 2.935 pisos protegidos por 201 millones se hizo por debajo del precio de mercado con una "pérdida patrimonial de 98 millones" para el Gobierno regional.

En la operación realizada por el Ayuntamiento de Ana Botella, el dictamen, todavía provisional, de la Cámara de Cuentas va más allá. También detalla que la factura que pagaron las sociedades Fidere del fondo Blackstone debió ser mayor –sostiene que la sociedad municipal podría haber ingresado 30,5 millones de euros más–, pero además revela que no hubo concurrencia pública, que se ofreció información privilegiada a cuatro de las empresas aspirantes (entre ellas la adjudicataria) y que se pagaron 2,4 millones a un intermediario de cuyas gestiones no hay más prueba que las propias facturas de cobro.

Comisiones de investigación

La concejala del área de Equidad del Gobierno de Madrid, Marta Higueras, anunció el miércoles que el Ejecutivo de Carmena estudiará todas las acciones a adoptar para revertir la operación. De entrada, el Ayuntamiento pretende que el asunto ocupe un papel central en la comisión de investigación municipal sobre la deuda. Pero fuentes del Gobierno de Ahora Madrid dan por hecho que el caso volverá al juzgado, pese a que en su día ya fue archivada una denuncia del PSOE ante el juzgado de instrucción número 38 de Madrid por estos hechos.

En la causa contra la Comunidad, que instruye el titular del juzgado 48, los responsables políticos que han declarado se han ido sacudiendo sus responsabilidades apuntando hacia sus superiores. La primera en hacerlo fue la imputada Ana Gomendio, exdirectora general de Vivienda en el Ejecutivo regional, quien declaró al juez que la venta de los 32 bloques de viviendas "fue una decisión política anterior" a su llegada al cargo, donde sustituyó a Van Halen. Así que el siguiente en comparecer en el juzgado fue el propio Van Halen, a quien su imputación ya le costó el puesto como alto cargo en el Ministerio de Fomento: tuvo que dimitir el pasado febrero cuando le llegó la citación judicial.

Sentado ante el juez, Van Halen también decidió apuntar a sus superiores jerárquicos y señaló al entonces consejero de Vivienda, Pablo Cavero, hoy concejal con Esperanza Aguirre en la oposición a Manuela Carmena.

Según fuentes de la investigación, Van Halen contó al juez que se trataba de compensar los 100 millones de euros anuales de asignación que el Gobierno de González había decidido suprimir al Instituto de la Vivienda de Madrid. En castellano raso: que fue una decisión política fraguada en el Consejo de Gobierno de González, que a él le trasladó el propio Cavero. Según las fuentes jurídicas consultadas, lo previsible es que en el juzgado siga corriendo el escalafón, hasta que alguien asuma como suya la decisión de vender los pisos a través de ese procedimiento. Desde la declaración de Van Halen, los focos apuntan a Cavero, hombre de confianza de Esperanza Aguirre.

Y además del frente judicial, está el político: pese a que el PP ha logrado mantener el Gobierno de Madrid, las familias en el poder han cambiado y además la presidenta, Cristina Cifuentes, depende de sus socios de Ciudadanos. En la Asamblea de Madrid ya no vale con aplicar el rodillo de la mayoría de las últimas legislaturas y en esta ya ha arrancado una comisión de investigación con comparecencias de todos los implicados para esclarecer esos negocios con los fondos buitre. 

En la calle, además, esperan las plataformas vecinales,  dispuestas a llegar hasta el final para aclarar los vínculos de uno de los hijos de Ana Botella, José María Aznar Botella, con ELQ Holding Llc (una filial de Goldman Sachs radicada en el paraíso fiscal de Delaware), que se ha convertido en propietaria, tras una serie de cambios societarios, de 338 viviviendas de protección oficial que correspondían a la Comunidad de Madrid.

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