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REGIÓN DE MURCIA

Debates y demandas

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Siguiendo de cerca los textos del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, Íñigo Errejón ha asegurado, sin ánimo pesimista alguno, que los resultados del 26J depararon una situación de “empate catastrófico” en la que lo nuevo no tiene fuerza para conducir y lo viejo no tiene fuerza para restaurar la normalidad anterior. En ese análisis, el 15M se interpretó como el punto del desvelamiento de la crisis de Estado. Posibilitó la emergencia de una identidad política nueva en un marco transversal ante la insatisfacción de demandas sociales que habían quedado huérfanas de canales institucionales de representación. El “¡No nos representan!” fue el icono de aquel momento.

La expresión de esas demandas desbordó los marcos simbólicos existentes, de tal manera que su propuesta de una dicotomización vertical del campo político vendría marcada por una caracterización en términos de “momento populista”. Estaríamos, de acuerdo a las lecturas del teórico argentino Ernesto Laclau, ante una situación en la que el sistema de poder existente es incapaz de satisfacer la mayor parte de las demandas sociales que recibe y concurre la posibilidad de que una parte pueda configurar un todo. Esta operación es lo que se ha denominado, en este marco teórico, hegemonía. Dicho con otras palabras, los plebs, los menos privilegiados, se arrogan para sí la pretensión de ser populus legítimo, de ser pueblo.

No obstante, hay que señalar que esta lógica podía darse en un país con una baja institucionalidad o en un país altamente inestable como Bolivia en donde una fractura social como la que significó la guerra del Agua desencadenó un proceso de dualización social tan agudo que aquella conflagración más o menos intensa de fuerzas y demandas pudo disputar la reconfiguración de posiciones por el control del Estado y, por lo tanto, en el sistema de instituciones y de normas y reglas de carácter público que configuran durante un periodo duradero la vida política de un país.

En cierta manera, hubo un momento en el que se pensó que el recorrido de lo que podemos llamar la ‘hipótesis boliviana’ era el adecuado. Sin embargo, la emergencia de lógicas articulatorias de demandas tiene menos posibilidades de operar cuando se da en regímenes altamente institucionalizados. En tales casos, según el propio Laclau, el populismo corre el riesgo de derivar en demagogia trivial.

Esto sin duda fue captado por el grupo dirigente de Podemos cuando manifestó que en España no se estaba dando una crisis de Estado, sino que se estaba produciendo una crisis de Régimen. Y no se estaba dando porque la correlación de fuerzas dentro del Estado jamás estuvo en entre dicho, solo se cuestionó la legitimidad de sus élites y su forma bipartidista. Aquellas dejaron realmente de convencer. También fue el momento en el que se afinó el relato nacional-popular hacia una hipótesis más republicana. La incorporación de autoridades profesionales como el teniente general Julio Rodríguez, los jueces Victoria Rosell y Juan Pedro Yllanes, etc., a las listas de Podemos iba en esta línea.

Por otro lado, la apertura plurinacional también planteaba la necesidad de pensar la forma federal tanto para la estructura de Podemos como para la del país.  De si se configura o no en las próximas autonómicas de Galicia y País Vasco también dependerá gran parte de la partida.

El nuevo actor ha emergido como canalizador de las nuevas demandas pero sin base social ni cultural suficiente para disputar todavía el sentido común de época

En ese recorrido, los resultados del 20D y más si cabe los del 26J dejaron claro que el sistema político español había mutado, pusieron también en evidencia que no había cambiado lo suficiente para aseverar que se estaba ante una situación de empate catastrófico o de choque entre dos fuerzas capaces de definir las únicas salidas simbólicas y políticas de la crisis. El escenario es más complejo. Si bien reconocemos un bloque reaccionario compuesto por el PP y C’S, a pesar de sus diferencias políticas y corporativas; también reconocemos que no hay un bloque emergente consolidado, sino que todavía persiste en el Parlamento un gran espectro social-liberal y un buen grupo de partidos izquierdistas, nacionalistas y regionalistas con intereses distintos y dispersos. Esto no solo refleja que la crisis de Estado no tuvo lugar, al menos en toda su intensidad, sino que los procesos de dualización social no fueron tan agudos como para cambiar o redefinir la correlación de fuerzas dentro del Estado en torno a dos polos enfrentados. Quizá esa ausencia de penetración se vea mejor si se analizan con minuciosidad las relaciones de fuerzas que se dan en las distintas administraciones del Estado y sus cuerpos. Por lo tanto, no se habría avanzado tampoco a esa segunda fase de punto de empate catastrófico, que explica Linera y que argumenta Errejón.

Estaríamos ante otra situación más refinada y, quizás menos traumática, que brota de nuestro nivel de institucionalización y de canalización de demandas, y que podemos denominar bajo el rótulo de “oposición emergente”, que implica el surgimiento de un nuevo actor que se presenta como alternativa al resto de partidos establecidos en un contexto de abierta y necesaria transformación del sistema de representación debido a su crisis de legitimidad. El nuevo actor ha emergido como canalizador de las nuevas demandas pero sin base social ni cultural suficiente para disputar todavía el sentido común de época.

En este contexto, la identificación de la demandas concretas y el trabajo preciso y técnico de respuesta en ese largo invierno que es el paso por las instituciones determinará si esta oposición emergente puede configurarse como una auténtica fuerza movilizadora. Pero no solo. Enraizarse en las calles con capacidad de movilización dependerá en gran medida de si Podemos logra seducir con su trabajo a los barrios, ciudades y regiones de los que emana, pero también de si logra con su labor parlamentaria, y pedagógica, sumar a especialistas, técnicos y profesionales que aún no se han sumado a su proyecto pero que están en la órbita. Realmente se trata de un trabajo menos “sexy” pero que ancla más los pies en la tierra y en el presente. No espera, porque no lo requiere, de momentos mesiánicos de lucha al final de los tiempos.

No se puede esperar que un nueva oleada austericida divida a la población en dos bloques antitéticos ideológicamente enfrentados -populistas vs. neoliberales-, y descompense la balanza para un lado porque además de ilusorio sería tremendamente trágico para una población que no debería ser sometida a mayor sufrimiento. Cabe aquí recordar el caso de la ciudad de Guayaquil en donde el gobierno populista, y a la vez neoliberal, del socialcristiano Jaime Nebot gobierna ya 16 años a pesar de la brecha social existente y a pesar del esfuerzo por derrotarle de la Revolución Ciudadana de Correa.

Si bien es verdad que la política se revela con toda intensidad en los periodos de excepción y que todo pacto es un prueba de fuerza que tiene determinado ya la posición de los vencedores y de los vencidos (como todo tratado de paz es una plasmación de la relación de fuerzas de la guerra) también es cierto que todo pacto finaliza por adoptar una concepción instrumental de la ética pública que se relaciona profundamente con el hecho de tomar cierta posición con los intereses vitales de una comunidad. En este sentido, el desarrollo de Podemos vendrá determinado por la capacidad de dar salida a las demandas actuales, de reconocer nuevas, pero sobre todo de orientar desde ellas un nuevo sentido común capaz de enfrentar el discurso neoliberal y sus procesos de subjetivación. Esa es la encrucijada verdadera de Podemos. Hay, por lo tanto, partido.

*David Soto Carrasco es filósofo y doctor en Ciencias Políticas

 

 

 

 

 

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