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El PP muestra su "preocupación" por la regulación de las ayudas de emergencia del Gobierno de Cantabria

Tejerina advierte que los requisitos que plantea el Ejecutivo podrían impedir otorgar algunas de las ayudas que concede el Ayuntamiento

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La concejala de Familia y Servicios Sociales, María Tejerina, ha mostrado su "preocupación" por la regulación de las ayudas de emergencia del Gobierno de Cantabria y los efectos que puede tener para las familias ya que, ha dicho, los requisitos que plantea el Ejecutivo impedirían seguir otorgando algunas de las ayudas que concede el Ayuntamiento de Santander y limitarían el importe máximo por beneficiario.

En un comunicado, Tejerina ha asegurado que la regulación propuesta por el Gobierno "vulnera claramente" la autonomía municipal, al "imponer" a los ayuntamientos los requisitos que deben aplicar, no sólo en la concesión de las ayudas cofinanciadas por la administración autonómica, sino también las concedidas directamente por el municipio.

También ha criticado que se pretende encomendar a los trabajadores de los servicios sociales municipales tareas que no les corresponden, "descargando" sobre ellos la tramitación de ayudas regionales e, incluso, gestiones con las compañías suministradoras, sin dotarles de recursos humanos y materiales para llevarlo a cabo.

Según ha explicado la edil, el equipo de gobierno municipal (PP) está "sorprendido y preocupado" tras analizar el borrador del convenio que deben firmar los ayuntamientos que quieran adherirse al Fondo Extraordinario de Suministros de la administración autonómica.

Tejerina ha opinado que se produce una "intromisión" en competencias municipales, porque no se limita a regular la gestión de las ayudas aportadas por la comunidad autónoma y por las entidades locales para ese fondo, sino que pretende "imponer" la aplicación de esos mismos criterios al resto de ayudas que concede cada ayuntamiento con recursos propios.

En la práctica, ha apuntado que esto podría suponer que el Ayuntamiento de Santander no pueda seguir otorgando ayudas que sí concede en la actualidad y otras que tiene ya previsto incorporar al Fondo Extraordinario para la Sostenibilidad Familiar.

PODRÍA AFECTAR A AYUDAS

En concreto, la concejala ha puesto el ejemplo de las deudas hipotecarias, uno de los conceptos que el Ayuntamiento prevé incluir en su fondo en la próxima modificación de la ordenanza que lo regula, y los pagos de las cuotas de la comunidad, que ya están incluidos en el fondo municipal.

Según ha precisado Tejerina, ambos conceptos quedan "expresamente excluidos" en la regulación de las ayudas regionales y, aplicando los criterios que propone el Gobierno, el Ayuntamiento no podría otorgarlas.

Es más, ha apuntado que una "interpretación estricta" del borrador del convenio podría afectar también a las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género que concede el Consistorio santanderino.

La concejala entiende que se establezca una regulación común en todos los municipios para las ayudas del fondo regional, pero ha recalcado que eso "no puede suponer nunca una restricción para el resto de ayudas municipales ni mucho menos un perjuicio para los ciudadanos más vulnerables".

En este sentido, ha lamentado también que el fondo regional establece un límite de 1.500 euros de ayuda al año por unidad de convivencia, una cuantía a veces "claramente insuficiente" para algunas familias.

De hecho, Tejerina ha señalado que el Ayuntamiento, a través del Fondo Extraordinario para la Sostenibilidad Familiar, abona ayudas que superan los 1.500 euros y en alguna ocasión se ha llegado casi a duplicar dicha cuantía.

PROCEDIMIENTO QUE "RESTA EFICACIA Y RAPIDEZ"

La responsable municipal de Servicios Sociales ha considerado también que el procedimiento de tramitación de las ayudas regionales "resta eficacia y rapidez y dilatará en el tiempo su concesión", algo que, a su juicio, "va claramente en contra de las familias y no parece coherente cuando se está hablando de ayudas para situaciones de emergencia y especial vulnerabilidad".

Por último, ha insistido en la "carga de trabajo" que el Gobierno va a trasladar a los servicios sociales municipales y "sin compensación alguna para aumentar sus recursos humanos y materiales".

Por todo ello, la concejala ha remitido una carta al Ejecutivo autonómico en la que pide que se atiendan las observaciones del Ayuntamiento y se tengan en cuenta en el convenio definitivo.

La carta se acompaña de un informe técnico y otro jurídico que sustentan cada una de las consideraciones del Consistorio y coinciden en señalar la vulneración de la autonomía local que supondría obligar al Ayuntamiento a aplicar los criterios del Gobierno regional también en ayudas propias del municipio.

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