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El plazo medio de pago de Cantabria a los autónomos sube un 2% en el primer semestre, hasta los 93 días

El plazo medio de pago de la comunidad autónoma de Cantabria a los autónomos ha subido un 2,2 por ciento en el primer semestre del año, al pasar de 91 días en diciembre de 2015 a los 93 días en junio de este año.

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El plazo medio de pago de Cantabria a los autónomos sube un 2% en el primer semestre, hasta los 93 días

De este modo, Cantabria y Castilla y Léon (+11,3%) se sitúan como las dos únicas comunidades autónomas en las que aumentó la morosidad publica, según un informe de la Federación de Autónomos (ATA).

Además, Cantabria es la sexta comunidad que más tarda en pagar a los autónomos tras Extremadura (155), Aragón (137 días), Baleares y Comunidad Valenciana (114) y Murcia (107).

En el conjunto nacional, el periodo medio de pago del conjunto de las Administraciones Públicas a los autónomos ha descendido en casi dos semanas con respecto a los plazos de diciembre de 2015, al pasar de 86 días a 75 días al finalizar el primer semestre de este año, según un informe de ATA, en el que se destaca que, a pesar de esta reducción, el plazo en el que los autónomos cobran sus facturas sigue siendo el triple de lo establecido legalmente (30 días).

La organización de autónomos utiliza para el cálculo del periodo medio de pago la fecha de emisión de las facturas o de la entrega de las mercancía hasta su pago efectivo, metodología diferente a la empleada por el Ministerio de Hacienda, donde el plazo se computa desde la convalidación de la factura por parte de la administración competente hasta su pago efectivo.

La Administración Central es la que menos tiempo tarda en pagar a los autónomos, 44 días de media, por encima del plazo legal, mientras que la Administración Local tarda algo más de dos meses (64 días) en pagar sus deudas, una semana menos de lo que tardaba a finales de 2015.

Los autónomos dependientes de las Administraciones Públicas de las comunidades autónomas son los que tardan más tiempo en cobrar, 85 días, aunque el periodo medio de pago se ha reducido en 16 días desde diciembre de 2015, lo que equivale a un recorte del 15,5% en valores relativos.

Extremadura, con 155 días de media, junto con Aragón (137 días), Baleares y Comunidad Valenciana (114 días de media) y Murcia (107 días de media) son las administraciones autonómicas que más infringen la Ley de Morosidad, al tardar entre cuatro y cinco meses en hacer frente a las deudas que mantienen con sus proveedores.

Con periodos medios de pago superiores a la media nacional (85 días) se sitúan también Cantabria (93 días); Castilla y León (89 días) y Madrid (88 días). Por debajo de la media se encuentran Andalucía (83 días), Cataluña (79 días), Castilla-La Mancha (69 días), Galicia (66 días) y La Rioja (60 días).

Aunque todas las comunidades incumplen el plazo de 30 días que establece la Ley de Morosidad, las que más se acercan y, por tanto, tardan menos tiempo en pagar a sus proveedores autónomos, son Navarra (41 días) y País Vasco (42 días), mientras que Canarias tarda una media de 53 días en pagar y Asturias, de 54 días.

LA MOROSIDAD PRIVADA SE SITÚA EN 79 DÍAS.

Según el informe de ATA, los plazos de pago de las empresas privadas a los autónomos se situaron al finalizar junio en 79 días, incumpliendo también los 60 días que establece la Ley y seis días por debajo de la cifra registrada en diciembre de 2015.

Las empresas de más de 1.000 trabajadores continúan siendo las que más tardan en pagar las facturas a sus proveedores, con 128 días de media.

Cuanto menor es el tamaño de la empresa, menos se tarda en pagar las facturas. Así, las empresas que tienen entre 250 y 1.000 trabajadores pagan en 119 días de media. Las empresas que cuentan con entre 50 y 250 empleados necesitan 73 días y el plazo baja a 58 días en el caso de las que tienen entre 9 y 50 trabajadores.

Por su parte, las transacciones entre los autónomos se sitúan en 45 días y en 48 días en el caso de las microempresas (entre uno y nueve trabajadores a su cargo), con lo que son los únicos sectores que cumplen los plazos legales.

"Pese a los avances, debemos plantear acabar con la morosidad como una prioridad absoluta y actuar de forma contundente contra ella. Más allá de la morosidad pública, no tiene sentido que las grandes empresas, con todos sus recursos no sean capaces de cumplir la ley como hacen los autónomos", ha subrayado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

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