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La Diputación vizcaína convoca las ayudas destinadas a entidades que trabajan en materia de infancia y adolescencia

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado en Consejo de Gobierno el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones en materia de infancia y adolescencia. La apuesta por el sistema de protección de menores responde al compromiso foral de priorizar las necesidades de las personas más vulnerables del Territorio. El decreto en materia de infancia y adolescencia prevé una inversión de 100.000 euros.

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Según ha informado la institución foral, la convocatoria está dirigida a aquellas entidades sin ánimo de lucro en cuyo ámbito esté el objeto de las subvenciones a las que se refieren las bases reguladoras. Por consiguiente, sus estatutos deberán recoger que la realización de las actividades subvencionadas tienen cabida dentro del objeto o fines sociales de las mismas.

La Diputación vizcaína se ocupa de menores en situación de desamparo que, al presentar una serie de carencias personales, familiares y/o sociales, requieren de una adecuada red de recursos sociales que proporcionen respuestas eficaces a sus necesidades. En esta convocatoria de ayudas, la institución foral apoya a las entidades que desarrollan proyectos en materia de infancia, complementarios a su labor de protección.

El decreto aprobado se enmarca dentro de las políticas de protección a la Infancia que cuenta para el ejercicio 2016 con un total de 6.880.000 euros de presupuesto, un 6,92% más que el ejercicio anterior. El incremento se debe fundamentalmente a la ampliación de los programas de intervención, que redundan directamente en las personas menores de edad en situación de desprotección.

El programa de Infancia agrupa presupuestariamente toda la acción protectora de la Administración foral respecto a los menores y adolescentes en situación de riesgo y desamparo fomentando actuaciones preventivas, la permanencia de la persona menor de edad en su propio entorno familiar siempre que no sea contrario a su interés, la búsqueda de alternativas familiares en aquellos casos que se requiera la separación del grupo familiar y la promoción de actuaciones tendentes a la reinserción familiar de la persona menor de edad, siempre que sea conveniente y redunde en su beneficio.

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