Secesiones democráticas

¿Cuándo una secesión puede considerarse como “democrática”? En el polarizado debate actual, la calificación sobre los procedimientos de unos y otros como “democráticos” o “antidemocráticos” sigue lógicas totalmente diferentes en función de quién los use. Para unos, lo que define un procedimiento como democrático es que se adopte de acuerdo a la regla de mayoría, contando preferencias individuales según el principio de “una persona, un voto”. Si los catalanes votan, y una mayoría de ellos decide optar por la formación de un nuevo Estado, estaríamos ante una secesión “democrática”. Para otros, lo que define algo como democrático no es la existencia de una mayoría en una parte del territorio, sino el respeto a los procedimientos a través de los cuales opera el régimen democrático existente. La secesión supone una ruptura del pacto original, y por ello ha de ser tramitada siguiendo los procedimientos constitucionales sobre los que se asienta el régimen democrático. Fuera de la legalidad constitucional no caben las secesiones “democráticas”.

En el choque de estas dos lógicas estamos instalados desde hace ya bastante tiempo. ¿Es posible conciliarlas? A continuación expongo mi humilde intento.

Empecemos por reconocer dos principios sobre los que intentar construir una síntesis de estas dos lógicas. Esta síntesis no aspira a sustituir a las teorías normativas de la secesión existentes en la literatura (y en las que no soy en absoluto experto). Más bien, este ejercicio que propongo hay que entenderlo como una propuesta de arreglo pragmático que permita evitar el choque de legitimidades al que nos enfrentamos en la actualidad, y que sirva como andamiaje a partir del cual construir algo relativamente aceptable para todos, o al menos para una mayoría.

Mi propuesta parte de dos premisas que creo razonables:

1. La secesión de una parte del país tiene consecuencias para la matriz de la cual se separa. Eso hace que, desde el punto de vista democrático, y todo lo demás constante, sea más legítima una secesión que cuente con el visto bueno de una mayoría de individuos del país matriz que una secesión que cuente con la oposición de una mayoría de los individuos del país matriz. Es algo más democrática, digamos, la secesión de Montenegro de Serbia y Montenegro en 2006 que la salida de Kosovo de Serbia en 2008 (por supuesto, la aceptación del país matriz no es la única variable que diferenció los dos procesos).

Esta primera premisa seguramente no sea del todo aceptable para los soberanistas más puros que creen en la existencia de derechos nacionales que prevalecen sobre los acuerdos constitucionales existentes. Su visión asume que podemos ponernos siempre de acuerdo en cuáles son esas naciones, pero más allá de ello adolece de un problema de tipo práctico: las secesiones unilaterales son hoy muy excepcionales, y se dan solo cuando hay un consenso casi absoluto entre la población de la región secesionista sobre la deseabilidad de la independencia.

2. Cuando existe unanimidad absoluta entre los miembros de una parte del territorio en el deseo de independizarse, no puede esgrimirse el hecho de que los habitantes de esa parte del territorio sean una minoría en el conjunto del país matriz para impedir la creación de un nuevo Estado. A diferencia de la primera, esta premisa será discutida por los “constitucionalistas” más rígidos: si absolutamente todos los ciudadanos de una comunidad autónoma quieren irse de España, pero el resto del país se opone, es evidente que los independentistas nunca tendrán los números suficientes para reformar la Constitución, por lo que tendrán que resignarse y permanecer dentro de la unión. Creo que esto es difícilmente defendible: ¿es gobernable democráticamente un territorio en el que la totalidad de sus miembros no se reconocen parte del ente político que los administra?

Si me compran estas dos simples premisas y las ponemos juntas, podemos pensar en dos escenarios hipotéticos en los que las secesiones podrían ser consideradas como “democráticas”: uno primero, en el que absolutamente todos los ciudadanos de una región, incluso con la oposición del resto del país, desean crear un nuevo Estado; y un segundo escenario en el que una mayoría de los ciudadanos del país matriz y una mayoría de los ciudadanos de la región secesionista están a favor de la independencia (creo que existen buenos motivos para que una decisión tan importante y tan poco reversible sea tomada por mayorías algo excepcionales y sostenidas en el tiempo, pero en aras de la sencillez de la exposición dejo esta discusión a un lado). Los puntos A y B del gráfico 1 reflejan esos dos escenarios. Al noroeste de esos puntos (la región azul del gráfico), cualquier combinación de preferencias debería ser reconocida como una secesión “democrática”.

A la derecha del punto B, la recta que divide las secesiones “democráticas” de las que no lo son es completamente horizontal (una vez que la voluntad de crear un nuevo Estado es mayoritaria en la región secesionista y en el país matriz, es irrelevante la magnitud de esta segunda mayoría). La parte más controvertida del gráfico es la recta que va de A a B. Si A y B son combinaciones de preferencias que definen, de acuerdo a nuestras dos premisas, secesiones democráticamente aceptables, entre estos dos puntos han de existir combinaciones de preferencias que también lo sean. Cómo son esas combinaciones es algo discutible, y por eso la recta que he trazado la he dibujado de forma discontinua, porque no es evidente que esa la línea que divida secesiones aceptables de no aceptables en ese tramo sea una recta: ¿es más importante que la mayoría en la región secesionista sea sólida, o que haya poca oposición en el país matriz? En función de una cosa u otra, la línea que va de A a B tomará diferentes formas.

Volvamos a la realidad. Me he permitido la frivolidad de ubicar las preferencias actuales sobre la independencia de Catalunya en el gráfico, que quedarían aproximadamente en el punto C. Más o menos la mitad de los catalanes están a favor de la independencia. De acuerdo a mi humilde propuesta, es hasta cierto punto irrelevante si el número exacto es el 40, el 45, el 50 o el 55 por ciento de los catalanes. En la medida que exista una oposición considerable a la independencia dentro de Catalunya, es razonable que la legitimidad democrática de la secesión dependa de cómo de aceptable es ésta en el país matriz.

Para concluir, déjenme especular sobre unas posibles implicaciones de este ejercicio. Si a lo que he llamado secesiones “democráticas” las llamamos también secesiones “más costosas de impedir”, o “más fáciles de lograr”, podemos decir algo sobre las estrategias de unos y otros en el actual contexto. Así pues, la estrategia de los secesionistas debería estar basada no solo en convertirse en hegemónicos dentro de Catalunya (esa parece ser su única apuesta hoy, confiando acertada o equivocadamente en que una sobrerreacción del Estado les haga ese trabajo), sino quizá también en tratar de generar ciertas complicidades fuera de ella (su permanente discurso sobre lo irreformable que es el inquebrantable bloque inmovilista en España les hace un flaco favor en este sentido). Desde el punto de vista contrario a la independencia, el mayor riesgo en el medio plazo es que C se desplace hacia arriba. Para ello, la prioridad debería ser evitar que los autonomistas críticos con el statu quo pero no independentistas se acaben decantando hacia el secesionismo, y es aquí donde lo que ocurra en las próximas semanas podría tener consecuencias.