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La Audiencia Nacional confirma la extradición de un guardaespaldas de un opositor kazajo

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La Audiencia Nacional confirma la extradición de un guardaespaldas de un opositor kazajo

La Audiencia Nacional confirma la extradición de un guardaespaldas de un opositor kazajo

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado hoy la extradición de Alexandr Pavlov, guardaespaldas del líder opositor kazajo Mukhtar Ablyazov, contrario al régimen de Nursultán Nazarbáyev, al que su país acusa de fraude bancario y de participar en un atentado terrorista frustrado.

Según han informado fuentes jurídicas, los 17 magistrados del pleno han respaldado con diez votos a favor frente a siete en contra la extradición a Kazajistán de Pavlov, a la que ya había dado el visto bueno el pasado mes de julio la sección segunda de la Sala de lo Penal, al no observar indicios de persecución política como alega el reclamado, que recurrió en súplica la decisión.

Pavlov, cuya extradición necesita de la aprobación del Gobierno, está acusado en Kazajistán de participar en 2012 en un atentado terrorista con explosivos en la ciudad de Almaty, que fue frustrado por la Policía, y de fraude bancario.

El guardaespaldas de Mukhtar Ablyazov, que considera su extradición una "farsa", atribuye estos cargos a una persecución política del Gobierno de Nazarbáyev, en el poder desde hace tres décadas, y afirma que buscan sacarle información sobre el líder opositor.

El Gobierno español ya denegó el asilo político a Pavlov, que se encargó de la seguridad del disidente desde 1995 y fue su guardaespaldas personal, tanto en Kazajistán como en Londres, a donde se trasladó luego el principal líder de la oposición, ahora en paradero desconocido.

En la vista, celebrada el 18 de julio, Pavlov relató cómo estando en Londres miembros del Comité de Seguridad de su país le obligaron a firmar una declaración contra una persona del equipo del disidente que luego consiguió asilo político.

También explicó que la policía británica le alertó de un posible atentado contra Ablyazov, que las autoridades kazajas amenazaron a su mujer de acusarla de terrorismo si no colaboraba y que interrogaron a su hijo de 3 años para sacarle información sobre él.

Indicó además que se sintió amenazado por dos personas del Consulado de Kazajistán que le visitaron en prisión en España y le preguntaron mucho por su familia.

La petición de extradición, a la que tiene que dar luz verde el Consejo de Ministros, se produjo en plena polémica en torno a la Policía y el Gobierno italiano por la expulsión y entrega a Kazajistán el pasado 31 de mayo por parte de las autoridades italianas de la esposa e hija de 6 años de Ablyazov, después de que fueran detenidas en la vivienda de las afueras de Roma en la que residían.

Este argumento fue utilizado durante la vista por la defensa de Pavlov, quien se refirió asimismo a la visita el pasado febrero del presidente kazajo a España que culminó en un tratado de extradición entre Kazajistán y España, publicado el 17 de julio en el Boletín Oficial del Estado.

Según argumentó durante la vista la defensa, Pavlov "ha sido y continuará siendo objeto de persecución" y su extradición responde a una campaña de las autoridades kazajas dirigida a los "más íntimos allegados" del líder opositor imputándoles "falsos delitos, sobre todo de terrorismo".

Mencionó además un informe de la Inteligencia española en el que se afirma que el objetivo de la extradición es lograr de Pavlov datos sobre el disidente y que no se ha obtenido información que contraste el atentado que se le atribuye, aunque se le considera en las conclusiones como peligroso.

Por estas razones, el grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso reclamó el 8 de agosto garantías al Gobierno para extradición de Pavlov para evitar que sufra tortura o persecución en su país.

La Fiscalía española apoyó la petición de extradición, afirmando que "en modo alguno se han acreditado razones espurias", y recordó que se le imputan delitos de pertenencia a organización terrorista, tentativa de estragos y estafa, esta última cifrada en unos 22 millones de dólares por unas operaciones financieras ilegales.

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