Condenado por el caso de los Jesuitas debe volver a prisión, dice un abogado salvadoreño

El coronel salvadoreño Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por la matanza de jesuitas, debe completar su pena tras la nulidad de la amnistía que permitió su liberación en 1993, aseguró hoy el experto salvadoreño en derechos humanos Benjamín Cuéllar.

El pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró “inconstitucional” la Ley General de Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto civil (1980-1992).

Actualmente, el coronel y exdirector de la Escuela Militar de El Salvador se encuentra bajo arresto y a la espera de la decisión de la CSJ sobre su posible extradición a España, junto a otras tres personas requeridas por la masacre de los 6 jesuitas y 2 de sus colaboradoras.

Estos tres militares son los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, todos detenidos el pasado 5 de febrero.

De acuerdo con Cuéllar, una de las personas que interpuso en 2013 la demanda que llevó a la nulidad de la Amnistía, con la declaración de inconstitucionalidad y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, “sí” procede que Benavides complete la pena.

Añadió que a la Fiscalía del país centroamericano le corresponde “de oficio” activar los mecanismos para que el militar termine de purgar la condena.

“Esperaría que la Fiscalía lo haga, si no, tendría que exigírsele”, señaló el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) en declaraciones a la prensa internacional.

Benavides fue condenado por un tribunal de la capital salvadoreña en septiembre de 1991 y fue liberado por la amnistía a inicios de abril de 1993, después de la emisión de la ley de olvido por parte del Congreso a mediados de marzo del mismo año.

Junto a este coronel fue condenado el teniente Yusshy Méndez, que supervisó en el terreno la operación que culminó con el asesinato de los sacerdotes y las dos mujeres. De acuerdo con Cuéllar, Méndez vive “fuera del país desde hace rato”.

Pese a que este militar fue condenado y amnistiado por el crimen, su nombre no figura entre los 17 salvadoreños requeridos por la Audiencia Nacional de España por esta matanza.

La nulidad se basó en el alegato de que la amnistía “es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, de acuerdo con una publicación de la CSJ.

Entre los casos que pueden ser reabiertos o investigados por la nulidad de la amnistía están también la masacre de más de 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el magnicidio de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia Católica.

Como el caso de los jesuitas, estos crímenes son atribuidos al Ejército salvadoreño; sin embargo la reciente sentencia de la CSJ señala que las violaciones a derechos humanos adjudicadas a la guerrilla salvadoreña tampoco gozan de amnistía.

La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón elite del Ejército irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno.

También fue ultimado el salvadoreño Joaquín López, y las colaboradoras Elba Julia Ramos y su hija Celina.