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Las leyes de socialistas y populares permiten al PP y sus donantes esquivar el banquillo

El Partido Popular y el PSOE evitaron durante años tipificar la financiación irregular o considerar a un partido responsable penal

La investigación no ha permitido acreditar que los grandes empresarios entregaran dinero a cambio de una adjudicación concreta

Ruz no encuentra pruebas contra los secretarios generales Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal antes de abandonar la Audiencia Nacional

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El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

El auto que cierra la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’ retrata al Partido Popular como la formación que hizo de la financiación irregular una práctica más, aunque encubierta, de cuantas desarrolló durante dos décadas. La conclusión del juez Pablo Ruz de que el partido de Rajoy se alimentó de dinero negro, entregado por empresarios que recibían adjudicaciones de la Administración, tiene, sin embargo, un reproche penal limitado.

El Código Penal de los Gobiernos del PP y el PSOE vigente durante las prácticas irregulares permite que algunas de ellas estén hoy prescritas y que otras, como la financiación irregular, ni siquiera sean delito. A esto hay que sumarle que un partido político no era penalmente perseguible y que el delito de cohecho ha resultado indemostrable para empresarios que acaparan la práctica totalidad de la obra pública en España. Como resultado, el Partido Popular, sus máximos responsables, los que recibieron sobresueldos y los empresarios de las donaciones no se sentarán en el banquillo.

Asimismo, el juez Pablo Ruz no ha logrado encontrar indicios suficientes del presunto soborno al PP de Castilla-La Mancha para conseguir una contrata de basuras en Toledo a cambio de financiar la campaña de María Dolores de Cospedal. Ruz deberá abandonar en los próximos días, de forma precipitada, la Audiencia Nacional, después de que el Poder Judicial, que controla el Partido Popular, se negara a prorrogar su destino en el Juzgado de Instrucción número 5 cuanto tiempo hiciera falta para acabar la instrucción del caso Bárcenas.

Estos son los protagonistas de los ‘papeles de Bárcenas’ que escaparán del banquillo y los delitos que cometieron y que nunca serán juzgados:

El Partido Popular

Ha sido en esta legislatura (diciembre de 2012) cuando los partidos políticos y los sindicatos han pasado a ser penalmente responsables, con independencia de la implicación de las personas que los dirigen. Con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se modificó la ley para que las personas jurídicas pudieran responder penalmente, pero se dejó fuera a partidos y sindicatos.

De entre los hechos investigados por el juez Ruz, los que no han prescrito son anteriores a esas modificaciones legales y, como las leyes no tienen carácter retroactivo, la reforma de 2012 no le es aplicable al PP. En contra del criterio del Ministerio de Hacienda, el juez atribuye al Partido Popular un delito fiscal por no haber declarado las donaciones irregulares que recibió en 2008 –las de 2007 no alcanzaron el umbral legal de los 120.000 euros sin declarar–.

Sin embargo, serán sus administradores de hecho o de derecho los que se sienten en el banquillo. De acuerdo a los estatutos del PP, son los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el antiguo gerente Cristóbal Páez. Lo mismo ocurre con las obras de la sede nacional del PP, pagadas en negro. El juez señala al arquitecto Gonzalo Urquijo; a su socia, Belén García; y a la empleada Laura Montero. Y son el Partido Popular y la empresa de aquellos, Unifica, las entidades que responderán a título de responsable civil subsidiario.

Por otra parte, el Partido Popular no podrá ser acusado de financiación irregular porque, sencillamente, ese delito no existe. A pesar de que quedó acreditado que el PSOE de Felipe González recibió dinero negro a través de una trama de sociedades, o que Unió Democràtica de Catalunya fue financiada irregularmente por la red del caso Pallerols, la financiación irregular no es, hoy por hoy, delito.

La caja B del PP recoge otras dos conductas delictivas imposibles de atribuir al PP pero sí a sus administradores: el delito contable y el delito electoral. Pero ambos tienen un plazo de prescripción de tres años, ampliamente sobrepasado.

Los dirigentes del partido

Solo un secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, ha estado imputado en la pieza de los ‘papeles de Bárcenas’. En el auto de ayer, Ruz también archiva las actuaciones contra él al considerar que no está suficientemente acreditado su conocimiento y participación en la adquisición en 2004 de acciones de Libertad Digital con dinero negro del PP. Ruz llegó a atribuir indiciariamente a Acebes el delito de apropiación indebida por haber consentido que Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas se quedaran con parte de esos fondos de la caja B destinados a la ampliación de capital del medio de comunicación que, por aquel entonces, utilizaba la teoría de la conspiración en los atentados del 11M para participar en la labor de oposición al Gobierno de Zapatero.

Ruz no menciona en su auto las afirmaciones de Bárcenas de que entregó dinero en mano al presidente del partido, Mariano Rajoy, o a la secretaria general actual, María Dolores de Cospedal, aunque sí cita genéricamente que el pago de sobresueldos, como la financiación de campañas, fue uno de los fines que se dieron a las donaciones irregulares entregadas por los constructores. La propia Cospedal y otros dos secretarios generales, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, protagonizaron sendas declaraciones como testigos en las que abundaron los ‘no recuerdo’ en sus respuestas y la atribución de todas las competencias en materia de financiación a los tesoreros del partido.

María Dolores de Cospedal se veía igualmente afectada por la acusación de Bárcenas de que había entregado 200.000 euros de Sacyr al PP castellano-manchego para financiar una de sus campañas electorales a cambio de una contrata de basuras de Toledo. Incluso aportó un recibí a mano firmado por el gerente de la formación regional, José Ángel Cañas. La declaración de este ante Ruz ofreció “vaguedades, inconsistencia o incoherencias que no responden a una explicación lógica o racional sobre las circunstancias que determinaron, como pretendió sostener, la firma”. Sin embargo, Ruz no encuentra, “por el momento”, más que indicios de prevaricación en la otorgación de la contrata y no del soborno, aunque deja en manos del juzgado de Toledo que eleve al Tribunal Superior el caso si es que halla indicios del soborno en el que pudieran estar implicados Cospedal o algún otro aforado.

Los empresarios

El caso de los ‘papeles de Bárcenas’ ha obligado a desfilar por la Audiencia Nacional a los empresarios más importantes de la construcción en España, algunos de ellos dueños de auténticos imperios, que han permanecido imputados durante meses. En su auto del lunes, Ruz dice que, independientemente de que todos negaran haber entregado dinero negro al partido, la documentación que obra en la causa, los informes periciales y el análisis de la entrada y salida de fondos “permite dotar de suficiente apariencia de veracidad al conjunto de aportaciones económicas registradas y atribuidas a los querellados”.

¿Por qué archiva entonces las actuaciones contra ellos? El juez admite que ni la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ni la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han podido establecer “una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”. Y eso, a pesar de que todos eran contratistas con la Administración en el momento en el que consta que hicieron las donaciones. Por tanto, el juez concluye que, “por el momento, no hay suficientes indicios” de que se haya producido un delito de cohecho.

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