Defensora Pueblo urge a implantar historia clínica electrónica en todas las comunidades

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reclamado a las comunidades autónomas, donde todavía no exista, la implantación de la historia clínica electrónica en todos los niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud, para mejorar la atención de los pacientes cuando se mueven entre regiones.

Durante su comparecencia en el Senado, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para explicar la memoria de la institución durante 2014, Becerril ha destacado las últimas recomendaciones realizadas tras el estudio que hizo sobre las urgencias hospitalarias.

La institución propone que se amplíe el número de centros extrahospitalarios, como ambulatorios, con actividad 24 horas al día, que se mejore la intimidad de los pacientes y se facilite el acompañamiento de familiares, además de la información que se da en estas áreas de salud.

Becerril ha subrayado la necesidad de evaluar el mapa de los servicios de urgencias en los hospitales y recomienda una mayor coordinación con los servicios médicos asistenciales, una dotación suficiente de plantillas y la adecuación de las infraestructuras.

La institución también se ha mostrado a favor de la aprobación de la especialidad médica y de enfermería de Urgencias y Emergencias.

“Se registraron 26 millones de entradas por los servicios de Urgencias; eso hace pensar sobre la importancia de esos servicios y el interés de que se preserven con las mejores condiciones” para la atención de los pacientes, ha dicho.

En relación con la violencia de género, Becerril ha mostrado su preocupación en relación con las visitas a menores de los padres acusados de maltrato, aunque ha recordado que es competencia del juez determinar estas visitas.

“No podemos decir al juez lo que tiene que hacer, pero hemos llamado la atención, porque nos preocupa”, ha señalado.

Respecto a la política migratoria, Becerril ha explicado sus visitas a tres centros de estancia temporal de inmigrantes, en París, Londres y Rotterdam.

Así, ha destacado que en algunas ciudades europeas “la estancia de estas personas se puede prolongar y tiene una legislación más amplia o permisiva”, en relación con las devoluciones o la puesta en libertad de los inmigrantes en situación irregular.

“Nuestra legislación es más severa y estricta y tiene unos plazos más reducidos”, ha señalado Becerril.

La Defensora ha destacado que el Gobierno haya escuchado las sugerencias de la institución para regular la “segunda oportunidad” de las personas físicas o “deudores de buena fe”.

“Es una vía nueva, que abre oportunidades y que no existía antes. Vamos a ver la evolución y cómo se pueden acoger las familias, y creo que las pequeñas empresas también deben acogerse”, ha opinado.

En respuesta a una pregunta en la comisión, Becerril ha explicado que sus relaciones con el Síndic de Greuges (el defensor en Cataluña) están “absolutamente normalizadas” tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha motivado que la institución catalana cambie el nombre de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura.

“La sentencia aclara algunas cuestiones importantes de las competencias del Síndic y del Defensor del Pueblo”, ha dicho Becerril, quien ha añadido que procura que las relaciones “sean correctas”.

La Defensora ha recordado que en 2014 los temas que más preocuparon a los ciudadanos fueron los relacionados con asuntos sociales (como rentas mínimas o prestaciones de dependencia), problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales, y retrasos en la administración de justicia.