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Organizaciones de derechos humanos piden que no se sancione al juez que habló de torturas en España

Este viernes la Audiencia Nacional decide sobre la petición de recusación del magistrado José Ricardo de Prada, que afirmó que en España la tortura "se ha producido de manera clara"

La tortura "es un tema tabú", afirman Rights International Spain, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Organización Mundial contra la Tortura

Se suman así a Amnistía Internacional, que el jueves envió una carta al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por pedir al CGPJ que tomara medidas

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El Foro por la Convivencia de Tolosa se solidariza con el magistrado De Prada

José Ricardo de Prada EFE

Este viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirá sobre la petición de recusación del magistrado José Ricardo de Prada, que el pasado 14 de abril afirmó que en España la tortura "se ha producido de manera clara" y los tribunales "no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho". Varias organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales han pedido que se rechace la posibilidad de imponer cualquier tipo de sanción al juez y exigen que las autoridades "abandonen el negacionismo".

El pasado 30 de mayo la Audiencia Nacional admitió dos peticiones de recusación contra De Prada, presentadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) por sus palabras. Días después se supo que la Fiscalía apoya que el magistrado sea apartado de los dos casos de terrorismo en los que había sido recusado. "Lo que vendría a constituir una forma grave de sanción profesional", afirman colectivos como Rights International Spain, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Organización Mundial contra la Tortura.

Las organizaciones recuerdan que el pasado 15 de junio la Sala Segunda del Tribunal Supremo anuló una sentencia de la Audiencia Nacional, que contó con el voto particular en contra de José Ricardo de Prada, por no haber admitido una prueba pericial psicológica para determinar si se habían producido actos de tortura contra Iñigo Zapirain Romano. La prueba debía realizarse de acuerdo al Protocolo de Estambul, un conjunto de reglas  para documentar la tortura y sus consecuencias adoptado por la ONU en el año 2000.

Un mes después de las polémicas declaraciones, el Tribunal de Estrasburgo condenaba a España por no investigar suficientemente una denuncia por tortura. Se trata de la sexta condena de este tipo desde 2010 y la octava desde que firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

"Un tema tabú"

Las tres organizaciones que suscriben el comunicado se suman así a Amnistía Internacional, que este miércoles envió una carta al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, para reprocharle sus ataques al magistrado. Poco después de que se pronunciara, Fernández Díaz tachó sus palabras de "infames" y pidió al Consejo General del Poder Judicial que tomara "algún tipo de medida".

Una actitud que para los colectivos en defensa de los derechos humanos choca frontalmente con las numerosas recomendaciones y llamadas de atención que varios organismos internacionales han hecho a España sobre tortura y malos tratos policiales. Entre ellas, la abolición del régimen de incomunicación, la necesidad de que los agentes vayan constantemente identificados, "el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden" o "la impunidad y la ausencia de investigaciones exhaustivas", enumeran las organizaciones. 

En 2003 el relator de Naciones Unidas para la cuestión de la tortura, Theo Van Boven, mostró su preocupación "por la reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de la tortura en España, en la medida en que la tortura se ha convertido en un problema de elevado contenido político". Los tres colectivos que suscriben el comunicado "lamentan que 13 años después la situación no haya cambiado y la tortura siga siendo un tema tabú".

Rights International Spain, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Organización Mundial contra la Tortura instan a las autoridades españolas "a garantizar que el magistrado pueda seguir desarrollando su función jurisdiccional en la Audiencia Nacional con normalidad, sin intimidación ni represalias por sus afirmaciones".

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