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Cómo hacer una nueva ley de educación en cinco sencillos pasos

El ministro de Educación, José Ignacio Wert. \ EFE

Natalia Chientaroli

José Ignacio Wert pasó de asesorar a Mariano Rajoy en el análisis de encuestas y la preparación de discursos a convertirse en ministro de Educación. La confianza del flamante presidente del Gobierno y el respeto intelectual que se había ganado en su relación con el líder del PP durante años le hicieron depositario de un cometido muy importante para el Gobierno: una nueva ley de educación.

Un año después de presentar el primer borrador, Wert es el ministro peor valorado del Ejecutivo y asegura que nunca pensó que tener ese cargo político “iba a ser tan difícil”. Aún así, y aunque en el propio Gobierno se desmarcan de su gestión, la confianza de Rajoy parece intacta. Le ha reconocido públicamente a Wert la valentía de haber llevado adelante ese importante proyecto del programa con el que el PP ganó las elecciones. Aunque quizá –y sobre todo teniendo en cuenta que le asesoraba sobre comunicación– su retórica florida y erudita no haya sido la más adecuada para semejante empeño.

Con todo, Wert ha cumplido con su cometido. En seis sencillos pasos ha creado una ley que modifica el sistema educativo español. La LOMCE se ha vuelto una presencia constante en los medios, en las redes sociales y en la calle, y su nombre tachado o seguido de un contundente NO ha encabezado manifestaciones multitudinarias en todo el país. Pero la llamada Ley Wert llevaba mucho tiempo gestándose, y hoy es la cristalización más evidente del ideario que defiende el PP para España.

1. El origen

“La comunidad educativa no puede ser democrática”. Esta frase de José Ignacio Wert, pronunciada en 2010 en una conferencia de FAES, el think tank ultraliberal del PP, ha marcado el espíritu de la reforma educativa: mayor autonomía de los directores y menos democracia interna, rendición de cuentas de los colegios como si de empresas se tratara o las polémicas reválidas. Todas ideas cocidas en la fundación que dirige José María Aznar, elaboradas por especialistas como Álvaro Vermoet, Pedro Schwartz o Francisco López Rupérez, entre otros. Rupérez, exviceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid y expresidente del Consejo Escolar de Madrid, ha llegado de la mano de Rajoy al Consejo Escolar de España.

Para Wert, ese exceso de democracia había derivado en un “deterioro primero de la autoridad, después de los estándares de exigencia y, finalmente, de los valores nucleares del proceso educativo”, como “esfuerzo, mérito, reconocimiento” o “excelencia”. Todas palabras que hemos oído hasta la saciedad en la defensa por el PP de la ley. Es decir, el primer paso estaba hecho. Del trabajo previo ya se había encargado FAES.

2. La justificación

Para hacer un cambio radical en una ley tan sensible, se debe presentar como una necesidad impostergable. Y en ello han insistido tanto el PP como el Gobierno durante estos dos años de proceso con un discurso casi calcado. Los malos resultados del informe PISA (que evalúa el rendimiento de los alumnos de 15 años de la OCDE) se han convertido en el principal argumento.

Sin embargo, muchos especialistas llaman a relativizar la posición rezagada de España en el estudio. Es más, algunos aseguran que los cambios que incorpora la LOMCE no mejorarán la situación y sí podrían empeorarla en ciertos aspectos. Y ya que tirábamos de estudios, también ha servido para defenestrar la situación del sistema educativo español el PIAAC, una especie de PISA pero en el que se miden la capacidad de análisis en lectura y matemáticas de la población de 15 a 65 años. Otra vez a la cola de los países participantes (no lo hacían algunos europeos como Grecia o Portugal, por ejemplo), hasta el presidente del Gobierno lo usó para defender la LOMCE como remedio a la supuesta ignorancia estadística de los españoles.

Otra vez, un buen número de analistas sacó conclusiones opuestas a las del Gobierno. Señalaron que el PIAAC mostraba cómo habían mejorado las competencias de la población, sobre todo teniendo en cuenta que el punto de partida (la España de los mayores de 55 años) era el de una sociedad en el que la alfabetización no era universal.

La otra gran baza justificatoria es la del altísimo abandono escolar temprano español: uno de cada tres alumnos no logra graduarse. La pregunta que muchos se hacen es si la LOMCE podrá revertir esas situación. Durante de la burbuja inmobiliaria muchos alumnos veían en el sector de la construcción una salida fácil y muy bien remunerada para cualquiera, con o sin estudios. Pero eso está cambiando. En dos años el procentaje ha bajado seis puntos.

3. El desarrollo

Cuando el Gobierno presentó el primer borrador de la ley hizo una declaración de intenciones que apuntaba al consenso, a tener en cuenta la opinión de todos para “mejorar” el proyecto. Pero la pluralidad no ha acabado por reflejarse en el texto. Padres, estudiantes y sindicatos se opusieron frontalmente a algunos de sus enunciados, como la 'subida de categoría' de la asignatura de Religión, el recorte de funciones de los centros escolares o lo que llamaron la “vocación privatizadora de la ley”. Por primera vez los tres actores de la comunidad educativa se unieron para convocar una huelga general en el sector.

Ya bautizada como Ley Wert, la LOMCE se enfrentó incluso a las críticas del Consejo de Estado, órgano presidido por José Manuel Romay Beccaría, un hombre de la total confianza de Mariano Rajoy. Los puntos más polémicos de la futura ley, como la eliminación de Educación para la Ciudadanía o la garantía de escolarización en español en las comunidades con lenguas cooficiales se mantuvieron a pesar de las reticencias del Consejo de Estado. También el que blindaba el acceso a fondos públicos de colegios que separan a los niños por sexo.

Y en esos días convulsos de mayo hasta el hermano del ministro Wert, Juan Pablo, impartió clases en la calle en Ciudad Real para protestar por los recortes en las universidades. Sí se hicieron algunos remiendos, como una reformulación del preámbulo, que fue considerado incluso dentro del PP como demasiado “mercantilista” por centrar la importancia de la educación en una exitosa inserción laboral. Ya con el texto definitivo, en el trámite parlamentario el proyecto incorporó pocas novedades.

4. El consenso político

“Estamos dispuestos a dialogar para lograr el mayor consenso político”, aseguró Wert al presentar el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Pero la LOMCE salió de allí con pocas novedades. De las casi 800 enmiendas parciales presentadas, la mayoría del PP aprobó apenas 36, la mayoría de ellas de su propia cosecha.

Entre los cambios más polémicos está el que refuerza el papel del castellano en la enseñanza y el que da libertad a las CCAA para donar suelo público a colegios privados. El Pleno de la Cámara Baja aprobó la LOMCE sólo con los votos del PP. Y la mayoría de los partidos de la oposición ha llegado a un acuerdo para derogarla en cuanto los populares dejen de gobernar. A ello se suma el anuncio de varias comunidades autónomas de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional por entender que vulnera sus competencias.

De su accidentado paso por el Congreso pasó al Senado, donde estuvo a punto de incorporar la oferta obligatoria de Religión también en Bachillerato. Al final el PP se contuvo en este punto, aunque el ministro ha asegurado en una reciente entrevista que está dispuesto a sentarse con los obispos para atender sus peticiones.

Wert sí cedió algo a la presión de las comunidades autónomas del PP que dudan de contar con los recursos necesarios para implantar la ley, de modo que el aterrizaje de la LOMCE será más suave de lo previsto. Del Senado salió también sólo con el apoyo del PP, y esta semana en su aprobación definitiva en el Congreso el panorama es similar.

5. La aprobación

A pesar de lo accidentado de la aventura y de que José Ignacio Wert se sienta estos días “en una jungla y sin machete”, lo cierto es que este jueves habrá logrado el gran reto que Rajoy le marcó cuando le nombró ministro. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa será ya para siempre la Ley Wert, y la única de la democracia que haya salido adelante sólo con los votos del partido del Gobierno.

La LOGSE se aprobó en 1990 con el apoyo de todos los grupos políticos salvo el PP. La LOCE del Gobierno de José María Aznar contó al menos con el respaldo de Coalición Canaria. La LOE sumó a ERC, PNV, EA, IU-ICV y CC.

Para el ministro, la legitimidad democrática viene dada por el apoyo con el que los votantes dieron al PP la mayoría en las dos cámaras. La LOMCE saldrá adelante como un proyecto en el que el PP se ha enrocado sin lograr sumar a nadie y sobre el que pesa una abrumadora unanimidad. En contra, claro. Y el ministro –quizá ya amortizado para su valedor Rajoy– habrá conseguido su propósito y, según sus propias palabras, agotado su ambición política. La de ponerle apellido a una ley que todos recordaremos, dure lo que dure.

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