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The Guardian en español

Filipinas presume de liquidar a 712 personas en dos meses en su cruzada antidroga

El presidente filipino, Rodrigo Duterte.

Oliver Holmes

El director de la policía nacional de Filipinas ha informado de que 712 personas han muerto en operaciones policiales desde el 1 de julio en la dura guerra del presidente, Rodrigo Duterte, contra las drogas. En una comparecencia en el Senado sobre los asesinatos extrajudiciales, Ronald Dela Rosa ha indicado que se han documentado 1067 muertes a manos de grupos vigilantes en el mismo periodo.

El recuento oficial de las últimas siete semanas es mucho más alto que la mayoría de cálculos no oficiales de muertes desde que el nuevo presidente fue elegido a finales de mayo. Duterte se presentó con un programa anti-establishment y prometió acabar con el crimen en un plazo de entre tres y seis meses de mandato. Ha afirmado en público que no perseguirá a los policías que maten a traficantes de drogas.

El líder, de 71 años y conocido allí como El castigador, también animó a los ciudadanos con armas a disparar y matar a los traficantes que se resistan al arresto y contraataquen. Ha prometido seguir con su guerra contra el crimen a pesar de lo que él tachó de “estúpidas” críticas de la ONU, incluidas las de su secretario general, Ban Ki-moon, que dijo que el aparente apoyo a los asesinatos extrajudiciales es “ilegal y un incumplimiento de los derechos y libertades fundamentales”.

Los colectivos de derechos humanos y los políticos filipinos han acusado a Duterte de crear una ola de asesinatos, tanto ataques extrajudiciales llevados a cabo por las fuerzas de seguridad como golpes de los vigilantes.

Dela Rosa ha afirmado en el Senado que el país tiene 3,7 millones de consumidores de drogas y que, aunque se ha hecho mucho para erradicar las drogas ilegales, el problema persiste. Ha comunicado que, entre el 1 de julio y el 21 de agosto, la Policía ha detenido a 10.153 “traficantes y consumidores de drogas” como parte de una política “de doble cañón”: una campaña dual que se dirige tanto a los criminales de alto nivel como a los consumidores de la calle. Según Dela Rosa, más de 600.000 personas se han entregado a la Policía.

El Senado filipino y la Comisión de Derechos Humanos han abierto sus propias investigaciones independientes sobre las muertes.

Durante la comparecencia de este lunes por la mañana, el senador Risa Hontiveros, crítico con Duterte, ha manifestado: “La guerra contra las drogas no se debe reducir a asesinatos. No podemos pretender ser dioses y decidir qué vidas importan y cuáles no. Debemos cambiar el foco de esta guerra contra las drogas de la vendetta a la justicia real, de los atajos a las reformas, de los castigos a los tratamientos”.

Pero Dela Rosa le ha respondido: “Si se descubre que algún policía ha incumplido la ley en defensa propia, será investigado, procesado y castigado como corresponda”. Ha añadido que la postura de la Policía contra los asesinatos extrajudiciales es “inflexible” y que las fuerzas de seguridad nunca consentirán las muertes provocadas por los vigilantes.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

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