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Los europeos no solo deben quedarse en Reino Unido, tienen que poder votar

La mano de obra ideal para que los empleadores explotadores  paguen salarios bajos, exijan mucho y la reemplacen fácilmente es aquella que no puede organizarse sindicalmente y que no puede hacerse oír en las elecciones.

Paul Mason

En una reunión de unos 100 activistas del Partido Laborista, en el condado de Nottinghamshire, hay un grupo de trabajadores de una fábrica local con la chapa del partido y listo para salir a la calle. El único problema es que son checos y eslovenos y no pueden votar en el Reino Unido. Son sólo algunos de los más de dos millones de trabajadores adultos que viven en el Reino Unido pero que no pueden votar. Y Theresa May acaba de proponer que esto sea permanente.

La propuesta conservadora para los europeos “con estatus de residente” será ahora discutida en Bruselas. Si se pone en práctica, se aumentará el déficit democrático que sufren todos aquellos que cruzan las fronteras europeas para trabajar. Si eres un ciudadano europeo residente en otro país, tienes derecho a votar en las elecciones locales y regionales y también en las del Parlamento Europeo, pero no en las elecciones generales que determinan el gobierno que eventualmente hará las leyes que afectan tu vida, el mismo gobierno al que le pagas impuestos. La propuesta de May implica privar a los europeos incluso del derecho a votar en elecciones locales.

Y, lo que es peor, muchos gobiernos europeos le retiran el derecho al voto a sus propios ciudadanos en elecciones locales cuando no residen en el país. En Grecia, sólo puedes votar si estás en el país ese día. En Dinamarca, no puedes votar en elecciones locales a menos que puedas probar que regresarás al país en un plazo de dos años. Malta, Chipre y Alemania tienen leyes que impiden votar a los expatriados. Los ciudadanos británicos pierden su derecho al voto si han estado fuera del país más de 15 años.

Como resultado, la clase empresaria europea estaría logrando algo que no disfrutaba desde el siglo XIX: privar del derecho al voto a los trabajadores en situación más precaria. Y donde más importa esto es en Reino Unido, donde uno de cada diez trabajadores es extranjero y no puede votar.

El Brexit debería ser la oportunidad para ponerle fin a esta anomalía. Además de darles derecho a residir, obtener los beneficios de la Seguridad Social y acceso a la sanidad pública, los europeos que decidan quedarse en Reino Unido después de que el país abandone la UE deberían obtener la ciudadanía británica y, junto a ella, el derecho a votar en todas las elecciones.

La magnitud del déficit democrático salta a la vista si observamos la brecha entre la población adulta estimada y la cantidad de votantes en el censo electoral.

En Birmingham Ladywood, hay 104.000 adultos: 40.000 de ellos no figuran en el censo electoral. En West Ham, uno de los barrios más pobres de Londres, viven 45.000 adultos que no pueden votar, de una población de 135.000. Por supuesto que no toda esta brecha está compuesta por ciudadanos europeos. Algunos no estarán en el censo electoral porque no les interesa votar, otros serán inmigrantes de fuera de la UE y otros pertenecerán a un sector de mano de obra muy móvil que no figura en el censo electoral.

Sin embargo, en un distrito como Broxtowe, donde el mes pasado conocí a miembros del laborismo europeo, la diferencia entre ambos partidos es tan ajustada —836 votos— que el conjunto de 8.000 personas fuera del censo electoral tiene un peso importante.

Si Reino Unido le otorgara el derecho a voto a todos los inmigrantes europeos que elijan vivir aquí, se corregiría uno de los mayores fallos que tiene la propia Unión Europea: su definición de ciudadanía tan abstracta y de índole económica.

Las leyes de libre circulación europeas le dieron a los empleadores el poder de decirles a las poblaciones locales: “No nos importa quién eres, de qué trabajaba tu padre, cuánto ha participado tu familia en la conformación de esta comunidad, ni si tu abuelo era un ilustre del pueblo. Si un trabajador de Cracovia puede hacer mejor el trabajo, lo contrataré”. 

La ciudadanía de los inmigrantes europeos reside, en la práctica, en su capacidad laboral. Se los trata como el típico “homo economicus” de la teoría neoliberal. Y los trabajadores nacidos en el Reino Unido, especialmente los de ascendencia africana o asiática, lo entienden muy bien: así se genera mano de obra de segunda categoría, con derechos reducidos y escasa voz política.

Contrario a lo sucedido en otras olas migratorias recientes, a los trabajadores europeos no se les pidió ni se les alentó a “integrarse”. La mano de obra ideal para que los empleadores explotadores paguen salarios bajos, exijan mucho y la reemplacen fácilmente es aquella que no puede organizarse sindicalmente y que no puede hacerse oír en las elecciones.

Sin embargo, en todas partes del Reino Unido hay comunidades donde la clave para una integración exitosa ha sido la alta participación de las minorías en las elecciones. Ciudades como Leicester y Glasgow han visto toda su dinámica política redefinirse cuando las comunidades minoritarias entraron a la vida política y a la actividad electoral. ¿Por qué no habría de suceder lo mismo ahora en pueblos como Wisbech en Cambridgeshire, donde los 10.000 europeos residentes representan un tercio de la población?

Los dos partidos políticos principales le han quitado importancia a la necesidad de acordar qué pasará con los inmigrantes europeos después del Brexit. Los conservadores no estaban en condiciones de amenazar con deportar al 10% de la fuerza de trabajo del país en caso de no llegar a un acuerdo con la UE.

Pero es muy importante, y debería ser un momento existencial, decirles a esos casi 3 millones de personas, no sólo que pueden quedarse, sino que queremos que se queden.

La clase trabajadora británica tuvo que luchar casi todo el siglo XIX para lograr el derecho al voto. Las mujeres no lo obtuvieron hasta 1918. Hasta ahora, se ha justificado dejar a esos 2,1 millones de personas sin derecho al voto con el argumento de que es una cuestión de reciprocidad. Después del Brexit, ese argumento ya no vale.

Cuando el Reino Unido abandone la UE, habrá de hecho una mano de obra inmigrante de segunda categoría: llegarán nuevos trabajadores de Zagreb y de Vilna, pero tendrán muchos menos derechos y no tendrán posibilidad de votar.

Para aquellos que ya están aquí y quieran quedarse, la mejor forma de acabar con la explotación, de mejorar los procesos de integración y de sumar apoyos para el acuerdo entre los británicos, sería ofrecerles ahora mismo a estos inmigrantes el derecho a votar en todas las elecciones.

Traducido por Lucía Balducci

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