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¿Qué pasa con la (in)justicia en España?

El caso de las cláusulas suelo ha puesto en ridículo a la justicia española y muestra que algo no va bien en ese poder fundamental del estado de Derecho

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Alsasua se llena de carteles contra las detenciones por la agresión a dos guardias civiles

Alsasua se llena de carteles contra las detenciones por la agresión a dos guardias civiles

La banca siempre gana, al menos en el Monopoly español. Por fortuna, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea le ha enmendado la plana en esta ocasión a nuestro Tribunal Supremo. Los bancos estaban tan tranquilos. El Supremo había velado por sus intereses, negando la retroactividad en la devolución de lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo de las hipotecas. Pero ahora van a tener que rascarse el bolsillo. Esperemos que no se inventen una nueva triquiñuela para seguir evadiendo su responsabilidad. Deberían tener cuidado, su negocio se basa en la confianza y poco a poco los clientes la están perdiendo, y un día pueden perder también la paciencia.

Este caso, que ha puesto de nuevo en ridículo a la justicia española, es una muestra más de que algo no va bien en ese poder fundamental de nuestro estado de Derecho. La política, los políticos, llevan años enredando en el funcionamiento de los tribunales, utilizando a la Fiscalía para sus propios asuntos, mangoneando todo lo que pueden en la elección de los jueces. Y encima, el PP, con sus leyes restrictivas de la libertad, alimenta al sistema de herramientas y argumentos.

Inquieta mucho ver cómo una agresión en las fiestas de la localidad navarra de Alsasua se acaba convirtiendo  en una acusación de terrorismo. Escandaliza la sobreactuación de la justicia. Lógicamente los familiares de los acusados los defienden. Pero no solo. Muchos juristas se han manifestado en contra. También Uxue Barkos, presidenta del Gobierno Foral. Incluso el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, Javier Hernández, ha negado que la población de Alsasua sea "especialmente complicada" o que la Guardia Civil se sienta "especialmente incómoda" allí, ante la campaña desatada en algunos medios que retrataba un ambiente que no parece coincidir con la realidad.

Y cómo no va a preocupar que pueda haber personas presas durante más de un año acusadas de terrorismo cuando las pruebas son tan endebles como las del llamado "caso Nahuel". El País titulaba hace unos días: "Una acusación de terrorismo basada en productos de limpieza y una pintada", pero el caso llevaba ya muchos meses en las portadas de medios menos poderosos. Aquí, en eldiario.es, o en Diagonal, se ha hablado en muchas ocasiones del asunto.

Todo empezó el 5 de noviembre cuando la Policía detuvo en Madrid a 6 personas acusadas de pertenecer a un comando anarquista y vegano llamado Straight Edge que supuestamente había atacado oficinas bancarias y disponía de artefactos explosivos. Más de un año después, uno de los detenidos, Juan Manuel Bustamante –alias Nahuel–, permanece en prisión, sometido a un estricto régimen carcelario, acusado de terrorismo. Si leemos el sumario veremos que no hay pruebas y sí muchas deducciones de la policía un tanto exóticas: como la del botellín de cerveza vacío que les lleva a suponer que dado que los detenidos están contra el consumo de alcohol, el botellín no puede tener otro destino que ser utilizado para fabricar cócteles molotov. En fin, sin comentarios.

La inseguridad se está convirtiendo en una poderosa arma política, empleada a fondo por los partidos conservadores de todo el mundo. La inseguridad jurídica que empieza a rondar nuestras cabezas en España, puede convertirse en el final de las libertades y la democracia. Mucho ojo con las consecuencias de no dar la batalla en un asunto tan grave o acabaremos viviendo en un país en el que el famoso eslogan del 15M "Le llaman democracia y no lo es" será más cierto que nunca.

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