Trump tiene un nuevo plan para Gaza, dirigida por multimillonarios

En términos de negociación, ¿cuáles eran los problemas respecto al “plan de paz” de Trump para Gaza hace tan solo unos días? Pongo varios, porque las cosas van a cambiar a peor: ambigüedad en los temas de fondo, la no aceptación de Israel de la solución de los dos Estados, poca claridad en la formulación institucional de una Palestina reformada, el limitado protagonismo de los palestinos para decidir su futuro en todos los ámbitos, el rol protagónico del presidente Trump, la concepción colonial de su proyecto, la mediación sesgada y parcial de Estados Unidos, las secuencias mal planteadas, la constante humillación hacia los palestinos, la no existencia de garantías suficientes para la aplicación de los acuerdos, no plantear un proceso de desarme y desmovilización, y no contemplar el grave problema de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. Además, Israel nunca ha aceptado por últimos puntos del Plan de Paz de Trump, referidos al diálogo con los palestinos y su reconocimiento como pueblo, tampoco la amnistía a Hamás, su retirada total de Gaza o la entrada ilimitada de la ayuda humanitaria. Después, tampoco ha querido que algunos países estén presentes en los órganos previstos para dirigir Gaza, en especial Turquía, que ha sido muy beligerante con Israel.

En buena parte, todo esto viene de una apropiación indebida. La comparación entre la Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudita en julio de 2025, y el plan de Trump de octubre del mismo año, revela dos visiones incompatibles sobre qué significa una paz sostenible en Palestina-Israel. La primera buscaba un marco institucional progresivo, con derechos, gobernanza transparente, y un proceso multilateral que controlara y verificara la implementación, incluidos derechos de autodeterminación, seguridad y reconstrucción. En cambio, el plan de Trump se apoyaba en una lectura de poder y derrota, donde la supremacía militar y la imposición de una “victoria” no articulaban garantías para una ciudadanía palestina con derechos plenos, ni establecían un camino claro hacia una solución de dos Estados o una reconciliación interna entre las distintas autoridades palestinas. Esta brecha entre gobernanza, derechos y mecanismos de verificación, por un lado, y una narrativa de imposición y derrota, por otro, explica por qué cualquier plan sin un marco político claro, con participación y consentimiento de las poblaciones afectadas, tiende a fracasar en la práctica.

Estos días, el presidente Trump ha dado por completada la primera fase de su plan de paz, en un ejercicio de extrema miopía, pues Israel no respetó en ningún momento al alto al fuego, causando 464 muertos, no llegaba la suficiente ayuda humanitaria, el viento hacía volar las precarias tiendas de campaña, la lluvia inundaba dichas tiendas, y el frío causó hipotermias mortales en varias criaturas. Hamás no se ha desarmado y no se sabe cuándo lo hará, tampoco se habló de la amnistía y el presidente de la Autoridad Nacional Palestino no convocó al congreso de la OLP, tal como había prometido meses antes.

Trump, además, por si no quedaba clara su determinación de convertir Gaza en su protectorado y en hacer negocios en dicho territorio, antes de que se forme el Comité Nacional para la Administración de Gaza, formada por palestinos, acaba de crear dos nuevas entidades, la “Junta Ejecutiva fundadora” que asesorará a la Junta de Paz, presidida por Trump, y una “Junta Ejecutiva de Gaza”, formada por once miembros. Para liderar la estrategia de la Junta de Paz, Trump ha nombrado a dos personas: Aryeh Lightstone, que fue asesor principal del embajador estadounidense en Israel desde 2017 hasta 2021, y Josh Gruenbaum, un inversor de capital privado que utiliza la burocracia federal para combatir el antisemitismo. En la primera entidad, además del equipo habitual de Trump en temas internacionales (Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner), figura el cuestionado Tony Blair, el presidente del Banco Mundial (posible financiador), un supermillonario estadounidense Marc Rown, director ejecutivo de un importante fondo de inversión, empresario de casinos y con un patrimonio de 8.800 millones de dólares, y Robert Gabriel, que ya había sido asesor de Trump anteriormente y que incitó al asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. En la segunda entidad, la Junta Ejecutiva de Gaza, además de los ya mencionados Steve Wiktkoff; Jared Kushner, Tony Blair y Marc Rowan, figuraba otro empresario inmobiliario multimillonario chipriota-israelí, Yakir Gabay, que, según explicó en Washington Post en 2024, participó en un grupo de chat de larga duración, desde octubre de 2023 hasta principios de mayo de 2024, con algunos de los líderes empresariales más poderosos de Estados Unidos, y con los objetivos declarados de “cambiar la narrativa” a favor de Israel y “ayudar a ganar la guerra” sobre la opinión pública estadounidense, tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, y que presionó y amenazó a las universidades estadounidenses cuyos estudiantes se manifestaban contra Israel por el genocidio de Gaza. En la Junta también ha incluido al ministro de Exteriores turco, un alto diplomático qatarí, el director de los servicios de inteligencia egipcio, dos diplomáticos de la ONU para Oriente Medio y una ministra de los Emiratos Árabes Unidos.

En estos últimos días, Estados Unidos ha extendido invitaciones a varios gobiernos extranjeros para unirse a la “Junta de la Paz” dirigida por el mismo Trump, entre ellos Jordania, Grecia, Chipre, Pakistán, Hungría, India, Rusia, Canadá, Turquía, Egipto, Australia, Kazajstán, Reino Unido, Paraguay, Argentina o Albania, en una carrera para “llenar” de contenido un organismo que estará sujeto a las Juntas Ejecutivas antes mencionadas, por lo que será puramente decorativo e ineficaz. Además, Trump ha puesto como condición que cada uno de estos países pongan 1.000 millones de dólares para la reconstrucción, algo vergonzoso, pues ha sido Israel quien a destruido Gaza y Estados Unidos quien ha puesto el 70% de las 100.00 toneladas de bombas lanzadas sobre dicho territorio. El domingo se hizo pública la primera lista de los doce palestinos que conformarán el Comité Nacional para la Administración de Gaza, pero como ha dicho muy bien un analista de esta región, la “Junta de la Paz” crea una jerarquía clara, donde Estados Unidos y los magnates empresariales deciden, la región paga y coordina, y los palestinos implementan la prestación de servicios.

El principal riesgo de dejar el futuro palestino en manos de un elenco tan amplio de actores extranjeros, y en particular de multimillonarios e inversores estadounidenses acostumbrados a medir el éxito en rentabilidad y “estabilidad”, antes que en los derechos, es convertir una cuestión de autodeterminación y reparación humanitaria en un proyecto de tutela y negocio. Cuando quienes diseñan la “paz” no rinden cuentas ante la población palestina, la prioridad tiende a desplazarse hacia objetivos geopolíticos, gestión securitaria y oportunidades económicas (reconstrucción, suelo, infraestructuras) que pueden favorecer a élites externas, mientras se normaliza el hecho de que persistan las violaciones sobre el terreno. Además, la presencia de figuras vinculadas a campañas de propaganda, presión política o antecedentes controvertidos, eleva el peligro de que se imponga una narrativa que deslegitime la representación palestina y reduzca la democracia en este territorio a un mero trámite sin contenido. El resultado puede ser una Gaza tratada como protectorado, con instituciones administradas desde fuera, decisiones capturadas por intereses privados y diplomáticos, y un bienestar supeditado a condiciones impuestas, en lugar de un proceso centrado en derechos, rendición de cuentas y soberanía efectiva de los gazatíes.

Una paz duradera requiere más que visiones de poder o de reconstrucción. Necesita legitimidad política para el pueblo palestino, garantías de seguridad y derechos para todos, respaldadas por instituciones, mecanismos de rendición de cuentas y un proceso inclusivo que involucre especialmente a los actores locales, con los regionales y la comunidad internacional como complemento. Sin un enfoque que priorice la agencia palestina, la coherencia entre seguridad y derechos, y una ruta verificable hacia un acuerdo político, las propuestas corren el riesgo de convertirse en gestos sin sostenibilidad alguna. De los quince aspectos que se han de tener en cuenta en cualquier proceso de paz (la gestión de las “líneas rojas”, acertar con la metodología adecuada y conocer las necesidades reales, evitar las ambigüedades y tener una agenda clara y realista, mediaciones adecuadas y sin sesgos, interlocutores válidos, inclusión para el acuerdo final, controlar a los “spoilers”, abordar las causas del conflicto para superar las incompatibilidades, perder el miedo a las demandas de autogobierno, secuencias con sentido común, respetar la identidad y no humillar, garantizar lo acordado y dar seguridad, diseñar un buen programa de desarme, desmovilización y reincorporación, acabar con los incentivos para continuar la guerra y reforzar los incentivos para negociar la paz, y asegurar la verificación en el cumplimiento de los acuerdos), en el caso de Gaza y del futuro de Palestina no se cumple ningún de ellos. En la práctica, la paz no debe verse como un marco externalizado, sino como una experiencia diaria de seguridad, dignidad y oportunidades, con menos muros que separen, más puentes que conecten, con autoridades locales fortalecidas, supervisión internacional visible y una narrativa que priorice la memoria y las demandas actuales de la población, antes que intereses ajenos.

Cualquier intento de paz en Gaza y el futuro de Palestina, por tanto, será inviable si no se centra en la legitimidad y la agencia política palestina, integra de forma coherente seguridad y derechos para todas las partes y se apoya en instituciones, rendición de cuentas, inclusión y verificación; como hoy no se cumple ninguno de los aspectos básicos necesarios para un proceso de paz serio, las propuestas actuales se reducen a gestos sin sostenibilidad ni capacidad real de producir un acuerdo duradero. El riesgo de fracaso es enorme.