Cómo la posición europea ante el genocidio en Gaza ha dado alas a Donald Trump

Esta semana hemos asistido a una expresión obscena del capitalismo depredador con la presentación del proyecto urbanístico para Gaza, por parte de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, en pleno Foro Económico Mundial de Davos. La Junta que el presidente estadounidense denomina propagandísticamente “Junta de paz” es, en realidad, una compañía privada de gestión diseñada para el control de Gaza y su explotación urbanística e inmobiliaria.

Al estilo colonial de siglos pasados, como las Compañías de las Indias, este organismo pretende actuar como una corporación con poderes supraestatales y beneficios privados, con financiación de inversores de todo tipo y con el objetivo de controlar rutas, tierras, comercio y negocios.

El propio presidente estadounidense ya ha anunciado que esta Junta no se limitará a Gaza, sino que servirá como organismo para gestionar otros territorios en el mundo. En la cúspide de la misma está Donald Trump, como líder irremplazable que solo podrá ser sustituido si muere o es declarado incapacitado por unanimidad.

Además, la integrarán personajes como el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el ex primer ministro británico Tony Blair —corresponsable de la invasión ilegal de Irak—, el yerno de Trump, el general estadounidense Jasper Jeffers, varios empresarios multimillonarios y mandatarios de países que ya han aceptado la oferta, entre ellos, Emiratos, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Egipto, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Argentina, Paraguay, Vietnam, Indonesia o el propio Israel, autor del genocidio a costa del cual ahora extraerá negocios y beneficios.

Los cientos de miles de palestinos que han perdido sus casas no podrán pagar esos pisos de lujo que Trump pretende construir y, de hecho, el plan de EEUU prevé que permanezcan en territorios controlados y supervisados por sistemas biométricos de reconocimiento.  

Dinamarca votó a favor del plan de Trump para Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU. Su soberanía en Groenlandia ha sido amenazada por Trump. Si se permitió con Gaza, ¿por qué no se iba a intentar en otros territorios?

A través de esta Junta, Trump pretende establecer un sistema internacional paralelo, subordinado a sus intereses políticos y personales, como una versión privatizada de Naciones Unidas, sin ley, sin legitimidad y sin rendición de cuentas. 

Cuando se dio a conocer el plan de Estados Unidos para Gaza, a finales del pasado septiembre, su contenido dejó claro que se trataba de un proyecto colonial de explotación urbanística que despojaba de soberanía y derechos a la población palestina y que violaba el derecho internacional, como advirtieron expertos de Naciones Unidas. De hecho, contempla que al menos el 53% del territorio esté por el momento bajo ocupación israelí.

Aun así, el Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por cinco miembros permanentes y diez rotatorios, permitió su aprobación en noviembre de 2025, con trece votos a favor y las abstenciones de Rusia y China. Algunos de los países que votaron a favor fueron Grecia, Francia, Reino Unido, Eslovenia o Dinamarca. Dinamarca es el Estado al que pertenece Groenlandia, cuya soberanía ha sido cuestionada por el presidente de EEUU, con amenazas de apropiación territorial. Si se permitió con Gaza, ¿por qué no intentarlo con otros lugares? 

La reacción europea ha dejado de manifiesto su doble rasero internacional: lo que se acepta para otros territorios provoca indignación cuando el perjudicado es un país europeo. Trump ha retirado su amenaza de imponer aranceles, pero insiste en tener más acceso a Groenlandia para fines de seguridad y para desplegar la Cúpula Dorada israelí. También busca prioridad en la explotación de recursos y prohibición del acceso de Rusia y China a ese territorio. Además, pretende la participación y presencia de la OTAN en el acuerdo que ahora está diseñando y negociando con Dinamarca, Groenlandia y el secretario general de la Alianza Atlántica.

En septiembre de 2023, un mes antes de los ataques de Hamás contra Israel, Netanyahu mostró en la sede de la ONU en Nueva York un mapa, bajo el título “El nuevo Oriente Próximo”, en el que Palestina no existía, aparecía absorbida por Israel. Ni Dinamarca, ni Canadá, ni la Unión Europea protestaron ante ello. Tampoco actuaron nunca frente a las anexiones ilegales que Israel llevó a cabo antes y después. Esta semana el presidente de EEUU mostró una foto hecha con inteligencia artificial en la que el mapa de Estados Unidos incluía Groenlandia y Canadá, cubiertos por una bandera estadounidense.

Las impunidades del pasado han ido debilitando el derecho internacional y han asentado la impunidad del presente, perjudicando a Europa. La complicidad y la inacción europea ante los abusos internacionales de Washington han contribuido a consolidar la ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta, que termina salpicando a todos. 

Al estilo colonial de siglos pasados, como las Compañías de las Indias, la Junta de Trump pretende actuar como una corporación privada con poder supraestatal para acaparar negocios comerciales y urbanísticos

Proteger el derecho internacional

Los tribunales internacionales son objeto de ataques inéditos por parte de Estados Unidos e Israel, lo que ha logrado paralizar o ralentizar el trabajo de sus jueces y fiscales. Ante ello, la Unión Europea no ha cumplido sus deberes para proteger como debía el derecho internacional.

Bruselas mantiene vigente su Acuerdo de Asociación comercial preferencial con Israel, pese a los crímenes masivos cometidos por el Gobierno de Netanyahu. La propia Corte Internacional de Justicia ha pedido a los países que eviten relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación ilegal israelí y a la segregación de los palestinos, pero la UE ignora esta solicitud. 

La ofensiva contra los tribunales internacionales afecta a las personas que trabajan en ellos. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional denunció presiones de mandatarios —se ha sabido que Reino Unido lo amenazó directamente— y al menos once jueces y fiscales de dicha Corte han sido sancionados por Estados Unidos por investigar los crímenes de Israel o de EEUU en Afganistán. Washington también ha emitido sanciones contra la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. 

La UE no ha cumplido sus deberes para proteger como debía el derecho internacional, las cortes de La Haya y a las personas que defienden sus mandatos

Proteger las Cortes de La Haya y a la relatora

Cinco de esos sancionados, además de Albanese, tienen nacionalidades europeas, pero Bruselas no ha puesto en marcha los mecanismos de protección para sus ciudadanos en situaciones como esta, como sí hizo Brasil ante las sanciones contra el magistrado que investiga a Bolsonaro en la Corte Suprema brasileña. 

Este castigo no solo prohíbe a esos jueces, fiscales y a la relatora viajar a Estados Unidos, sino que supone el cierre de sus cuentas de Google, Apple u otras empresas estadounidenses, el bloqueo de sus tarjetas de crédito e incluso la imposibilidad de acceder a sus propias cuentas en sus bancos europeos. 

Las repercusiones en la vida diaria de estas personas que trabajan defendiendo la aplicación del derecho internacional son enormes. Tal es así que uno de los jueces sancionados, el francés Nicolas Guillou, concedió una entrevista al diario Le Monde hace unas semanas en la que detallaba las dificultades que supone para su vida el castigo establecido por Estados Unidos. Guillou quiso recordar que la UE podría activar su reglamento de bloqueo, como hizo en otras ocasiones en el pasado, para protegerle a él y a los demás de los efectos de ese tipo de sanciones.

También la relatora de la ONU ha explicado que estas sanciones le impiden sacar dinero de sus cuentas y que incluso una reserva de una habitación de hotel a su nombre, realizada desde el Parlamento europeo, fue anulada. “Estoy consternada por cómo han reaccionado los Estados ante algo tan grave. Me han dejado sola, mientras permiten que EEUU se comporte como un abusador puro y duro”, confesaba en una entrevista que le hice el pasado mes de noviembre. 

Defender los intereses de los pueblos europeos requiere proteger el derecho internacional, una de las herramientas esenciales para contrarrestar las dinámicas belicistas que arrinconan la política, los derechos y la justicia. Sin embargo, ante el genocidio israelí en Gaza la Unión Europea creyó que aquello no iba con ella y optó por mantenerse como estrecha aliada del facilitador de los crímenes –EEUU– sin entender que esa impunidad abría espacio a nuevas impunidades y daba paso a una nueva era en el escenario global. El dinero y las armas siguieron fluyendo e Israel siguió cantando en Eurovisión.

Si la UE hubiera adoptado otra posición ante Israel desde octubre de 2023 - y en los últimos cuarenta años- hoy el contexto sería otro, no solo para Palestina, sino para la propia Europa. Pero Ursula von der Leyen y Kaja Kallas siguieron insistiendo en que “Israel es un socio y amigo” y las relaciones diplomáticas, de investigación, económicas, armamentísticas y culturales continuaron, hasta hoy. 

Asumir que solo hay margen de maniobra en el marco militarista es tirar piedras contra el propio tejado y arrinconar la política y la capacidad de presión social

Actuar en la ONU

Naciones Unidas ha sido otro escenario desaprovechado. Durante dos años EEUU vetó varias propuestas para un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ante ello, una coordinación europea –que habría arrastrado a otras naciones– podría haber impulsado acciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, como la resolución Unión pro paz o la suspensión de las credenciales de Israel , como se hizo con el régimen del apartheid sudafricano en 1974 y como solicitó la relatora de la ONU.

Todas estas medidas no se impulsaron en su momento pero podrían intentarse ahora, como un cambio de rumbo hacia la defensa del derecho internacional. Sin embargo, Europa sigue actuando como un socio que no se opone a la impunidad estadounidense cuando los perjudicados son otros.

El Gobierno de EEUU, con la colaboración de Israel y otros aliados, intenta reemplazar el orden internacional y el sistema de Naciones Unidas. Ante ello, la UE opta por seguir alineada con Washington, pensando que con reajustes comunicativos y más coordinación política entre los Veintisiete lo demás puede seguir igual. Lo demás es la ley de la fuerza bruta y la amenaza, matanzas de civiles, represión, retrocesos en derechos y recortes sociales en favor de más gasto militar.

Entre la nada y la activación de armamento nuclear hay todo un recorrido con posibilidad de acción política, jurídica y social, en la que la defensa de la humanidad frente al modelo de la fuerza y del saqueo es necesaria y urgente.

Las herramientas

El poder se sostiene sobre una combinación de fuerza —coerción— y de consenso. Este último se construye a través del derecho, de las leyes y de la hegemonía moral, intelectual y cultural. Cuanto más se avanza en ese sentido, más facilidad para mermar la capacidad de la imposición. Asumir que solo hay margen de maniobra en el marco militarista es tirar piedras contra el propio tejado y despreciar la política y la capacidad de movilización social.

Entre la nada y la activación de armamento nuclear hay todo un recorrido con posibilidad de acción política, jurídica y social, en el que la defensa de la humanidad frente al modelo del saqueo es necesaria y urgente. Es con esa acción con la que se consolida la hegemonía cultural y la legitimidad política. La Unión Europea sigue sin tener un plan propio para Ucrania o para Oriente Próximo, no se ha opuesto a crímenes masivos en Palestina ni al bombardeo y el secuestro de Maduro en Venezuela. Ha preferido asumir el marco estratégico estadounidense.

Washington ya no es el hegemón económico que fue y por ello está dispuesto a aprovecharse de sus aliados más cercanos como antes lo hizo de países del Sur Global. Durante los dos últimos años Naciones Unidas y sus agencias han sido golpeadas duramente, una y otra vez. El sistema de voto y de veto de la ONU, diseñado hace ochenta años, debe ajustarse a las nuevas realidades internacionales. 

El planeta necesita políticas, organismos, alianzas y coordinaciones dispuestas a contrarrestar la Junta de Trump y los proyectos abusivos que Estados Unidos ha impulsado en diferentes puntos del mundo –y que ahora, como un efecto bumerán imperial, regresan a su propio territorio–. De lo contrario, los aliados europeos, integrantes de la alianza militar liderada por Washington, se verán arrastrados a más connivencia con crímenes masivos y a una sumisión y dependencia de graves consecuencias para los pueblos de Europa.