La extrema derecha, ante el miedo a perder el algoritmo

La reacción de la extrema derecha española y de sus aliados internacionales al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido ni espontánea ni improvisada. Responde a un guion ya ensayado en otros países, basado en una premisa simple: cualquier intervención pública sobre el espacio digital equivale a censura. Medidas similares se han debatido o aplicado en países como Francia o Australia y en el marco de la Unión Europea. Pese a ello, el anuncio del Ejecutivo español ha activado de inmediato ese reflejo defensivo en Vox, en su líder Santiago Abascal y en el ecosistema ideológico y empresarial que orbita en torno a Elon Musk.

No se trata de una polémica aislada ni estrictamente española. Forma parte de una estrategia transnacional de la extrema derecha que ha convertido las plataformas digitales en algo más que un altavoz: en un auténtico ecosistema político. La defensa casi dogmática de una supuesta “libertad de expresión absoluta” funciona aquí como cortina de humo. Lo que se protege no es tanto el derecho a opinar como una arquitectura algorítmica que amplifica el conflicto, la desinformación y el odio, y que ha demostrado ser extraordinariamente funcional para estos actores.

Esa lógica se ha hecho visible estos días en la cumbre celebrada en el Parlamento Europeo por fuerzas de la extrema derecha bajo el lema “Libertad de expresión contra la cultura de la cancelación”. El encuentro, presentado formalmente como un debate sobre los límites del pluralismo en las democracias liberales, derivó rápidamente en la defensa de posiciones ultraconservadoras: cuestionamiento de los derechos reproductivos, ataques al colectivo LGTBI, así como una reivindicación explícita de valores “cristianos” frente a una supuesta decadencia de la “civilización occidental”.

Desde un punto de vista analítico, el esquema es revelador. La libertad de expresión deja de entenderse como un derecho fundamental inserto en un sistema de garantías para redefinirse como un derecho a discriminar, excluir o deslegitimar derechos ajenos, mientras cualquier límite jurídico —incluso aquellos orientados a proteger a colectivos vulnerables— se presenta como persecución ideológica o censura política. Este desplazamiento conceptual es clave para entender la reacción ultra ante cualquier intento de regulación.

La propuesta del Gobierno español se inscribe, sin embargo, en un marco europeo mucho más amplio. La Unión Europea lleva años avanzando —no sin resistencias— en la regulación del espacio digital, consciente de que los algoritmos no son neutrales y de que el mercado, por sí solo, no corrige sus efectos sociales. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) parte precisamente de esta premisa: que las grandes plataformas ejercen un poder estructural sobre la esfera pública y deben asumir responsabilidades acordes. Aprobado en 2022, el DSA entró en vigor ese mismo año y comenzó a aplicarse de forma escalonada a partir de 2023, siendo plenamente exigible desde febrero de 2024. Proteger a los menores y exigir obligaciones de transparencia y rendición de cuentas no constituye, por tanto, una deriva autoritaria, sino un paso coherente dentro del debate europeo sobre soberanía digital.

Los datos avalan este diagnóstico. El Eurobarómetro de febrero de 2026 señala que la exposición percibida a la desinformación en la Unión Europea ha aumentado ocho puntos en el último año. En España, la preocupación es muy superior a la media: el 85% considera la desinformación una amenaza grave y el 82% el discurso de odio. No es casual que las medidas anunciadas por Sánchez apunten precisamente a estos riesgos.

Aquí aparece el primer gran marco discursivo de la extrema derecha: la confusión deliberada entre regulación y censura. Abascal y otros dirigentes han insistido en que el Gobierno pretende “controlar lo que piensan los españoles”, desplazando el debate del terreno empírico al emocional. No se discute si los algoritmos generan adicción, polarización o procesos de radicalización temprana; se invoca una amenaza abstracta a la libertad. Es un encuadre eficaz porque apela al miedo y evita cualquier contraste con la evidencia disponible.

El segundo marco es el de la victimización. Vox se presenta como el principal damnificado de una regulación que, supuestamente, busca silenciar voces “disidentes”. Sin embargo, el actual ecosistema digital ha beneficiado de manera clara a la extrema derecha. Su discurso emocional, simplificador y confrontativo se adapta mejor que ningún otro a lógicas algorítmicas basadas en la atención y la viralidad. Regular los algoritmos implica, en términos políticos, reducir una ventaja competitiva construida durante años.

En este punto entra en escena Elon Musk. Desde que adquirió Twitter —rebautizado como X—, ha convertido la plataforma en un laboratorio donde la retórica de la “libertad de expresión” convive con decisiones empresariales que debilitan la moderación de contenidos y favorecen dinámicas extremistas. Su oposición frontal a cualquier regulación no es solo ideológica: afecta al núcleo del modelo de negocio de las grandes plataformas, basado en maximizar el tiempo de exposición incluso a costa de la salud democrática.

Existe, además, un componente generacional central. La extrema derecha ha logrado penetrar con fuerza entre los jóvenes a través de redes sociales prácticamente sin control, que funcionan como espacios de socialización política temprana donde se diluyen las fronteras entre información, entretenimiento y propaganda.

Regular no es censurar. Es gobernar un espacio que ya condiciona la democracia. Y la pregunta que la extrema derecha evita responder sigue siendo sencilla: ¿a quién beneficia que nada cambie?