La justicia británica declara ilegal la prohibición de Palestine Action

La justicia británica ha dado la razón este viernes a la cofundadora del grupo Palestine Action y ha declarado ilegal la clasificación de la organización propalestina como “terrorista” del Ministerio del Interior. La inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas es lo que ha llevado a la detención masiva de manifestantes desde julio durante protestas en apoyo al grupo.

El grupo fue incluido en el elenco después de una protesta en una base militar, pero el Alto Tribunal del Reino Unido ha declarado que “la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action” no llegan al umbral requerido para la clasificación más severa del Estado. La jueza que preside la corte, Victoria Sharp, dice en su sentencia que Palestine Action es “una organización que promueve su causa política a través de la delincuencia” y que sus acciones van dirigidas a “intimidar” y no son coherentes con “los valores democráticos”, pero considera que la prohibición del grupo es “desproporcionada”. Sus miembros pueden ser –y ya lo están siendo– procesados de manera individual por sus acciones.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado que va a apelar la decisión porque, según su comunicado, quiere “proteger” la “seguridad nacional”. Mientras la justicia valora la apelación, las restricciones para el grupo y sus defensores siguen en vigor, pero la policía de Londres ya ha anunciado este viernes que, para respetar la decisión judicial y esperar a que se resuelva del todo el proceso, se centrará en “recoger pruebas” en lugar de arrestar a los manifestantes en protestas por el apoyo a Palestine Action.

“Este es el enfoque más proporcionado que podemos tomar”, dijo la policía metropolitana en un comunicado. “Este enfoque está relacionado sólo con la expresión de apoyo a Palestine Action. Seguiremos interviniendo y haciendo arrestos donde veamos a gente que pase de protestar de manera legal a intimidar, dañar la propiedad, utilizar violencia, provocar odio racial o cometer otros delitos”. Queda la incertidumbre de qué pasará con las cientos de personas procesadas por sus manifestaciones de apoyo al grupo en los últimos meses.

Libertad de expresión

Activistas de apoyo al grupo o al derecho de protesta en general celebraron la decisión judicial.

“Este es una victoria enorme para las libertades fundamentales aquí en el Reino Unido y para la lucha por la libertad del pueblo palestino al revocar una decisión que siempre será recordada como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”, dijo Huda Ammori, la cofundadora del grupo y quien denunció la decisión del Gobierno británico ante los tribunales el año pasado. El Alto Tribunal aceptó examinar su apelación por constituir una “interferencia muy significativa” en la libertad de expresión y de protesta.

La decisión es “una afirmación esencia del derecho de protesta”, según Tom Southerden, director de derechos humanos de Amnistía Internacional en el Reino Unido. “La decisión del Alto Tribunal manda un mensaje claro: el Gobierno no puede simplemente utilizar poderes amplios contra el terrorismo para silenciar a críticos o suprimir el disenso”.

Palestine Action ha organizado protestas, en algunos casos con episodios violentos, desde 2020, pero su entrada en una base militar del Ejército británico en junio del año pasado provocó la decisión extraordinaria del Ministerio del Interior. Al menos dos personas entraron en la base de Briz Norton, en el condado de Oxford y que es la mayor base aérea del país. Se dirigieron en patinete eléctrico a dos aviones de la fuerza británica, rociaron los motores y la pista con pintura roja, y dañaron los equipos con palancas.

En julio de 2025, el Gobierno británico decidió, con el consentimiento del Parlamento, meter a Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas por este episodio por el que cinco personas fueron detenidas. Este enero, estos activistas se declararon “no culpables” ante las acusaciones de daños y entrada forzada en un recinto que afecta a la seguridad nacional; el juicio sobre estos hechos está previsto para enero del año que viene. Pero, más allá de este juicio, que Palestine Action esté en el elenco de casi un centenar de organizaciones que incluye a Al Qaeda, Estado Islámico, grupos neonazis, supremacistas y campañas xenófobas, tiene como consecuencia que cualquier muestra de apoyo material o simbólico a este grupo pueda ser considerado una ofensa penal castigada hasta con 14 años de cárcel.

Más de 2.700 personas han sido arrestadas desde de la decisión de julio en protestas propalestinas y pro-Palestine Action, en particular en Londres. En un solo día en septiembre, más de 800 personas fueron detenidas por llevar carteles o banderas con mensajes de respaldo al grupo. La mayoría han sido liberadas sin cargos en el momento, pero el caso es clave en el debate sobre los límites a la libertad de expresión y de protesta en el Reino Unido frente a la ley antiterrorista invocada para los arrestos.