Nebulosa laboral en Telefónica

Incrementar “la flexibilidad financiera” de la compañía, “centrarse en el núcleo” del negocio o segregar las actividades “no estratégicas”. Durante años hemos escuchado mil veces este tipo de expresiones en boca de quienes dirigen corporaciones cada vez más globales. ¿En qué se traducen? Un ejemplo: en diciembre de 2012, Telefónica vendió su filial de atención al cliente, Atento, al fondo Bain Capital. Esta hija de Telefónica, valorada en 1.039 millones de euros, empleaba a 137.454 personas... más gente de la que, tras la venta, quedó en el grupo madre, que en 2012 contaba de media con 272.598 empleados y que, ya sin Atento, se quedó con 133.183. Atento, que se aseguró carga de trabajo por nueve años, iniciaría después una conflictiva historia laboral. Prescindir de un pedazo de la empresa tampoco evitó que la filial Telefónica de España fuera objeto de la enésima reestructuración desde su privatización en los noventa: en mayo de 2011, Telefónica había anunciado un recorte de plantilla que afectaría a 8.500 trabajadores, vigente cinco años.

Aunque las comparaciones de plantilla son complejas cuando una corporación no deja de mutar entre áreas de actividad, áreas geográficas y nuevos negocios, la tendencia a la baja ha sido imparable. A cierre de 2014, trabajaban en la filial española 30.020 personas, casi 10.000 menos que hace una década, y 12.500 menos que en 2001. Antes de ser privatizado, el entonces monopolio empleaba a 74.000.

Hoy, la mayoría de técnicos que aparecen para reparar una avería o instalar una línea de fibra no son empleados directos de Telefónica. La carrera de externalizaciones y segregaciones societarias ha generado una cadena de empresas y de trabajos en cuatro niveles distintos. Primero existe un puñado de contratas conocidas, como Elecnor, Comfica, Liteyca, Itete, Abentel, Cobra y Cotronic. A su vez, las contratas externalizan parte de su tarea a empresas más pequeñas. Estas últimas subcontratan a su vez a autónomos —a menudo falsos, según fuentes sindicales—, en ocasiones antiguos empleados suyos a los que aconsejan un cambio de régimen para sacar más dinero o para no ir a la calle. “El cuarto y último nivel es casi invisible... El compañero de al lado en la furgoneta del autónomo, a menudo ni siquiera dado de alta, que se saca unas migajas”, explica Francesc Queralt, del comité de empresa de Telefónica.

Los telefónicos —como los llaman los subcontratados— han tendido a aceptar los procesos de subcontratación “a cambio de paz social en Telefónica, pero vamos tomando conciencia de que los de dentro también somos menos fuertes y debemos atacar el problema en la raíz”.

¿La raíz no es la crisis? ¿Es la última y más sonada reforma laboral de 2012? Ya jubilado, Pau Díaz, que trabajó casi toda su vida en la compañía y tras, estudiar Sociología, elaboró en 2007 un estudio sobre la evolución del modelo laboral del grupo, afirma: “Es falso que la pérdida de derechos sea consecuencia directa de la crisis. Empezó con las políticas neoliberales de los ochenta, de las que Telefónica es el mejor ejemplo”.

Su trabajo, titulado Cuando el aumento de la productividad y la competitividad van de la mano de la precariedad laboral, describe la compañía como “el paradigma de empresa en red horizontal, abierta, flexible y ligera (...), y que a la vez potencia relaciones contractuales con otras organizaciones, creando anillos o redes de subcontratación y trabajo flexible”. Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, reflexiona hoy Díaz, vivieron este proceso en fases distintas: “Primero, lo criticaron con la boca pequeña. Después, creyeron que esto era Alemania y el compadreo con la cúpula redundaría en mejoras. Finalmente, dijeron que el proceso era inevitable”.

PERVERSIÓN DE UNA CESIÓN

“No es cosa exclusiva de Telefónica”, explican fuentes del Col·lectiu Ronda, que interviene en varios juicios ante una práctica “cada vez más generalizada” que puede derivar en cesión ilegal de trabajadores, como posible “perversión” del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo obliga, en caso de cesión temporal de un empleado, a recurrir a una empresa de trabajo temporal (ETT). Además, considera “cesión ilegal” circunstancias como la de que el objeto de los contratos de servicios entre dos empresas —la que cede y la cesionaria— se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores, o que la cedente carezca de una organización “propia y estable”, o no cuente con los medios “necesarios” para su actividad.

“En épocas de vacas gordas sí se tiraba de ETT. Salía más caro, pero era cómodo”, reflexiona la profesora Àngels Valls del Instituto de Estudios Laborales de Esade, para quien la crisis “ha agravado la situación”. Valls se refiere a la “degradación” de las condiciones en las que trabajadores en paro vuelven al mercado laboral. “A menudo, con formas llamémosles creativas que ofrecen servicios a buen precio”, añade. Un mercado laboral desequilibrado, con más demanda que oferta, desactiva toda negociación. El marco laboral de 2012 complica además que empresa y trabajador tengan igual capacidad negociadora. “No se entienden la una sin el otro”.

Algunos trabajadores de subcontratas consultados aseguran que deben pagar la gasolina e incluso el material de trabajo. La Red va llena de sus lamentos. El sindicalista de Co.bas Josep Bel cuenta que las subcontratas contratan de dos a cuatro horas a autónomos que se ven forzados a alargar la jornada 10 o hasta 12 horas diarias hasta siete días a la semana “para poder llegar a cobrar 700 euros al mes” y subraya no sólo “la esclavitud laboral”, sino el impacto fiscal. Las contratas directas, mayoritariamente sujetas al Convenio del Metal, cobran entre 1.100 y 1.200, con elevados objetivos de productividad. Un técnico de Telefónica percibe 1.700 euros netos, con semana laboral de 37,5 horas.

El grupo remite a las empresas intermediarias y asegura ahora que ha propuesto renovar por tres años el contrato vigente con sus contratas, que ya disgustaba a los subcontratados, que se vieron sorprendidos por una última propuesta, en el aire, que recortaba el sistema de baremo por puntos. Una alta de fibra óptica —tres horas de trabajo— se valora en 0,5 puntos. Un recorte del 25%, según los sindicatos.

El contrato originó una huelga de subcontratas en Madrid vigente desde el 28 de marzo, que en abril prendió por toda España. El paro fue iniciativa del sindicato minoritario AST, pero se le sumaron Co.bas y CGT. Posteriormente, se le sumaron los grandes, UGT y CC OO, con seis días de paros en abril. En el escrito de notificación, las federaciones de Industria de ambas centrales reivindican “mecanismos de control en la subcontratación” y que se “mejore y homogeneicen las condiciones laborales” de subcontratados y autónomos, dependientes o no. Según consta en la notificación de los paros, cuantifican los trabajadores afectados en “aproximadamente 60.000” personas. La compañía precisa que quienes trabajan para contratas instaladoras son 15.000. El pasado 5 de mayo, UGT y CCOO acordaron un acuerdo con las empresas de contratas, que no ha desactivado la huelga y que ha reabierto heridas. Lo más concreto de ese pacto es un compromiso que incrementa el 10% del valor del citado punto baremo. Los huelguistas consideran que esta subida queda corta “tras una caída previa del baremo del 25%”. El acuerdo insiste en la imposibilidad de la cesión ilegal, que prohíbe el Estatuto de los Trabajadores. Pero los problemas de fondo se mantienen: atomización del sector en múltiples convenios provinciales distintos, con distintos salarios y condiciones y el volumen de empleo en el sector se mantiene mientras se mantenga el g “siempre y cuando se mantengan los niveles de actividad” por parte de Telefónica

Fuentes de la Inspección de Trabajo confirman que “hay en marcha una actuación de la Inspección en relación con diferentes empresas contratistas de Telefónica en fase de investigación”, sin detallar causas ni actuaciones previstas. Àngels Valls apunta a este respecto “la falta de recursos en la Inspección, sobre todo para controlar las horas que se debe trabajar”. “Las cadenas de subcontratas pueden acabar siendo insostenibles. El límite llega cuando los costes superan los beneficios. Parece una decisión lógica que cada empresa busque optimizar costes, pero globalmente puede acabar generándose una situación insostenible, pues uno puede dejarse la vida”.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]