“Lo único que queremos es que nos traten como seres humanos, vivimos así, y así deben tratarnos [...]; nunca antes nos habían hecho sentir con tanta claridad que somos diferentes. Ahora lo sentimos de verdad”. Pareja de ancianos de la comunidad gitana, en Avas, Hungría, octubre de 2012
Mientras celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril, una de las mayores minorías étnicas de Europa sufre una discriminación cada vez más generalizada, la violencia por motivos raciales, desalojos forzosos y la segregación. Más de diez años después de la adopción de las leyes de la Unión Europea (UE) contra la discriminación, los Estados miembros no aplican dichas leyes para combatirla.
La Directiva de Igualdad Racial de 2000 de la UE prohíbe claramente la discriminación por razones de raza y etnia en diversas áreas, como el acceso a bienes y servicios, la protección social, la salud, la vivienda, el empleo y la educación. Sin embargo, como señala un nuevo informe de Amnistía Internacional —Aquí y ahora: derechos humanos, derechos de los romaníes. Llamada de atención a la Unión Europea—, las políticas y prácticas discriminatorias hacia las personas de etnia gitana en todas estas áreas siguen siendo habituales en los Estados de la UE y, hasta la fecha, la Comisión Europea no las ha cuestionado efectivamente.
En el área de la vivienda, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado desalojos forzosos de comunidades romaníes en varios países de la UE, como Bulgaria, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia y Rumanía. Las comunidades y personas romaníes desalojadas suelen ser reubicadas en zonas residenciales segregadas, en algunos casos cerca de lugares contaminados o en casas que incumplen las normas básicas de habilitabilidad. En Madrid, las autoridades locales han desalojado a 54 familias gitanas del poblado de Puerta de Hierro, sin garantizar a la mayoría de ellas un alojamiento adecuado.
Cientos de miles de personas de etnia gitana de Europa, que en muchos casos no pueden permitirse pagar un alquiler en el mercado de la vivienda privada, ven cómo se les niegan, sin embargo, otras opciones, como las viviendas sociales. En las últimas semanas, por ejemplo, las autoridades municipales de Roma han aclarado que las personas de la comunidad gitana que viven en campamentos no tendrán prioridad para el acceso a una vivienda social, alegando que ya viven en “estructuras permanentes”.
En cuanto a la educación, decenas de miles de alumnos gitanos de Eslovaquia, Grecia y la República Checa asisten a escuelas segregadas sólo para gitanos y a clases o instituciones para alumnos con “discapacidad mental leve” donde se les enseña un currículo reducido. Cuando a Romi, un niño gitano de Ostrava (República Checa), le preguntaron por qué no estudiaba una lengua extranjera como haría en una escuela general, su respuesta fue tan sencilla como incisiva: “No somos niños de una escuela primaria, somos niños de una escuela práctica.”
Ante tales violaciones graves de los derechos humanos cometidas por Estados miembros de la UE, es difícil entender por qué la Comisión Europea no ha actuado aún con rapidez y energía.
El órgano ejecutivo de la UE tiene, sin duda, considerables facultades para ello. Puede iniciar procedimientos de infracción contra cualquiera de los 27 Estados miembros cuyas políticas o prácticas sean contrarias a la legislación de la UE, incluida la Directiva de Igualdad Racial.
En otros ámbitos de la legislación comunitaria, la Comisión no es tan reacia a utilizar estas facultades. De hecho, abre cientos de procedimientos de infracción al año sobre cuestiones que van desde el medio ambiente hasta los impuestos que gravan el mercado interior y el transporte. Algunos de estos procedimientos son incluso por la no transposición de la Directiva de Igualdad Racial a las leyes nacionales. Sin embargo, no se ha abierto ni un solo procedimiento hasta la fecha contra Estados miembros cuyas políticas o prácticas discriminan a las personas gitanas o a cualquier otro grupo étnico.
Al abstenerse de adoptar medidas enérgicas, las instituciones de la UE no hacen rendir cuentas a los Estados miembros sobre el trato que dispensan a la comunidad gitana. En 2010, por ejemplo, la Comisión retiró su amenaza inicial de abrir un procedimiento de infracción contra Francia por su política de someter específicamente a los gitanos a desalojos forzosos y de devolverlos a sus países de origen. El 14 de marzo de 2013, el ministro francés del Interior, Manuel Valls, confirmó públicamente que se aplicará la política de desalojar asentamientos informales gitanos sin aclarar cómo se implementarán salvaguardias contra los desalojos forzosos.
La Comisión debe empezar a usar todos los instrumentos de que dispone para abordar las múltiples formas de discriminación, el racismo y otras violaciones de derechos humanos que experimenta la comunidad gitana en Europa, lo que incluye exigir cuentas con firmeza a los Estados miembros de la Unión por violar la legislación de la UE contra la discriminación.
La UE se enorgullece de estar “fundamentada sobre los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”, pero la discriminación que sufre a diario la comunidad gitana muestra con crudeza que la UE aún no ha convertido estos principios en realidad para una de las minorías étnicas más grandes de Europa. “Se trata de Europa, se trata de ti” debe ser verdad para todos los ciudadanos de Europa, incluidos los que pertenecen a la etnia gitana.
Amnistía Internacional lanza una ciberacción para pedirciberacción
a la Comisión Europea que adopte medidas urgentes para poner fin
a la discriminación contra la comunidad gitana aquí y ahora.
Sobre este blog
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